|
Resumen:
En
este art�culo se hace una descripci�n muy esquem�tica de la evoluci�n de
la econom�a chilena a lo largo del siglo XX, buscando destacar los
factores estructurales que han impulsado y condicionado sus m�s
importantes transformaciones. Su objetivo es hacer una somera evaluaci�n
global de los principales avances y retrocesos que, desde la perspectiva
del desarrollo econ�mico, cabe observar en estos acontecimientos e
identificar sobre esa base los principales desaf�os que a�n est�n
pendientes y las eventuales estrategias que ellos demandan.
INTRODUCCI�N
"Chile, en este siglo XXI, ya no es ni ser� un coso de
desarrollo frustrado, como lo se�alara An�bal Pinto, refiri�ndose al paso
del siglo XIX al XX. Chile est� siendo, y ser�, un caso de desarrollo
logrado, exitoso, donde los frutos de este crecimiento y desarrollo llegan
a todos los rincones y a todos sus hijos"
Presidente Ricardo Lagos, Mensaje al Congreso
Pleno, 21 de mayo de 2005
Chile entr� al siglo XX firmemente
tomado de la mano del salitre y sali� de �l apoyado en una canasta
exportadora b�sicamente constituida por productos de la miner�a, la
silvicultura, la (1) pesca y la fruticultura con
escaso grado de elaboraci�n. Es decir, comenz� y termin� el siglo XX
sustentado en una econom�a primario-exportadora, preferentemente minera,
altamente dependiente de los requerimientos que le plantean las econom�as
industriales que en funci�n de las necesidades que nacen de su propio
desarrollo, conforman los principales mercados de destino de sus
productos.
En el �nter tanto sus �lites intelectuales y sus
c�rculos gobernantes tomaron conciencia de la comparativa "inferioridad"
de su econom�a, levantaron diversas hip�tesis para explic�rselo y
dise�aron luego en base a ellas estrategias que se esforzaron por
implementar con el prop�sito de superar esa condici�n. El desarrollo
econ�mico, concebido como sin�nimo de industrializaci�n, se convirti� por
largo tiempo en el objetivo central de las pol�ticas p�blicas
despleg�ndose desde el Estado un gran esfuerzo, plasmado en m�ltiples e
importantes iniciativas, para avanzar en esa direcci�n.
Pero, en
las condiciones del capitalismo dependiente latinoamericano del siglo XX y
en un marco de compromiso con una estructura interna de privilegios
olig�rquicos la postre esos esfuerzos se evidenciaron infructuosos. Hoy
d�a predomina en los c�rculos gobernantes de Chile un clima de general
escepticismo con respecto a las posibilidades de cualquier proyecto de
industrializaci�n aut�nomo, dados los fuertes y al parecer insuperables
condicionamientos que en ese plano imponen las crecientes brechas que abre
el proceso de concentraci�n y centralizaci�n financiera y tecnol�gica que
es inherente al funcionamiento de la econom�a capitalista mundial.
Para no desentenderse completamente de �l
se procede entonces a modificar el significado y alcance del propio
concepto de desarrollo. Se lo reduce ahora exclusivamente al logro de un
crecimiento econ�mico lo m�s din�mico posible, basado en la producci�n y
exportaci�n de aquellos productos primarios en los que Chile exhibe claras
ventajas competitivas. Se abandona as� toda preocupaci�n especial por la
naturaleza de la estructura productiva capaz de sustentar en el largo
plazo ese crecimiento, modific�ndose tambi�n los modelos que le sirven de
referencia: ya no los ejemplos cl�sicos de industrializaci�n exitosa sino
los "nuevos pa�ses industrializados" del sudeste asi�tico. Se mantiene,
empero, la expectativa de que �ste vaya acompa�ado tambi�n de crecientes
grados de "equidad" seg�n lo demanda la conocida f�rmula acu�ada por la
CEPAL.
Esto �ltimo, sin embargo, tiende a quedar solo en el
discurso. Su significado, grado de urgencia y modo de lograrlo dista de
generar consenso en los c�rculos gobernantes ya que trat�ndose de un
objetivo que el libre funcionamiento del mercado no garantiza, supondr�a
en principio una activa intervenci�n del Estado tras el prop�sito de
distribuir al menos parte de los frutos del crecimiento y contrarrestar
as� las inherentes tendencias del sistema a generar la exclusi�n de
amplios sectores de la poblaci�n. Intervenci�n que, como se sabe, ir�a
completamente a contrapelo del credo econ�mico dominante. De all� que se
apele a la educaci�n como mecanismo de movilidad social.
Lo cierto
sin embargo es que la idea misma de una posible v�a de desarrollo
aut�nomo, capaz de permitir un crecimiento econ�mico autosostenido, se ve
ahora descartada y su lugar es ocupado por pol�ticas de inserci�n en la
econom�a mundial que, desde la actual posici�n perif�rica de la econom�a
chilena solo le permiten operar como proveedora de materias primas y
alimentos, y probablemente de servicios para la regi�n. En el marco de
esta opci�n estrat�gica, lo que se intenta identificar es el modo
maximizar los potenciales beneficios que ofrece y minimizar los costos que
demanda a cambio este escenario econ�mico internacional cada vez m�s
globalizado.
En rigor, la marcha de los acontecimientos no avala,
por tanto, la afirmaci�n del Presidente Lagos invocada como ep�grafe de
este documento. Por el contrario, y sin que ello implique desconocer o
subestimar la importancia del continuo, pero a la vez desigual, proceso de
modernizaci�n experimentado en los diversos �mbitos de la vida nacional
torna mucho m�s plausible sostener que la evoluci�n de la econom�a chilena
en el siglo XX volvi� a arrojar como resultado una fundamental frustraci�n
de los esfuerzos desplegados en pos de un desarrollo efectivo, que le
permitiese superar su secular condici�n de econom�a perif�rica y
dependiente.
�C�mo explicarse esta situaci�n? �Qu� significado
reviste lo ocurrido durante el �ltimo siglo para que lleg�semos a este
resultado? Para responder a tales interrogantes es preciso hacer un
examinen pormenorizado de las transformaciones m�s relevantes
experimentadas por la econom�a chilena a lo largo de este siglo, buscando
identificar las fuerzas tanto internas como externas que las han impulsado
y el modo como ellas finalmente se articulan para arrojar los resultados
que conocemos. Por su enorme alcance y complejidad, una tarea de esa
envergadura escapa ampliamente a las posibilidades de este
ensayo.
En consecuencia, s�lo realizaremos aqu� una descripci�n muy
esquem�tica de ellas. Primero haremos un breve cotejo del cuadro que la
realidad econ�mica y social del pa�s exhibe a comienzos y a fines de esta
centuria. Pasaremos luego revista a los principales acontecimientos que
caracterizan cada uno de los tres grandes periodos que marcan la evoluci�n
de la econom�a chilena entre uno y otro momento. Finalmente, intentaremos
realizar una evaluaci�n de los avances y retrocesos que cabe imputar a
estos acontecimientos desde la anhelada perspectiva del desarrollo
econ�mico e identificar los principales desaf�os y eventuales v�as de
superaci�n de los problemas a que la situaci�n actual nos
confronta.
CHILE ENTRE DOS
�POCAS
No parecer�a aventurado sostener, vali�ndose de
aquella dicotom�a cl�sica acu�ada en el �mbito de la sociolog�a
decimon�nica, que �ste ha sido el siglo que ha presenciado el tr�nsito del
pa�s desde la sociedad tradicional a la moderna. Ello, considerando que a
comienzos del siglo XX Chile es a�n una sociedad predominantemente rural,
con una poblaci�n mayoritariamente sumida en la pobreza y la ignorancia,
gobernada por una oligarqu�a terrateniente y basada en una econom�a
preferentemente minero-agr�cola, lo que ofrece un contraste
suficientemente claro con la fisonom�a que exhibe el Chile actual en la
mayor parte de esos aspectos.
Aunque ello suscita de inmediato un
sinn�mero de cuestiones, ampliamente debatidas, sobre el car�cter de
aquellas actividades econ�micas "tradicionales" la naturaleza de las
motivaciones que las rigen y orientan, el car�cter y significaci�n de sus
v�nculos con la econom�a mundial y, en definitiva, sobre la naturaleza de
la propia formaci�n social en su conjunto, no es nuestro prop�sito pasar
aqu� revista a estos problemas. Nos limitaremos, por tanto, a registrar en
forma resumida los contrastes m�s significativos que el proceso de
modernizaci�n, que en consonancia con la �poca que vivimos ha
experimentado el pa�s en todos los planos a lo largo del siglo XX, hace
posible constatar entre el Chile del 1900 y el Chile del 2000.
A
comienzos del siglo XX la poblaci�n de Chile bordea los tres millones de
habitantes. Al t�rmino de la centuria ese volumen de poblaci�n se habr�
quintuplicado llegando a contabilizar casi quince millones de habitantes,
A partir de los a�os treinta las tasas de natalidad y de mortalidad
comienzan a distanciarse por el r�pido descenso de la segunda, para volver
a converger posteriormente, durante los a�os sesenta, en un descenso
conjunto que, situ�ndolas a ambas en niveles relativamente bajos, terminan
por completar la transici�n demogr�fica. M�s recientemente la pir�mide
demogr�fica ha comenzado a angostar su base y a ensanchar su v�rtice de
modo que el pa�s comienza a experimentar un progresivo envejecimiento
relativo de su poblaci�n, siguiendo las tendencias que en este plano se
observan en las econom�as desarrolladas.
A lo largo del siglo XX se
experimenta tambi�n un continuo desplazamiento de la poblaci�n desde las
�reas rurales a las localidades urbanas. A comienzos de los a�os treinta
el n�mero de personas que viven en estas �ltimas ha llegado ya a igualar
el de quienes habitan las zonas rurales. A partir de entonces la brecha
entre el porcentaje de personas que viven en zonas urbanas y rurales no
cesar� de incrementarse, dando cuenta de un fuerte y sostenido proceso de
urbanizaci�n. Un fen�meno concomitante es el de la creciente concentraci�n
de la poblaci�n en un reducido n�mero de ciudades y muy particularmente en
la capital. En efecto, a comienzos de siglo solo alrededor del 15 % de la
poblaci�n total del pa�s vive en Santiago y sus alrededores. A fines de
siglo ese porcentaje superar� el 40 %.
Al igual que en otros pa�ses
de Am�rica Latina, este proceso de urbanizaci�n ha ido acompa�ado por el
progresivo surgimiento, en los m�rgenes de las grandes ciudades, de
importantes cordones de miseria. La falta de puestos de trabajo
suficientes para satisfacer las expectativas de quienes llegan desde las
zonas rurales en busca de mejores oportunidades de empleo, y la aguda
escasez de viviendas para cobijarlos, van haciendo surgir en forma
inorg�nica extensas barriadas en que se aglomeraren condiciones muchas
veces infrahumanas, miles de familias, configurando con ello uno de los
rasgos m�s caracter�sticos y visibles del capitalismo
perif�rico.
Junto con el crecimiento de su poblaci�n, a lo largo
del siglo XX Chile ha conocido tambi�n un crecimiento muy significativo de
su econom�a. Aunque no existen datos precisos sobre el volumen del
producto a comienzos de siglo, se han efectuado numerosas estimaciones que
permiten calibrar la magnitud de este crecimiento. Seg�n lo manifestado
recientemente por una alta autoridad del Banco Centrarse considera que,
estimado seg�n paridad de poder adquisitivo en d�lares de 1995, el
producto interno bruto por habitante era de aproximadamente US$ 2.300, en
el a�o 1900, empin�ndose a los US$ 11.200 en el a�o 2000 (0valle, 2001)
(2). En definitiva, esto significa que en
t�rminos reales, a lo largo del siglo XX el producto por habitante se
habr�a quintuplicado.
Ello se refleja en una apreciable mejora de
las condiciones generales de vida de la poblaci�n, aun cuando, junto con
ello, sea dable constatar tambi�n la persistencia de abismales
desigualdades sociales. A este respecto, a lo largo del siglo XX es
posible observar dos tendencias claramente contrapuestas: hacia una
creciente atenuaci�n de las desigualdades primero, tendencia que se
extiende hasta 1973, y luego un fuerte retroceso hacia grados de
desigualdad muy elevados. La muy desigual distribuci�n de la riqueza y del
ingreso, rasgo caracter�stico del sistema econ�mico-social imperante, se
ve fuertemente acrecentado en una econom�a perif�rica como la chilena por
la comparativamente baja productividad de la mayor parte de las
actividades que la constituyen, los bajos salarios, la precariedad de las
condiciones laborales, el alto nivel de desempleo abierto o encubierto de
la fuerza de trabajo y la inexistencia de efectivas pol�ticas
redistributivas.
Sin duda, un aspecto clave en la historia
econ�mica Chile en el siglo XX ha sido la gran incidencia alcanzada por el
capital extranjero en sectores productivos de importancia estrat�gica para
el desarrollo del pa�s. Al despuntar el siglo la potencia hegem�nica del
capitalismo mundial es Inglaterra, cuyos intereses se hacen sentir ya
fuerte y directamente sobre la econom�a chilena. En efecto, capitales
brit�nicos detentan el control pr�cticamente total del salitre, su
principal fuente de acumulaci�n. Un cuarto de siglo m�s tarde, EEUU
desplazar� definitivamente a Inglaterra de ese sitial y pasar� a
desempe�ar en la econom�a chilena un rol cuya importancia, bajo diversas
modalidades, no ha cesado de incrementarse desde entonces. Hoy la econom�a
chilena se halla en alto grado controlada por el capital extranjero, aun
cuando la presencia directa de los inversionistas estadounidenses se ha
tornado menos visible que a mediados de siglo.
Como resultado de la acci�n publicaren el
�mbito de la educaci�n y la salud se han registrado tambi�n grandes
avances en el curso del �ltimo siglo. Cabe constatar una apreciable mejora
de la calidad y una notable expansi�n de la cobertura del sistema
educativo en todos sus niveles, tornando crecientemente marginales las
tasas de analfabetismo. Estas �ltimas, que a comienzos de siglo se
empinaban por encima del 60% de la poblaci�n no llegan en el a�o 2000 al
4%. En el campo de la atenci�n de salud a la poblaci�n se ha desplegado
una acci�n sostenida logrando bajar significativamente las tasas de
mortalidad, erradicar numerosas enfermedades contagiosas y otorgar una
atenci�n materno-infantil de amplia cobertura.
Por otra parte, el
Estado ha comprometido su acci�n en el desarrollo de vastos planes de
construcci�n de viviendas y obras de infraestructura, que han permitido
incrementar el empleo, cobijara las familias, ordenar los espacios
territoriales, elevar la conectividad y dinamizar las actividades
productivas. No obstante, son muchas las familias que a�n carecen de
vivienda o que viven hacinadas en construcciones extremadamente precarias,
normalmente localizadas en los m�rgenes de las grandes ciudades,
desprovistas de la infraestructura necesaria y constantemente afectadas
por graves problemas de inseguridad.
Finalmente, el siglo XX ha
sido tambi�n testigo de una importante modernizaci�n del sistema
pol�tico-institucional, pero que, en estrecha consonancia con lo
acontecido en el terreno econ�mico, en su evoluci�n dio lugar a dos
tendencias de signo contrario: abriendo paso primero a grados crecientes
de democratizaci�n y participaci�n ciudadana en las decisiones y
revirtiendo luego esa tendencia con la imposici�n de un r�gimen pol�tico
totalitario, brutalmente represivo, seguido en la �ltima d�cada de esta
centuria de un sistema pol�tico-institucional revestido de ropajes
democr�ticos pero premunido de m�ltiples restricciones a la participaci�n
popular.
En s�ntesis, puede afirmarse que, en t�rminos globales,
Chile ha experimentado en el siglo XX un importante proceso de
modernizaci�n que ha abarcado pr�cticamente todos los �mbitos de la vida
social. Sin embargo, como ya se ha se�alado, especialmente con referencia
a los actuales problemas de desigualdad social y falta de democratizaci�n
del sistema pol�tico, �ste no ha sido un proceso de avance unidireccional.
Por el contrario, a lo largo del siglo XX Chile ha conocido sucesivamente
periodos que representaron primero importantes avances y luego graves
retrocesos en las condiciones de existencia de su poblaci�n.
En
t�rminos gruesos, se podr�a afirmar que durante el primer cuarto del siglo
XX prima un esquema de econom�a abierta completamente dependiente de los
requerimientos que le plantean los centros industriales del sistema
capitalista mundial. Durante el segundo y tercer cuarto del mismo se
impone en cambio un esquema de econom�a "cerrada" que se orienta a
fomentar y proteger el desarrollo de una industria manufacturera nacional,
impulsado con el prop�sito de reducir primero y superar despu�s su
condici�n de econom�a perif�rica y dependiente. El �ltimo cuarto de siglo
es testigo en cambio de una reversi�n total de la direcci�n adoptada
durante la fase precedente, restableci�ndose en forma decidida el esquema
de econom�a abierta prevaleciente hasta la crisis del periodo de
entreguerras.
Esto �ltimo permite explicar, al menos en parte, la
gran vulnerabilidad de los cimientos sobre los que actualmente se basan
los logros antes rese�ados y el sinn�mero de problemas que este proceso
modernizador ha dejado sin resolver. Es conveniente, por tanto, observar
con alguna proximidad los grandes cambios que en materia de visi�n
estrat�gica y pol�ticas econ�micas se impusieron en Chile a lo largo del
siglo XX. En este entendido, examinemos brevemente primero las principales
vicisitudes experimentadas por la econom�a chilena a lo largo de este
siglo y luego las principales ense�anzas y problemas que estos
acontecimientos ponen hoy ante nosotros.
LA
ECONOM�A ABIERTA DE INICIOS DEL SIGLO XX
En su tipolog�a de
las econom�as latinoamericanas, Vania Bambirra (1973) sit�a a Chile entre
los pa�ses de la regi�n que conocen una industrializaci�n m�s temprana
(3). Siendo ello efectivo, da cuenta de un
proceso de incipiente diversificaci�n interna de la econom�a chilena, que
teniendo su origen en el siglo XIX, inevitablemente conlleva una lenta
pero creciente diferenciaci�n de su estructura social. Sin embargo, en las
primeras d�cadas del siglo XX contin�an imperando sin contrapeso en Chile
las pol�ticas de libre comercio que rigieron a lo largo de todo el siglo
XIX.
No hay, por tanto, una estrategia de desarrollo. El cambio m�s
significativo que es dable observar desde fines del siglo XIX en la
estructura productiva del pa�s es que, como consecuencia del pronunciado
declive de la demanda y de los precios que a partir de la crisis mundial
de 1873 afect� a los productos que fueron caracter�sticos del primer auge
exportador de la econom�a chilena en el curso de esa centuria (4) y de la ulterior anexi�n de los territorios
salitreros como resultado de la guerra del Pac�fico, la vinculaci�n de
�sta con el mercado mundial se apoya a partir de 1880 en la exportaci�n de
un solo producto, el salitre.
Esto lleva aparejado un cambio aun
m�s significativo en el plano de las relaciones de propiedad, y por lo
tanto de poder, que se imponen en la econom�a del pa�s. En efecto, el
salitre comienza a ser controlado en su mayor parte por compa��as que, en
el contexto del conflicto, pasaron a manos de capitales brit�nicos y que
posteriormente logran desplazar a los capitales chilenos preexistentes en
ese rubro. De este modo, por vez primera en la historia de Chile como pa�s
independiente, el sector m�s din�mico de su econom�a y principal fuente de
acumulaci�n de capital queda bajo control directo del capital extranjero,
profundizando as� su situaci�n de dependencia.
En 1906, con el
inicio de la explotaci�n del mineral de El Teniente por la compa��a
estadounidense Braden Copper, se comenzar� a constituir lo que ser�
conocido en Chile como la "gran miner�a del cobre" sector que tras la
crisis mundial de 1929 y el irreversible declive del salitre se va a
convertir en el principal pilar de la econom�a chilena hasta nuestros
d�as. A la entrada en explotaci�n de EI Teniente se sumar� luego, a partir
de 1915, la extracci�n a gran escala de este mineral en Chuquicamata por
parte de la ChileExploration y la inauguraci�n en 1927 de una planta de
procesamiento en el mineral de Potrerillos por la Ancles Copper, ambas
compa��as tambi�n de capitales estadounidenses.
En estrecha
correspondencia con la transformaci�n de la estructura productiva, puede
advertirse tambi�n una creciente diversificaci�n en el plano social. Si
bien el movimiento obrero se ven�a gestando desde mediados del siglo XIX,
poniendo sobre el tapete de la pol�tica chilena la "cuesti�n social'; la
explotaci�n del salitre, con las grandes concentraciones de trabajadores
que genera en torno a sus faenas, constituir� el escenario propicio para
su consolidaci�n como sujeto protag�nico de la historia social y pol�tica
del pa�s a partir de fines del siglo XIX. All� se formar�n sus primeras
organizaciones de masas, surgir�n sus l�deres m�s destacados, se
entablar�n sus primeras grandes luchas y ser� tambi�n v�ctima de la m�s
brutal represi�n (5).
En el plano
pol�tico, las dos primeras d�cadas del siglo XX exhiben el predominio
hegem�nico de la oligarqu�a terrateniente que administra directamente los
asuntos del Estado a trav�s de un r�gimen de cu�o parlamentario. Se trata
de un r�gimen pol�tico que le permite actuar como una clase rentista,
usufructuando de los excedentes del salitre que son captados por el Estado
a trav�s de los tributos que �ste le aplica. De una oligarqu�a que,
actuando en estrecha y alegre connivencia con los capitalistas brit�nicos,
dilapidar� desaprensivamente aquella parte de los frutos de la bonanza
salitrera que llega a sus manos.
Por otra parte, Chile contin�a
padeciendo fuertemente los embates de las crisis econ�micas que se
desencadenan peri�dicamente en las econom�as centrales o de los cambios
que all�, los principales mercados de destino para sus productos
exportables, sufre la demanda de los mismos. As� ocurre a comienzos del
siglo XX con el salitre cuya demanda como fertilizante va siendo
progresivamente desplazada por su sustituto sint�tico, el sulfato de
amonio. No obstante, como materia prima para la fabricaci�n de explosivos,
su demanda vuelve a crecer a consecuencia de la primera guerra mundial,
para volver a caer una vez que el conflicto llega a su fin.
En este
cuadro de inestabilidad econ�mica, provocada por los altibajos que
experimenta su principal actividad productiva de despiadada explotaci�n de
los trabajadores, cunde el malestar en la poblaci�n, dando origen a un
creciente fermento de protesta social. Esta situaci�n va a cobrar
expresi�n en el plano pol�tico con ocasi�n de la elecci�n presidencial del
a�o 1920. Venciendo la resistencia de los sectores m�s conservadores de la
oligarqu�a dominante, esa elecci�n llevar� a La Moneda a Arturo Alessandri
quien durante su campa�a enarbola un programa de reformas que logra
despertar un amplio eco en la poblaci�n. Con ello comienza a modificarse
el escenario pol�tico prevaleciente hasta entonces, emergiendo esta vez el
pueblo llano como un elemento importante del mismo.
Se inicia
entonces un proceso de cambios pol�tico-institucionales que se plasman en
la promulgaci�n del C�digo del Trabajo, la separaci�n de la Iglesia y el
Estado, la creaci�n del Banco Central, de la Contralor�a General de la
Rep�blica y la aprobaci�n de una nueva Constituci�n, esta vez de car�cter
claramente presidencialista, en 1925. Sin embargo, desde la perspectiva de
la evoluci�n econ�mica del pa�s, el punto de inflexi�n que abrir� paso a
un viraje significativo en materia de pol�tica econ�mica, dando inicio a
un proceso de transformaci�n profunda de la estructura productiva del
pa�s, se sit�a algunos a�os despu�s, en la �lgida coyuntura creada por la
crisis econ�mica mundial de 1929.
Seg�n lo consigna un informe de
la Sociedad de las Naciones, Chile result� a la postre ser el pa�s m�s
fuertemente afectado por esta crisis. Los impactos sobre su econom�a
fueron devastadores puesto que el volumen y precio de sus productos de
exportaci�n (salitre y cobre) caen en picada y con ello los ingresos en
divisas en que se basa su capacidad de importar. En consecuencia, los
v�nculos comerciales entre Chile y la econom�a mundial, a trav�s de los
que el pa�s obten�a la mayor parte de los bienes manufacturados que
necesitaba se ven abruptamente rotos.
A la severidad con que la
crisis golpea a la econom�a chilena de entonces contribuye
significativamente la actitud de expectativa gubernamental que nace de la
confianza en las supuestas virtudes autocorrectivas de los mercados en el
marco existente. Esa actitud, ampliamente arraigada en los c�rculos
gobernantes de entonces, la gr�fica magn�ficamente una c�lebre afirmaci�n
atribuida a Ram�n Barros Luco, uno de los presidentes de aquella �poca:
Hay dos tipos de problemas: los que se
solucionan solos y los que no tienen soluci�n". En consecuencia,
resulta completamente in�til intentar hacer algo desde el gobierno.
|
Impacto de la gran depresi�n sobre
la econom�a chilena (Porcentajes) |
| |
Situaci�n en 1932 con resp.a 1929 |
Situaci�n en 1938 con resp.a 1929 |
| PGB |
-45,8 |
-7,3 |
| Exportaciones |
-81,4 |
-38,4 |
| Precios exportaci�n salitre |
-59,0 |
-45,2 |
| Volumen exportaci�n salitre |
-78,5 |
-56,8 |
| Precios exportaci�n cobre |
-69,3 |
-44,8 |
| Volumen exportaci�n cobre |
-71,4 |
-10,1 |
| Importaciones |
-86,8 |
-68,7 |
| PGB/C�pita |
-48,2 |
-16,1 |
|
Fuente: S�ez, citado por Meller
(1996) |
De este modo, sin que nadie se lo proponga,
forzada por las circunstancias de esta crisis, surge en el pa�s la
necesidad de abastecerse a s� mismo de los bienes elaborados que hasta
entonces se importaban. La econom�a chilena comienza a transitar entonces
por un camino que la ir� apartando progresivamente del esquema
librecambista reconocido y aplicado hasta entonces. As�, en forma cada vez
m�s profunda y consistente, el pa�s se ir� involucrando en un curso de
acci�n que finalmente llegar� a constituirse en una estrategia, esta vez
deliberadamente asumida, de desarrollo "hacia adentro" centrada en la
industrializaci�n por sustituci�n de importaciones. El llamado "modelo
ISI".
DEL DESARROLLO HACIA AFUERA AL
DESARROLLO HACIA ADENTRO
El periodo que se abre con la
crisis de 1929 y la creciente sustituci�n de importaciones de bienes
manufacturados se extender� finalmente por espacio de cuatro d�cadas; m�s
exactamente, hasta el golpe de Estado que en 1973 derroca al gobierno del
Presidente Allende. Los sectores que entonces, apoyados en la dictadura
militar encabezada por Pinochet, toman el control del pa�s, dar�n inicio
luego a un nuevo y radical viraje en materia econ�mica para llevarlo de
vuelta hacia el esquema de libre comercio y "crecimiento hacia fuera"
prevaleciente en los inicios del siglo XX.
En la experiencia chilena de
crecimiento hacia adentro cabe distinguir al menos tres fases principales:
una primera de continua y gradual expansi�n del impulso industrializador
que se extiende hasta comienzos de los a�os cincuenta; una segunda fase en
que la econom�a comienza a evidenciar crecientes dificultades para
mantener vigente el empuje de los primeros a�os, llev�ndose finalmente a
cabo un intento por recuperar el dinamismo de la primera fase a trav�s de
un ambicioso programa de reformas; por �ltimo, la coyuntura de crisis
terminal de la estrategia articulada durante este periodo que plantea la
disyuntiva de superar el capitalismo para tornar medianamente viable un
proyecto nacional de desarrollo o apuntalar el sistema descartando
definitivamente como ilusoria toda pretensi�n desarrollista?
EL IMPULSO INICIAL
El periodo que se inicia
con la abrupta crisis de 1929 y sus graves y prolongados efectos sobre la
econom�a del pa�s, conlleva en sus primeros momentos un inevitable
desconcierto de las clases dominantes acompa�ado de un explosivo
descontento de las clases dominadas. El progresivo deterioro de la
situaci�n econ�mica del pa�s provoca a mediados de 1931 la ca�da del
gobierno de Ib��ez y una sucesi�n de gobiernos de corta duraci�n entre los
que se cuenta la llamada "rep�blica socialista� con una ef�mera existencia
de tan s�lo 12 d�as. El clima de convulsi�n social y pol�tica que se vive
en aquellos d�as cuenta entre sus episodios m�s relevantes la insurrecci�n
de la Armada y algunos conatos insurreccionales menores en algunas
ciudades del pa�s, situaci�n de inestabilidad que se prolonga hasta fines
de 1932.
Como ya se ha dicho, el efecto inmediato de la crisis en
el plano econ�mico es una aguda escasez de medios de pago internacionales
lo que en julio de 1931 llevar� al gobierno chileno a decretar la
suspensi�n del pago de la deuda externa. Esta adversa situaci�n extrema
crea condiciones propicias para el despliegue y desarrollo de iniciativas
productivas orientadas a sustituir importaciones. En tales circunstancias,
dichas iniciativas no podr�n dejar de contar con el decidido apoyo del
Estado, aun cuando �ste no disponga a�n de una pol�tica clara y
consistentemente orientada en tal sentido.
El creciente
protagonismo del Estado en la econom�a va a alcanzar su apogeo durante el
periodo de los gobiernos radicales, a partir de la creaci�n de la
Corporaci�n de Fomento de la Producci�n (CORFO) en 1939. Desde entonces,
el proceso de industrializaci�n por sustituci�n de importaciones que ya
ven�a gest�ndose durante los a�os precedentes, cobra un impulso inusitado.
Se debe tener presente que siendo �ste tambi�n el periodo en que los
pa�ses industrializados se enfrentan unos a otros en los escenarios de la
Segunda Guerra Mundial, los v�nculos comerciales entre el norte y el sur
se mantienen sumamente debilitados.
A trav�s de la CORFO, el Estado
se involucra de lleno entonces en el fomento de la industria nacional,
asegurando la provisi�n de asistencia t�cnica y crediticia a las
iniciativas empresariales que se desarrollan en el �mbito productivo,
levantando catastros y realizando estudios sobre las potencialidades y
requerimientos de los diversos sectores de la econom�a, trazando
ambiciosos planes de desarrollo para cada uno de ellos y comprometi�ndose
en el dise�o y ejecuci�n de las grandes obras de infraestructura que todo
ese esfuerzo requer�a. Paralelamente, el Estado pondr� en aplicaci�n
medidas proteccionistas para asegurar la viabilidad de este esfuerzo de
desarrollo industrial y, adem�s de brindar su apoyo a la iniciativa
privada, asumir� directamente, a trav�s de la CORFO, un sinn�mero de
iniciativas empresariales de diversa magnitud.
En este sentido, los
primeros diez a�os de la CORFO ser�n tambi�n los de sus m�s grandes
realizaciones. Como se ha resaltado con frecuencia, los pilares de una
econom�a industrial moderna son, ante todo, el acero y la electricidad.
Buscando avanzaren esta direcci�n, la CORFO se da a la tarea de
electrificar al pa�s, creando la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDESA), la que comenzar� a construir una importante red de centrales
generadoras, tanto termoel�ctricas como hidroel�ctricas, y el tendido de
transmisi�n correspondiente, que permiten dar al pa�s la cobertura
necesaria. En cuanto al acero, por iniciativa de CORFO se crea la Compa��a
de Acero del Pac�fico (CAP) y se da inicio en 1947 a la construcci�n de un
alto horno en Huachipato, en las inmediaciones de Concepci�n, el cual
entrar� en funciones tres a�os despu�s.
Dados los crecientes
requerimientos de hidrocarburos que todo el esfuerzo de industrializaci�n
lleva aparejado, la CORFO dar� inicio tambi�n a una intensa labor de
prospecci�n en busca de yacimientos petrol�feros. Esta b�squeda resultar�
finalmente exitosa en la zona del estrecho de Magallanes. Se adopta
entonces la decisi�n de crear la Empresa Nacional del Petr�leo (ENAP), la
que dar� inicio a las tareas de extracci�n y refinaci�n, todo lo cual va a
permitir satisfacer con recursos propios al menos una parte de la
creciente demanda interna de combustibles.
Conjuntamente con ello
el Estado adopta un conjunto de iniciativas tendientes a mejorar
significativamente la red de transportes y comunicaciones. Se da un
renovado impulso a la marina mercante nacional, a los ferrocarriles y al
transporte a�reo, sectores todos en los que el esfuerzo del Estado se hace
presente a trav�s de sus propias empresas, y se despliega una intensa y
sostenida labor dirigida a ampliar y modernizar la infraestructura vial,
ferroviaria, portuaria y aeron�utica del pa�s.
Aun cuando en este
primer periodo no se adoptan medidas para modificar la anacr�nica
estructura de propiedad de la tierra, dominada a�n por el latifundio, el
sector agr�cola no permanecer� al margen del gran esfuerzo modernizador
impulsado por el Estado. Este �ltimo adopta iniciativas tendientes a
mejorar y diversificar los cultivos, robustecer la infraestructura de
regad�o, acopio, tratamiento y transporte, fomentar la maquinizaci�n de
las labores agr�colas, mejorar la calidad de las semillas y extender el
uso de fertilizantes, mejorar y diversificar la ganader�a y las labores
industriales conexas a ella, incentivar la plantaci�n de especies
forestales, etc. Especial atenci�n merece la actividad de fomento de
ciertos cultivos industriales como los de oleaginosas y remolacha
azucarera. En 1953 la CORFO crea la Industria Azucarera Nacional (IANSA)
que levantar� plantas de elaboraci�n en distintos puntos de la zona
central del pa�s.
Por otra parte, el surgimiento y crecimiento de un
sector industrial manufacturero en la econom�a chilena llevar� aparejada
una mayor diversificaci�n de la estructura social del pa�s, fortaleciendo
la presencia de aquellos sectores que, sea en calidad de empresarios o de
trabajadores asalariados, se hallan m�s directamente involucrados en este
tipo de actividades. A su vez, la progresiva participaci�n del Estado en
el fomento y protecci�n de este desarrollo industrial como en la
organizaci�n de los servicios productivos y administrativos requeridos por
�l, y tambi�n por la creciente urbanizaci�n que acompa�a a todo proceso de
industrializaci�n, dar� origen a una din�mica expansi�n de las capas
medias.
El impacto en Chile de la profunda y prolongada crisis
econ�mica que afecta a la econom�a capitalista mundial en el periodo de
entreguerras, as� como los cambios que ella desencadena en la esfera
productiva y en la estructura social del pa�s, se expresar�n tambi�n en
una importante modificaci�n del escenario pol�tico con la aparici�n y/o
creciente influencia que adquieren las corrientes m�s claramente
representativas de los sectores antes aludidos: los partidos obreros por
una parte, basados en una ideolog�a socialista, y los partidos radical
primero y dem�crata cristiano posteriormente, premunidos de programas de
corte m�s bien modernizante, pasan a desempe�ar un rol protag�nico en la
vida pol�tica del pa�s.
INESTABILIDAD Y
TENDENCIA AL ESTANCAMIENTO
Tras una primera d�cada de
importantes avances, el dinamismo del desarrollo industrial comenz� a
decaer, evidenci�ndose incapaz de llevar al conjunto de la econom�a a
alcanzar altas tasas de crecimiento. Junto con ello persisten y tienden a
agravarse problemas que se arrastran de lejos como la inestabilidad
monetaria, expresada en persistentes tendencias inflacionarias, y las
grandes y ominosas desigualdades sociales. Los reiterados fracasos de los
intentos de estabilizaci�n puestos en aplicaci�n en esta segunda fase del
periodo ISI dan cuenta de la profundidad y multicausalidad de los
problemas que se acumulan. La necesidad de hacerles frente y superarlos
exige, por tanto, identificar satisfactoriamente sus causas y estar en
condiciones de llevar a la pr�ctica una estrategia que est� a la altura
del desaf�o planteado.
Los principales problemas parecen tener su
origen en la creciente complejidad de los desaf�os inherentes al propio
proceso de industrializaci�n, la estrechez y segmentaci�n de los mercados
internos con la correspondiente insuficiencia de la demanda, la elevada y
onerosa dependencia de la econom�a nacional con respecto a los principales
centros industriales, financieros y tecnol�gicos del capitalismo mundial,
el creciente deterioro de los t�rminos del intercambio, el insuficiente
nivel alcanzado por el valor de las exportaciones, el ostensible retraso
de la agricultura, que se evidencia crecientemente incapaz de acompa�ar el
ritmo de crecimiento de la poblaci�n y el desplazamiento de la misma hacia
los centros urbanos, y el consecuente acrecentamiento de los conflictos de
inter�s entre los diversos grupos sociales.
Todo ello va planteando
la imperativa y cada vez m�s urgente necesidad de cambios institucionales
y rectificaciones profundas en el dise�o global de las pol�ticas
econ�micas puestas en aplicaci�n. La creciente explosividad del
descontento social que se acumula y que se torna cada vez m�s preocupante
para los intereses dominantes, sobre todo tras la radicalizaci�n pol�tica
detonada por el triunfo de la revoluci�n cubana, llevar� a elaborar
programas de reforma orientados a operar una mayor y m�s consistente
modernizaci�n de las estructuras productivas, en particular, de las
prevalecientes en la agricultura. Es as� que, en el marco de la "Alianza
para el Progreso la nueva pol�tica impulsada por EEUU para la regi�n, se
contempla como muy necesaria una reforma agraria.
En Chile, la
fuerza pol�tica que tomar� a su cargo el desaf�o de llevar a cabo un
programa de modernizaci�n capitalista de mayor envergadura ser� la
Democracia Cristiana que, encabezada por Eduardo Frei, tendr� a su cargo
la conducci�n del pa�s durante la segunda mitad de la d�cada de los a�os
sesenta. Bajo el gobierno de Frei cobra efectivo impulso la reforma
agraria, orientada simult�neamente a modificar la estructura de propiedad
de la tierra, incorporando a ella a una parte de los campesinos, y a
modernizar los m�todos de cultivo. Los organismos encargados de impulsar
este proceso ser�n la Corporaci�n de la Reforma Agraria (CORA) y el
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
Paralelamente,
buscando superar el cuello de botella que representa la d�bil capacidad de
generaci�n de divisas de las exportaciones, e impulsa una nueva pol�tica
para la gran miner�a del cobre. En el sector cupr�fero, calificado por
Frei como "la viga maestra" de la econom�a chilena, se aspira a lograr una
expansi�n significativa de su capacidad productiva y una mayor
participaci�n del Estado en sus cuantiosas utilidades. Tras esos
objetivos, y bautiz�ndola con el nombre de "chilenizaci�n" del cobre, el
gobierno impulsa la asociaci�n entre el Estado chileno y las empresas
norteamericanas que explotan el mineral, la que se llevar�a a efecto en
base a un aporte de capitales del primero que permitir�a financiar la
expansi�n y modernizaci�n de sus instalaciones requerida para lograr la
meta de duplicar su capacidad productiva.
Otro aspecto clave de las
pol�ticas impulsadas bajo este gobierno apunta a poner en marcha un
proceso de integraci�n regional a escala continental que, en conjunto con
la creciente incorporaci�n de los campesinos a la demanda, permitiese
proveer al proceso de industrializaci�n de una base m�s amplia que la
ofrecida exclusivamente hasta entonces por el mercado interno, incapaz de
permitir econom�as de escala acorde con las posibilidades tecnol�gicas de
la �poca y, por tanto, de las necesidades planteadas en el plano de la
competitividad. De all� que en el terreno internacional el gobierno de
Chile impulse decididamente la creaci�n del Pacto Andino el cual se
constituir� en 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena.
En
ciertas �reas del sector industrial consideradas de importancia
estrat�gica para el desarrollo del pa�s, como por ejemplo la petroqu�mica,
el gobierno de Frei impulsar� tambi�n la creaci�n de empresas mixtas entre
el Estado chileno y el capital extranjero. Se acomete asimismo la
construcci�n de grandes plantas de celulosa y se fomenta la instalaci�n de
plantas de fabricaci�n o armado de bienes de consumo durable como la
producci�n de veh�culos motorizados y de art�culos electr�nicos. Paralelo
a ello se promueven iniciativas destinadas a mejorar el sistema
tributario, fortalecer la investigaci�n asociada a distintos sectores de
la producci�n, elevar la capacitaci�n de la fuerza de trabajo, modernizar
la infraestructura de obras p�blicas, transportes y comunicaciones,
etc.
Sin embargo, tras un comienzo auspicioso, la pol�tica de
modernizaci�n y reformas impulsadas por el gobierno de Frei no lograr�
superar los cuellos de botella que entrampan severamente el crecimiento de
la econom�a chilena, tras los cuales es posible descubrir la sorda pugna
de intereses que enfrenta a los distintos actores en el escenario social y
pol�tico del pa�s, reduciendo significativamente los m�rgenes de acci�n
gubernamental. En definitiva, como se muestra en el cuadro, las pol�ticas
aplicadas terminar�n reeditando un desempe�o en general mediocre,
completamente incapaz de satisfacer las expectativas de la mayor�a de la
poblaci�n. Ello vuelve a poner de relieve la profundidad de la crisis que
afecta al modelo econ�mico prevaleciente y la necesidad de un cambio
tambi�n profundo en la estrategia de desarrollo econ�mico del pa�s.
Principales resultados econ�micos del gobierno de
Frei (Porcentajes) |
|
A�o |
Tasa de crecimiento
del gasto del PGB |
Tasa de inflaci�n
(doce meses) |
Tasa de
desocupaci�n |
Tasa de inversi�n
(dic. cada a�o) |
|
1965 |
5,0 |
25,9 |
4,7 |
18,1 |
|
1966 |
7,0 |
17,0 |
5,4 |
17,4 |
|
1967 |
2,3 |
21,9 |
6,4 |
15,7 |
|
1968 |
2,9 |
27,9 |
5,4 |
16,3 |
|
1969 |
3,1 |
29,3 |
5,4 |
17,1 |
|
1970 |
4,5 |
34,9 |
8,3 |
16,4 |
|
Fuentes: 0depl�n,1NE, Instituto de Econom�a de la
U. de Chile, en Bitar (1995:47) |
Se plantea as�, de manera cada vez m�s
n�tida, una disyuntiva polar; llevar decididamente a cabo las
transformaciones estructurales requeridas para sacar al proceso de
industrializaci�n del empantanamiento en que se encuentra o darlo por
definitivamente cancelado, asumiendo como ilusorios los prop�sitos que lo
han guiado. El desencanto generado por los sucesivos fracasos anteriores
llevan a que tal disyuntiva deje de plantearse en t�rminos exclusivamente
te�ricos para pasar a asumir ya un car�cter cada vez m�s clara y
directamente pol�tico, expresado en los esfuerzos de los sectores sociales
en pugna por tornar efectivamente viables esas opciones.
Si bien lo
que en �ltima instancia orienta y justifica la primera de ellas es la
aspiraci�n de alcanzar como naci�n un desarrollo econ�mico aut�nomo, capaz
de romper los lazos de dependencia que han mantenido subordinada su
econom�a a los requerimientos e intereses de las potencias hegem�nicas del
capitalismo mundial, en las condiciones de un pa�s como Chile en el siglo
XX esta aspiraci�n se halla en sinton�a y se entrelaza muy directamente
con el anhelo de los sectores populares de terminar con el sistema de
explotaci�n y opresi�n de que son v�ctimas.
LA CRISIS TERMINAL DEL MODELO ISI
La
disyuntiva planteada por la crisis del modelo ISI se proyect� claramente
sobre el plano pol�tico con motivo de la elecci�n presidencial de 1970.
Como lo atestiguan los programas y las propuestas difundidas durante la
campa�a por las candidaturas de la Unidad Popular y de la Democracia
Cristiana, al menos dos tercios del electorado se pronunci� a favor de la
prosecuci�n y profundizaci�n del proyecto nacional de desarrollo impulsado
y liderado por la acci�n del Estado. En consecuencia, el gobierno que se
constituy� bajo la presidencia de Salvador Allende fue una expresi�n del
inmenso anhelo de cambios en una direcci�n progresiva que se hab�a
instalado en la sociedad chilena.
En ese entonces, a comienzo de
los a�os setenta, la poblaci�n del pa�s bordea ya los nueve millones de
habitantes, de los cuales las tres cuartas partes residen en centros o
localidades urbanas. El alto grado de urbanizaci�n alcanzado se refleja en
la importancia que han llegado a adquirir entonces como componentes del
PGB el sector servicios, cuyas actividades (comercio, administraci�n
p�blica, bancos, rentas inmobiliarias y otras) generan el 44,1% del mismo,
y la producci�n industrial que registra una participaci�n del 24,9%,
comparado todo ello con el valor de la producci�n agr�cola que solo
representa el 9,3% del PGB.
En el diagn�stico de los economistas de
izquierda, los principales males que entonces afectaban a la econom�a
chilena obedec�an a factores claramente identificables: los fuertes y
onerosos lazos de dependencia financiera, tecnol�gica y comercial que
aprisionan y subordinan al pa�s, en particular ante la potencia hegem�nica
del sistema capitalista mundial, el alt�simo grado de monopolizaci�n
prevaleciente en pr�cticamente todos los sectores de actividad econ�mica,
las anacr�nicas relaciones sociales y el ostensible atraso tecnol�gico que
exhibe la mayor parte de la agricultura y la pronunciada desigualdad en la
distribuci�n de la riqueza y de los ingresos.
El costo que
representaba para el pa�s la actuaci�n del capital extranjero puede
ilustrarse claramente con uno de los ejemplos invocados por el propio
Presidente Allende para justificar las deducciones por "utilidades
excesivas" aplicadas por su gobierno a las indemnizaciones a que daba
lugar la nacionalizaci�n de la gran miner�a del cobre. En su discurso ante
la Asamblea General de la ONU (diciembre de 1972) sostuvo que, con una
inversi�n inicial que no super� los 30 millones de d�lares, las compa��as
norteamericanas se llevaron de Chile s�lo en las cuatro d�cadas anteriores
a la nacionalizaci�n m�s de 4 mil millones de d�lares. M�s a�n, entre 1955
y 1970 la filial en Chile de la Kennecott Copper Corporation obtuvo una
utilidad anual promedio de 52,8% sobre la inversi�n/llegando en algunos
a�os a utilidades tan incre�bles como el 106% en 1967, el 113 % en 1968 y
m�s del 205% en 1969"conllevando ello un drenaje permanente de recursos
desde Chile hacia EEUU.
Por otra parte, la alta concentraci�n que
se observa en todos los sectores de la econom�a, dejando en muy pocas
manos y en funci�n de sus propios intereses las decisiones claves, se ve
claramente reflejada en datos como los siguientes: en 1953 solo el 3% de
los establecimientos industriales controlaba el 51 % del valor agregado,
el 44% de la ocupaci�n y el 58% del capital de todo el sector; en 1965
solo el 2% de los predios (4.876 de un total de 232.955) ten�a una
superficie mayor a 80 hect�reas de riego b�sico, abarcando en conjunto el
55,4% de la superficie agr�cola; en 1970 el 60% de todas las exportaciones
chilenas (que en un 75% correspond�an a las ventas del cobre) se hallaba
de hecho controlado por 3 compa��as estadounidenses (Bitar,
1995:29-30).
A su vez, es posible apreciar la muy desigual
distribuci�n del ingreso imperante en base a los siguientes datos: en 1967
el 10% m�s pobre de la poblaci�n recibi� el 1,5% del ingreso total,
mientrasel10% m�s rico obtuvo el 40,2%;en 1970 cerca de un 25% de la
poblaci�n se encontraba en condiciones de pobreza extrema y dos tercios de
ellos viv�an en �reas urbanas; en 1970 cerca del 7% de la poblaci�n
obten�a el equivalente a 4.290 d�lares per c�pita mientras que un 54% de
la poblaci�n percib�a solo el equivalente a 212 d�lares per c�pita (Bitar,
1995:30-32).
En cada uno de estos aspectos lo que se tiene a la
vista son solo los s�ntomas de las contradicciones inherentes al
desarrollo del capitalismo perif�rico, fuertemente condicionado por las
relaciones de poder que articulan el sistema y los criterios de
racionalidad que rigen su funcionamiento. Para tornar medianamente viable
un proyecto nacional de desarroll� le hac�a necesario entonces situarlo
sobre un horizonte que trascendiese tales condicionamientos que, a lo
largo del siglo XX, han terminado por estrangular pr�cticamente todos los
esfuerzos de desarrollo llevados a cabo en las regiones perif�ricas del
sistema (6).
De all� que el programa
econ�mico de la Unidad Popular contemplara la nacionalizaci�n de todas las
riquezas b�sicas (cobre, hierro, carb�n, salitre, etc.), de la banca y los
seguros, de las empresas monop�licas del sector manufacturero, de las
grandes cadenas de distribuci�n mayorista, del comercio exterior, la
profundizaci�n de la reforma agraria y, en forma simult�nea, el impulso
decidido de iniciativas dirigidas a lograr una redistribuci�n progresiva
del ingreso. En el �mbito internacional, se propon�a adem�s llevar a cabo
una pol�tica de plena independencia, desligando al pa�s del claro
alineamiento pronorteamericano mantenido hasta entonces en el marco de la
guerra fr�a y estableciendo relaciones diplom�ticas y comerciales con
todos los pa�ses del mundo.
El objetivo central, expl�citamente
se�alado, de estas medidas es reemplazar la actual estructura econ�mica,
terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y
del latifundio, para iniciar la construcci�n del socialismo"(Programa de
la UP) Las dos grandes l�neas de acci�n definidas para ello, es decir la
nacionalizaci�n de los sectores claves de la econom�a y las pol�ticas de
redistribuci�n del ingreso, deb�an conciliarse con objetivos de corto
plazo como la reducci�n del ritmo inflacionario, el aumento del empleo y
la aceleraci�n del crecimiento. La posibilidad de lograrlo se basaba en el
aprovechamiento de una importante capacidad instalada ociosa,
particularmente en el sector industrial (alrededor de un 25%).
Una
segunda consideraci�n relevante en el marco de la pol�tica econ�mica que
se intentaba aplicar era que la redistribuci�n y la socializaci�n
constitu�an dos aspectos llamados a reforzarse mutuamente: las pol�ticas
de redistribuci�n y expansi�n del gasto p�blico permitir�an ampliar la
base de apoyo pol�tico al gobierno, algo muy necesario para vencer la
resistencia de las clases dominantes y llevar a cabo los cambios
propuestos en la estructura de propiedad; a su turno, la creaci�n de un
�rea de propiedad social contribuir�a a viabilizar y consolidar esa
redistribuci�n del ingreso, permitiendo conjurar a tiempo los efectos
potencialmente desestabilizadores de las pol�ticas expansivas asociadas a
una redistribuci�n progresiva del ingreso.
Durante el primer a�o
del gobierno de Allende, contando con un mayoritario respaldo ciudadano,
el proceso de reformas adquiri� un ritmo acelerado. Se dio inmediata
prioridad a la nacionalizaci�n de la gran miner�a del cobre la que, a
trav�s de una reforma constitucional, fue finalmente aprobada en forma
un�nime por el Parlamento en julio de 1971.Esta medida afect� muy
sensiblemente los intereses norteamericanos, no solo por implicar para
ellos el fin de un lucrativo negocio, sino tambi�n porque, como se ha
dicho, de los montos de indemnizaci�n calculados al valor libro de las
instalaciones, el gobierno decidi� deducir lo que estim� "utilidades
excesivas" obtenidas por las compa��as extranjeras durante los a�os en que
operaron en el sector, lo que en definitiva signific� que el Estado no
tuviese que incurrir en ninguna obligaci�n por este concepto.
En el
sector agr�cola el proceso de reforma agraria adquiere un renovado
impulso, apoyado en una extensa ola de movilizaciones campesinas. En el
a�o 1971 se incorpora a este proceso una cantidad de predios similar a la
que hab�a sido expropiada durante los seis a�os del gobierno anterior,
(7) con lo que esta fase de la reforma agraria
qued� pr�cticamente concluida. S�lo restaba ahora regularizar desde un
punto de vista jur�dico la tenencia de la tierra por parte de los
campesinos y normalizar las faenas agr�colas, severamente dislocadas por
el ambiente de conflicto prevaleciente en las zonas rurales.
En los
dem�s sectores de la econom�a el proceso de cambios al r�gimen de
propiedad avanz� con igual rapidez, de modo que al t�rmino del primer a�o
de gobierno los objetivos planteados se hallaban en su mayor parte ya
consumados, siendo tambi�n satisfactorios los resultados alcanzados en el
desempe�o de la econom�a. En efecto, en 1971 el PIB registra un
crecimiento de 9%,siendo este incremento de un 13,6% en el sector
industrial. En el Gran Santiago, la tasa de desocupaci�n descendi� de 8,3%
en diciembre de 1970 a 3,8% en diciembre de 1971. La inflaci�n descendi�
desde un 34,9% en 1970 a un 22% en 1971. La participaci�n de los
asalariados en el ingreso geogr�fico pas� de 52,8% en 1970 a 61,7% en
1971.
Sin embargo, las medidas adoptadas se orientaban a
democratizar muy profundamente el sistema econ�mico y supon�an por tanto
un desplazamiento de las antiguas, ricas y poderosas clases dominantes. En
consecuencia, se trataba de algo que �stas no pod�an aceptar, dejando
planteado un conflicto irreductible sobre el terreno pol�tico. Lo que se
entabla entonces es una lucha abierta por la hegemon�a, es decir por el
car�cter de clase del poder pol�tico y sus instituciones, que desplaza
cualquier otra consideraci�n y que ser� preciso resolver primero para
poder estar en condiciones reales de encarar los problemas que se plantean
en las dem�s esferas de la vida social, incluida la econom�a.
En
consecuencia, una vez que un proceso de cambios revolucionarios como el
anunciado ha sido puesto en marcha, sus posibilidades de �xito dependen de
la aplicaci�n de una estrategia pol�tica que se evidencie capaz de generar
una correlaci�n de fuerzas favorable, vencer la resistencia de las viejas
clases dominantes y desalojarlas de las posiciones de poder que
secularmente han detentado. El nexo existente entre el �mbito de la
econom�a y la pol�tica, usualmente disimulado por m�ltiples mediaciones,
se torna particularmente claro y directo en las condiciones de una crisis
profunda como esta, en que lo que se juega es nada menos que la
preservaci�n o superaci�n del orden social existente.
Resulta por
ello de escaso inter�s examinar exclusivamente desde el punto de vista de
la historia econ�mica del pa�s lo acontecido en los dos �ltimos anos del
gobierno de la UP, cuando una crisis de esa envergadura se encuentra ya en
pleno desarrollo. El desenlace de la misma es de todos
conocido.
EL RETORNO HACIA UN ESQUEMA DE
ECONOM�A ABIERTA
El cruento golpe militar de 1973 termin� no
solo con el Estado de derecho y el sistema pol�tico existente hasta
entonces en Chile, sino tambi�n con la estrategia de desarrollo que se
hab�a mantenido vigente en el pa�s por m�s de cuarenta a�os. Aun cuando
las considere, una apreciaci�n cr�tica, sint�tica y comprensiva de la
experiencia que se inicia a partir de entonces no puede estar centrada en
el examen de las pol�ticas e instrumentos aplicados, sino en aquello que a
la postre resulta m�s trascendente en una perspectiva de largo plazo: los
cambios estructurales que ella ha logrado operar en la econom�a
chilena.
La transformaci�n econ�mica que se inicia en 1973,
instalando un esquema de funcionamiento cuyos lineamientos claves se
prolongan hasta hoy, ha sido llevada a cabo en nombre de la m�s completa
libertad de mercado, buscando exorcizar de manera perdurable la
intervenci�n del Estado en la econom�a. Cabe advertir sin embargo que, a
contrapelo de ese discurso ideol�gico, el Estado no ha sido ni pod�a ser
en esta transformaci�n un ente pasivo, distante o neutral, sino
precisamente el medio a trav�s del cual el nuevo rumbo impreso a la
econom�a pudo ser implacablemente impuesto sobre la poblaci�n.
Las
pol�ticas implementadas a partir de 1973 han buscado consumar b�sicamente
tres objetivos centrales, �ntimamente relacionados, que se configuran
finalmente como los pilares fundamentales del nuevo modelo de acumulaci�n
capitalista y sus resultados: a) una radical
liberalizaci�n de los mercados, sustentada en la eliminaci�n casi total de
los controles y restricciones previamente existentes;
b) una tambi�n radical apertura al exterior, apoyada en una r�pida
y sustantiva disminuci�n de los aranceles y de los controles cambiarios;
c) una extensi�n muy amplia de los �mbitos de
actividad privada y el encogimiento equivalente de la acci�n del Estado
que traspasa a particulares muchas de sus anteriores funciones.
Examinaremos brevemente a continuaci�n cada uno de estos
aspectos.
LA LIBERALIZACI�N DE LOS
MERCADOS
La liberalizaci�n de los mercados se impone como
principio rector de la nueva orientaci�n en materia econ�mica invocando
como justificaci�n las distorsiones que la regulaci�n de los mismos por el
Estado introduce en el sistema de precios, informaci�n clave para que
productores y consumidores puedan adoptar las decisiones que les resulten
m�s convenientes. Se arguye que el funcionamiento libre de los mercados
provee el mecanismo m�s adecuado para lograr una eficiente asignaci�n de
los recursos productivos y, de ese modo, alcanzar altas tasas de
crecimiento.
En este plano, una de las primeras y principales
medidas adoptadas fue la eliminaci�n de los subsidios y el establecimiento
de una amplia libertad de precios, incluyendo los de los bienes de primera
necesidad. Como era de prever, los alimentos se vieron especialmente
afectados por las alzas de precios que esta medida trajo inmediatamente
consigo, por lo que sus efectos redistributivos no pudieron resultar m�s
claramente regresivos. El alcance de estas medidas fue tan vasto que a
comienzos de 1980 s�lo quedaban alrededor de 15 productos con precios
controlados.
Sin embargo, y a pesar del alt�simo costo social que
esta medida supuso, la situaci�n a la que ella efectivamente condujo dista
mucho de ser la proclamada conformaci�n de mercados efectivamente libres,
regulados tan s�lo por los est�ndares que impone la competencia. Por el
contrario, la libertad de precios se conjuga con el amplio proceso
privatizador que le acompa�a para abrir camino a una r�pida constituci�n
de nuevos y m�s poderosos conglomerados de car�cter oligop�lico.
A
esto �ltimo contribuyeron tambi�n en forma clara y directa numerosas otras
iniciativas adoptadas por el equipo econ�mico del r�gimen militar, de modo
que resulta completamente inveros�mil que no fuese precisamente ese el
objetivo perseguido. (8) La pol�tica de shock
que se decide poner en aplicaci�n en 1975 es un buen ejemplo de ello. Esa
determinaci�n arrastr� a la quiebra a numerosas empresas medianas y
peque�as que eran potencial-mente viables, a�n en un esquema de econom�a
abierta, a condici�n de que se les diese un plazo razonable para
readecuarse.
El proceso liberalizador abarc� tambi�n al mercado de
capitales, lo que implic� la eliminaci�n de la mayor�a de las regulaciones
que afectaban al sistema financiero interno. Entre las medidas destacadas
que se adoptan en este plano cabe mencionar la liberalizaci�n de la tasa
de inter�s bancada (mediados de 1974), la reprivatizaci�n de los bancos
comerciales estatizados por el gobierno de la UP, la autorizaci�n para el
establecimiento de nuevos tipos de entidades financieras y para la fusi�n
de bancos comerciales.
Con estas medidas, a las que se a�ade la
apertura del mercado financiero al flujo de capitales externos lo que se
busca es lograr una mayor movilidad de los recursos financieros y una
elevaci�n de las tasas de ahorro interno. No obstante, nuevamente lejos de
redundar en un funcionamiento m�s �libre� del mercado de capitales, ellas
permiten y favorecen su conformaci�n y regulaci�n oligop�lica. A ese mismo
resultado apuntan los baj�simos precios a que fueron reprivatizados los
bancos comerciales que, por la situaci�n recesiva de ese momento, s�lo
resultaban accesibles a los grupos empresariales m�s poderosos y con
mejores conexiones externas.
Con respecto al mercado de trabajo la
liberalizaci�n supone, una �flexibilizaci�n� de la relaci�n laboral que
pasa ahora a ser discrecionalmente definida por los empresarios: fuertes
rebajas de los salarios reales, amplias facilidades para concretar
despidos, ausencia de negociaci�n colectiva, etc. Cabe destacar que en
este caso se mantiene vigente una fuerte intervenci�n del Estado, pero no
con vistas a cautelar los derechos b�sicos de la parte m�s d�bil, que son
los trabajadores, sino exactamente con el prop�sito contrario: impedirle a
�sta que los haga valer.
LA APERTURA EXTERNA
DEL ESPACIO ECON�MICO NACIONAL
Si bien el nuevo r�gimen
procede en primer t�rmino a la liberalizaci�n de los mercados internos con
el prop�sito de sacar r�pidamente a la econom�a de la situaci�n ca�tica
que la afecta al momento del golpe, ella no quedar� restringida a este
�mbito sino que se extender� en forma tambi�n acelerada al de las
relaciones comerciales y financieras con el exterior. Esto se expresar� en
una r�pida y sustancial rebaja de los aranceles y en una disminuci�n y
simplificaci�n tambi�n significativa de los controles cambiarios a objeto
de tornar m�s fluidos los movimientos de capitales.
Sin duda es
aqu� donde se manifiesta m�s claramente la voluntad de los sectores
hegem�nicos de la clase dominante de transitar hacia un reordenamiento
radical de la estructura econ�mica del pa�s puesto que la pol�tica de
apertura al exterior priva s�bita y definitivamente al proceso de
industrializaci�n anterior que a�n no ha logrado consolidarse de su
principal e indispensable soporte. En otras palabras, le quita - para usar
la conocida expresi�n de Friedrich List - la "escalera" que necesita para
alcanzar sus objetivos.
De este modo, sobre la base de la extendida
privatizaci�n de las actividades productivas que, invocando el principio
de "subsidiariedad del Estado" pone aceleradamente en marcha el r�gimen
militar, la desregulaci�n de los mercados internos y la apertura externa
van a colocar al conjunto de las actividades econ�micas del pa�s en un
nuevo molde al que les resultar� imperativo adaptarse con suma rapidez
para poder sobrevivir.
Esta pol�tica de apertura unilateral de la
econom�a chilena al exterior no se circunscribe al �mbito comercial y
financiero, sino que se extiende tambi�n al campo de las inversiones
productivas. EI r�gimen militar dise�a y pone en aplicaci�n para ello una
normativa legal, el Estatuto de la Inversi�n Extranjera (Decreto Ley 600),
otorgando a los inversionistas for�neos garant�as de trato preferencial,
en ciertos aspectos m�s favorable a�n que el que reciben los propios
inversionistas nacionales.
Todo ello patentiza la incompatibilidad
del nuevo esquema econ�mico con las pol�ticas de integraci�n econ�mica
regional puestas anteriormente en aplicaci�n lo que va a implicar la
pronta salida de Chile del Pacto Andino. Los esfuerzos de integraci�n
regional son dejados de lado, retom�ndose s�lo casi dos d�cadas m�s tarde
en el marco de un nuevo esquema de acuerdos que se articulan sobre la base
de una ya extendida liberalizaron del comercio internacional: el llamado
�regionalismo abierto�.
LA APERTURA DE NUEVOS
CAMPOS DE ACCI�N AL CAPITAL
Junto con abrir y liberalizar
los mercados, la acci�n del r�gimen militar se empe�ar� tambi�n en
extenderlos, llevando y haciendo primar la l�gica de la valorizaci�n del
capital sobre cualquier otro criterio de racionalidad econ�mica a todos
los �mbitos de la sociedad, incluso aquellos que dif�cilmente pueden
conciliarse con el objetivo de maximizar las ganancias.
Como es
sabido, el proceso privatizador que se pone entonces en marcha no se
limitar� a aquellas empresas, particularmente del sector financiero e
industrial, que hab�an sido estatizadas o intervenidas bajo el gobierno de
Allende, sino que abarcar� tambi�n a la mayor parte de las empresas cuya
existencia se deb�a a la iniciativa y esfuerzo desplegado por el propio
sector p�blico, particularmente en el �mbito de la energ�a, los
transportes y las comunicaciones. Desde luego, este decisivo traspaso de
empresas p�blicas a manos privadas se llevar� a cabo en las condiciones de
discrecionalidad que impone la propia existencia del r�gimen militar (9).
La extensi�n de las relaciones
capitalistas de producci�n adquiere tambi�n un gran dinamismo en las zonas
rurales, en las que el r�gimen militar reorienta y pone fin al ciclo de
transformaciones estructurales iniciado all� con el proceso de la reforma
agraria y cuyo principal resultado es la definitiva superaci�n del
latifundio. Las iniciativas de car�cter asociativo surgidas de ese proceso
van a ser r�pidamente eliminadas, procedi�ndose a devolver una parte de
las tierras expropiadas a sus antiguos propietarios y a reasignar otra
mediante un sistema de reparto individual o licitaciones. El posterior
funcionamiento de un mercado libre de tierras va a completar este
proceso.
Lo novedoso, sin embargo, ser� el paso que el r�gimen
militar se decide a dar en 1979, cuando anuncia su prop�sito de impulsar
un vasto programa de reformas bautizado por �l como las �siete
modernizaciones�, orientado b�sicamente a extender la l�gica de las
relaciones y motivaciones mercantiles a �mbitos a�n mayores. Dicho anuncio
se orienta a sancionar una paulatina disoluci�n del principio de
responsabilidad social antes prevaleciente y un creciente desentendimiento
del Estado de su obligaci�n de cautelar la vigencia de ciertos derechos
sociales b�sicos de la poblaci�n, llevando el af�n privatizador a aspectos
tales como la previsi�n, la salud, la educaci�n y la vivienda.
A
partir de entonces se act�a con decisi�n en el desincentivo y progresivo
desmantelamiento de las m�s diversas iniciativas de car�cter asociativo
desarrolladas en el per�odo hist�rico precedente, abriendo paso a una
creciente privatizaci�n de los servicios y costos de la atenci�n m�dica y
la educaci�n; se impone la capitalizaci�n individual de los fondos
provisionales, cuya administraci�n queda ahora en manos de entidades
privadas con fines de lucro; se reorganiza el sistema de educaci�n
superior, atomizando su basamento institucional, obligando a las
instituciones a autofinanciar sus actividades y abriendo este campo a una
descontrolada irrupci�n de universidades privadas, etc.
Este
proceso que, junto con abrir paso a una fuerte concentraci�n del poder
econ�mico, incide en una creciente dispersi�n y atomizaci�n de la sociedad
civil y que comporta adem�s ostensibles inequidades, conlleva tambi�n un
fuerte desquiciamiento de la moralidad p�blica: sinn�mero de
privatizaciones fraudulentas, tr�fico de influencias, robo y corrupci�n
generalizada, despotismo e impunidad del r�gimen pol�tico y sus agentes,
trato privilegiado a las FFAA en materia salarial y previsional,
enriquecimiento il�cito a expensas del patrimonio p�blico, exacerbada
proliferaci�n del individualismo, la competencia y el consumismo,
etc.
CAMBIOS EN EL PERFIL PRODUCTIVO DE LA
ECONOM�A
En t�rminos globales, la implementaci�n de tales
pol�ticas ha operado una importante relocalizaci�n sectorial de los
recursos productivos. Ella se refleja particularmente en el significativo
incremento experimentado por la participaci�n del comercio exterior en el
PIB, acompa�ada de la disminuci�n no menos importante de la producci�n
orientada hacia el mercado interno. Este es, sin duda, el aspecto m�s
relevante de la transformaci�n operada en la estructura econ�mica del
pa�s. (10)
Como se esperaba, la
participaci�n porcentual del comercio exterior en el PIB ha experimentado
un fuerte incremento, pasando desde alrededor de un 30% en 1970 a poco m�s
de un 60% a fines de los a�os noventa. El valor anual de las exportaciones
es algo superior al de las importaciones, permitiendo que la diferencia
pueda ser destinada al servicio de la deuda. Es importante observar, sin
embargo, la composici�n que exhiben las primeras. Estas corresponden en
casi un 90% a productos procedentes de s�lo cuatro sectores b�sicos:
miner�a, pesca, silvicultura y fruticultura. Solo una parte menor de ellos
es sometida a alg�n grado significativo de procesamiento antes de ser
exportada.
No obstante, en virtud de ello esta �ltima es presentada
en las cifras oficiales como exportaci�n de �productos industriales�, lo
que configura una imagen distorsionada del estado real de nuestra
econom�a. Lo cierto es que, aunque se ha ido incrementando en el curso de
los �ltimos a�os, la participaci�n de las ramas m�s propiamente
manufactureras (metalmec�nica, qu�mica, cuero y calzado, textil, etc.) en
el total de las exportaciones apenas se empina por encima del 10% del
total.
Por otra parte el crecimiento de las exportaciones es
balanceado por una expansi�n equivalente de las importaciones, las que en
un elevado porcentaje corresponden a bienes de consumo susceptibles de ser
producidos en el pa�s o a art�culos suntuarios perfectamente
prescindibles. Se genera as� no s�lo un alto costo de oportunidad en el
empleo de las divisas disponibles, sino tambi�n un significativo proceso
de sustituci�n de producci�n interna con el consecuente incremento del
desempleo estructural y de las actividades de subsistencia que nutren la
�econom�a informal�.
La participaci�n de la producci�n industrial
en el PIB, que en 1970 represent� un 24,7% y que se elev� por encima del
26% en 1972, experiment� una persistente ca�da durante los a�os
posteriores a 1973 hasta llegar a situarse en tomo al 17% a fines de los
a�os 90. Sin embargo, por elocuentes que sean, estas cifras no alcanzan a
dar cabal cuenta de la magnitud de los cambios operados en el sector
puesto que los m�s importantes son de car�cter cualitativo. Como ya se
indic�, las cifras oficiales computan como �producci�n industrial� no s�lo
a las actividades de transformaci�n propiamente tales, sino tambi�n a las
de procesamiento de materias primas, las cuales han seguido de cerca a la
expansi�n de las actividades primarias orientadas a la
exportaci�n.
El desmantelamiento de los rubros m�s t�picamente
manufactureros desarrollados bajo el amparo del anterior modelo econ�mico
ha sido muy pronunciado. Muchas empresas antes dedicadas a la fabricaci�n
de productos industriales destinados al mercado interno se han visto
forzadas a cerrar sus plantas para dedicarse exclusivamente a la
importaci�n y distribuci�n de los mismos art�culos que antes produc�an le
desperdicia as� no s�lo un importante acervo de experiencia y
conocimientos, sino tambi�n una porci�n elevada de la capacidad de
trabajo, que se ve s�bitamente desplazada por aquella que viene
cristalizada en los productos importados.
Si bien es efectivo que
ciertas empresas han logrado sobrevivir a la fuerte presi�n competitiva a
que fueron sometidas, habiendo debido operar para ello importantes
procesos de reconversi�n y/o modernizaci�n de sus sistemas productivos, es
indudable que en t�rminos globales el precio pagado por el sector ha sido
demasiado elevado en comparaci�n con los magros resultados
alcanzados.
Durante el �ltimo cuarto del siglo XX tambi�n tuvo
lugar un significativo proceso de reestructuraci�n y modernizaci�n
capitalista del agro no s�lo chileno, sino latinoamericano, proceso que ha
sido impulsado por factores tales como: el r�pido incremento de la demanda
mundial de productos agropecuarios; la considerable expansi�n de la
urbanizaci�n y por lo tanto de los mercados internos; las pol�ticas de
fomento agr�cola puestas en aplicaci�n por el Estado; el creciente
accionar en este campo de las empresas transnacionales.
En el caso
de Chile, la unilateral apertura de su econom�a y la consiguiente
competencia de productos importados han impuesto al sector una
reconversi�n productiva dictada por los cambios que se operan en la
rentabilidad relativa de sus diversos rubros. En este contexto, los
cultivos tradicionales orientados hacia el mercado interno van siendo
gradualmente desplazados por el gran dinamismo que exhiben los rubros
orientados preferentemente hac�a los mercados externos: la fruticultura y
la silvicultura.
La expansi�n del primero ha sido muy
significativa, llegando a aumentar el valor de sus ventas al exterior en
alrededor de diecis�is veces entre mediados de los a�os setenta y mediados
de los noventa, siendo los principales productos que participan de este
proceso la uva, las manzanas, las peras y los kiwis. Sin embargo, la
competitividad de este rubro se ha sustentado en una amplia medida en el
aprovechamiento intensivo que hace de las principales �ventajas� que le
proporciona el actual modelo econ�mico: el bajo costo de la fuerza de
trabajo y la externaIizaci�n de los costos ambientales.
En cuanto
al segundo no hay que olvidar el importante rol desempe�ado por el Estado
en el desarrollo de sus actividades, no s�lo al privatizar empresas a
precios irrisorios, sino tambi�n al subsidiar el 75% de los costos de
plantaci�n (DL 701) en los terrenos calificados de aptitud preferentemente
forestal. La superficie de las plantaciones, que a mediados de los a�os
setenta era de alrededor de 450 mil ha, alcanza veinte a�os m�s tarde a
cerca de 1.750 mil ha, de las cuales casi un 80% corresponde a pino
radiata y cerca de un 15% a eucalipto. El crecimiento de las exportaciones
forestales tambi�n ha sido espectacular: de poco m�s de USD 130 millones
en 1974 pasan a alrededor de los USD 2.000 millones en 1995, a�o en que
los embarques de celulosa superan los USD 1.300 millones.(11)
En el �mbito empresarial la modernizaci�n
capitalista del sector se ha expresado en la emergencia de importantes
complejos agroindustriales (CA�) que se imponen a las actividades
propiamente agr�colas mediante la larga serie de �eslabonamientos� a que
se halla sometido el proceso productivo en ambas direcciones (Chonchol,
1994):a) �hacia atr�s� por el suministro de maquinaria e implementos,
fertilizantes qu�micos, pesticidas, biotecnolog�as y semillas, adem�s del
necesario apoyo crediticio al sector; b) �hacia adelante� por las
industrias de transformaci�n, los centros de almacenamiento y dep�sito,
los frigor�ficos, los sistemas de transporte, distribuci�n y
comercializaci�n.
Por lo tanto, el sector agr�cola no tiende a
estructurarse ya en funci�n de relaciones de dominio territorial (el
antiguo eje latifundio-minifundio) sino de centros de poder que se hallan
localizados fuera del �mbito rural (el polo
financiero-industrial-comercial). Sin involucrarse directamente en las
dis�miles y complejas actividades productivas del agro, el gran capital
logra as� un efectivo control de las mismas. Adem�s, junto a la empresa
agr�cola capitalista, en que laboran m�s de 500 mil trabajadores (unos 100
mil permanentes y 400 mil temporales), se halla la agricultura campesina,
constituida por m�s de 200 mil explotaciones familiares, en gran parte
localizadas en �reas marginales de baja productividad y dotadas de un
equipamiento escaso y rudimentario.
La pesca ha conocido tambi�n
una considerable expansi�n en el curso de los �ltimos a�os, transformando
a Chile uno de los principales productores mundiales (junto a China, Per�
y Jap�n).La participaci�n de esta actividad en las exportaciones pasa
desde poco m�s de un 2% en 1974 a m�s de un 12% a mediados de los ma�os
noventa. Aunque mantiene una posici�n de liderazgo en la producci�n de
harina de pescado (junto con Per�), la producci�n del sector se ha
diversificado crecientemente hacia otros rubros de mayor valor. La
industria reductora ha modernizado sus plantas para incrementar la
producci�n de harinas especiales que permiten alcanzar rentabilidades m�s
elevadas.
Sin embargo, al igual que los dem�s rubros exportadores
del pa�s, el sector pesquero se evidencia muy vulnerable debido tanto a la
tendencia c�clica al derrumbe de los precios como a la alteraci�n
peri�dica de los stocks a consecuencia de la sobreexplotaci�n de las
especies marinas o a fen�menos de car�cter natural. En l�neas gruesas, hoy
es posible distinguir en �l tres subsectores: el industrial, el artesanal
y el de la acuicultura que es el que ha conocido �ltimamente un mayor
dinamismo. El sector industrial, que registra una captura de alrededor de
600 mil toneladas en 1973, lleg� a desembarcar alrededor de, 7 millones de
toneladas en 1995.EI sector artesanal produce alrededor del 10% de la
captura total, del que s�lo una d�cima parte se destina al consumo humano,
dirigi�ndose el resto hacia la industria reductora. La acuicultura es una
actividad relativamente reciente pero que ha conocido un crecimiento
notable en el curso de los a�os 90. En el a�o 2000 registra exportaciones
de salm�n y trucha por m�s de USD 950 millones.
En el sector minero
los cambios m�s significativos se han producido a partir de 1986 y
conciernen a la nueva presencia y expansi�n de las ETN en la explotaci�n
de yacimientos de la gran miner�a del cobre, la que durante los a�os
noventa ha logrado quintuplicar su producci�n. Antes de 1986 los esfuerzos
encaminados abrir la gran miner�a del cobre a la iniciativa del gran
capital chocaron con la tenaz resistencia opuesta por algunos sectores
castrense la que finalmente logra dejar su huella en el texto de la propia
Constituci�n de 1980.(12) Sin embargo,
haci�ndose eco de las presiones ejercidas por el gran capital
transnacional, el r�gimen militar dispondr� posteriormente la elaboraci�n
de una nueva legislaci�n minera que acoge y da plena satisfacci�n a las
expectativas de los inversionistas privados.(13)
Despejados esos obst�culos y dadas sus
elevadas perspectivas de rentabilidad, la exuberante riqueza mineral
chilena se tornar� irresistible, para el gran capital transnacional que
comienza a concretar importantes proyectos de inversi�n, principalmente en
el sector cuprero. As�, la producci�n de las empresas privadas, que en
1990 era de s�lo 251 mil TM de cobre fino, alcanzar� ya en el a�o 2000 una
cifra superior a las 3 millones de TM (COCHILCO).
Las exportaciones
chilenas de cobre representaban en 1985 un 26,5% de las exportaciones
mundiales, elev�ndose esta participaci�n a m�s del 42% en el a�o 2000.Sin
embargo, en el mismo per�odo la participaci�n de CODELCO cae desde un 21%
a alrededor de un 14%, mientras que la de la producci�n chilena privada se
elevar� de menos del 5% a un 28%. Hay que considerar adem�s que la
participaci�n de algunas empresas privadas en el mercado mundial del cobre
no se limita a su producci�n en Chile ya que tambi�n poseen yacimientos en
otros pa�ses, lo que refuerza su posici�n competitiva frente a
CODELCO.
Otro aspecto importante en este �mbito es que se
incrementa la participaci�n de concentrados de cobre en las exportaciones
lo que revierte la anterior tendencia a incorporarles mayor valor
agregado: en 1990 Chile export� bajo la forma de concentrados 241 mil TM
de cobre fino, equivalentes a un 15% del total; en 1995 esa cifra se eleva
ya a 800 mil TM, lo que representa ya un tercio del total, y a un mill�n
780 mil TM en el a�o 2000 representando esa cifra un 40% del
total.
Un inter�s preferente fue asignado al sector financiero con
el objetivo de crear un mercado de capitales capaz de acompa�ar los
procesos de privatizaci�n, concentraci�n y centralizaci�n en curso. Con
tal finalidad se dictaron nuevas normas legales para regular la actividad
de los bancos, se autoriz� la creaci�n de instituciones financieras y las
fusiones bancarias, se decret� la apertura de la cuenta de capitales, se
cre� un instrumento financiero indexado (la UF), se estimul� el desarrollo
del mercado de valores, se crearon las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) y se establecieron numerosos incentivos tribu�anos para
fomentar el ahorro y la inversi�n.
En el actual esquema econ�mico
este sector se proyecta, ciertamente, como un decisivo instrumento de
poder: dado que las posibilidades de una expansi�n productiva son
inciertas y limitadas, sobre todo en una econom�a peque�a como la chilena,
m�s que la posesi�n de los activos f�sicos lo que cobra particular
importancia es el posicionamiento que se logra alcanzar en aquellas
actividades que permiten ejercer un control estrat�gico de los procesos de
generaci�n de riqueza. En este sentido el sector financiero aparece como
el eslab�n clave de la cadena que vincula al conjunto de las actividades
que se despliegan en el espacio econ�mico nacional.
Hay que decir
que el desarrollo de este sector, que es expresi�n del modo como se avanza
hacia un alto grado de concentraci�n y centralizaci�n de capitales, ha
representado un alt�simo costo para el pa�s, siendo el terremoto
financiero de comienzos de los a�os ochenta el episodio m�s oneroso de
todos. La realidad del sector bancario y financiero es que, m�s all� de la
variada gama de instituciones e instrumentos que lo conforman y de los
cuantiosos fondos con que opera, en la actualidad se halla altamente
monopolizado por un reducido n�mero de grandes grupos econ�micos, tanto
nacionales como extranjeros.
Por �ltimo, los servicios b�sicos han
sido tambi�n fuertemente afectados por la pol�tica de privatizaciones y
por los efectos de la transnacionalizaci�n en curso. Las compa��as
generadoras y distribuidoras de energ�a el�ctrica as� como las compa��as
de tel�fonos y comunicaciones se encuentran hoy en manos privadas. Otro
tanto ocurre con los medios de transporte a�reo, mar�timo y terrestre,
excepci�n hecha de los ferrocarriles, cuyo grado de abandono no hace m�s
que preparar el terreno de una pr�xima privatizaci�n, y del tren
metropolitano, que a despecho de las profec�as neoliberales opera
eficientemente.
CAMBIOS EN LA DISTRIBUCI�N
DEL INGRESO Y LA RIQUEZA
Conjuntamente con los cambios en
el perfil productivo de la econom�a, las pol�ticas aplicadas a partir de
1973 han conducido a una concentraci�n muy significativa de la riqueza,
expresada claramente en las pronunciadas y asentadas desigualdades que se
observan hoy en la distribuci�n del ingreso. Ello se refleja en las
polarizadas condiciones de vida prevalecientes en el pa�s. Chile es hoy
uno de los pa�ses del planeta en que impera una mayor desigualdad en la
distribuci�n del ingreso. Seg�n datos oficiales, en el a�o 2000 el decil
m�s pobre de la poblaci�n percibe solo el 1,1% del ingreso total, en tanto
que el decil m�s rico obtiene un 42,3%. (CASEN 2000).
Desde luego,
esto no es algo casual. El resultado inmediato de las medidas de
estabilizaci�n aplicadas desde su inicio por el r�gimen militar (las
rebajas arancelarias y la libertad de precios, junto con el total
desconocimiento de los derechos laborales) fue un notable encarecimiento
del �costo de la vida�. Los precios de gran parte de los bienes y
servicios alcanzaron r�pidamente niveles similares a los prevalecientes en
el mercado mundial, al tiempo que los salarios conoc�an un profundo
deterioro en t�rminos reales.
En esa misma direcci�n, claramente
regresiva, se alinea el uso que se hace de otros instrumentos de efectos
potencialmente redistributivos como por el ejemplo el sistema tributario.
Este fue completamente reorganizado a comienzos del r�gimen militar para
satisfacer las expectativas de los sectores empresariales, contribuyendo
muy significativamente al objetivo trazado por los apologistas del modelo
de convertir a Chile en un verdadero �para�so de los inversionistas�.(14)
Visto desde un punto de vista
exclusivamente econ�mico, la concentraci�n de la riqueza ha dado como
resultado la aparici�n de un reducido n�mero de grandes �grupos� o
conglomerados empresariales que incursionan en sectores muy diversos de la
econom�a del pa�s y van alcanzando progresivamente un control monop�lico u
oligop�lico de sus actividades m�s importantes.
Al mismo tiempo, la
injerencia del capital transnacional en la econom�a chilena alcanza
niveles muy elevados. En efecto, la presencia directa del capital
extranjero ha conocido una notable expansi�n durante este per�odo,
especialmente a partir de la segunda mitad de los a�os 80, en que pasa a
ocupar una parte del espacio dejado por la quiebra de los primeros
�grupos� durante la crisis de 1982,llegando a asumir posiciones claves en
las estructuras productivas y financieras del pa�s.
Esta crisis le
imprimir� un fuerte impulso al proceso de centralizaci�n del capital, el
cual se materializa por diversas v�as: a) la
reorganizaci�n del sistema financiero desencadenada con la intervenci�n de
la banca en enero de 1983; b) el traspaso de la
propiedad de las grandes empresas, bancos y AFP que pertenec�an a los
grupos econ�micos quebrados; c) la
privatizaci�n de empresas p�blicas en base a un programa aprobado por el
BM y el FMI; d) la conversi�n de la deuda
externa en base a los cap�tulos XVIII y XIX del Compendio de Normas de
Cambios Internacionales. Lo �ltimo contribuir� a acelerar la
extranjerizaci�n de la econom�a chilena ya que las operaciones de
conversi�n de deuda externa superan en 1990 los USD 9 mil millones (Mar�n,
1991). (1S)
Por otra parte, este proceso
de centralizaci�n da impulso a una importante reestructuraci�n del
capitalismo chileno caracterizada por: a) la
adopci�n de nuevas formas de organizaci�n y estrategias de desarrollo por
parte de los grandes grupos econ�micos que suponen una redefinici�n tanto
de los v�nculos existentes entre las esferas financiera y productiva como
de la interrelaci�n entre los mercados internos y externos; b) el aumento de la tasa de explotaci�n e
intensificaci�n del trabajo, expresado en parte en el desarrollo de una
nueva forma de interrelaci�n entre las grandes empresas por una parte y
las medianas y peque�as por otra, anudada principalmente a trav�s del
sistema de subcontrataci�n.
PROBLEMAS y
DESAF�OS QUE SE DERIVAN DE ESTAS EXPERIENCIAS
Como hemos
visto, a lo largo del siglo XX Chile ha conocido dos estrategias de
desarrollo capitalista claramente diferenciadas: durante el primer y
�ltimo cuarto de esta centuria las perspectivas de expansi�n de su
econom�a han estado basadas en una din�mica productiva y comercial
primario-exportadora; durante el segundo y tercer cuarto se esforz� en
cambio por levantar una econom�a industrial inicialmente centrada en la
sustituci�n de las manufacturas importadas. En el marco de la primera, la
actividad econ�mica responde enteramente a la din�mica que le imprime la
demanda externa. En el de la segunda, se intenta vincularla a la expansi�n
y diversificaci�n de la demanda interna, aun cuando los condicionamientos
externos, y por tanto su vulnerabilidad ante ellos, contin�an siendo
extremadamente altos.
Si bien ambas orientaciones constituyen solo
variantes de un capitalismo perif�rico, sometidos por tanto a similares
criterios de racionalidad econ�mica, en uno y otro caso los efectos
sociales y pol�ticos son tambi�n distintos. Desde un punto de vista
estrictamente econ�mico, la primera es compatible con un alto grado de
exclusi�n social puesto que los trabajadores solo cuentan como
productores, no como consumidores. De all� que se busque restringir
severamente la participaci�n popular en la toma de decisiones. La segunda
en cambio, por su propia naturaleza, junto con crear las condiciones
materiales que lo hacen posible, necesita apuntar hacia crecientes niveles
de participaci�n de los trabajadores en la demanda.16 Por ello, representa
un molde en que �stos pueden tener, en principio, mayores posibilidades de
acceder a los procesos de toma de decisi�n.
Sin embargo, el
problema principal es que, en uno y otro caso, todo esfuerzo de desarrollo
se ve enfrentado a l�mites que en el marco del capitalismo no parecen ser
superables y que consolidan la posici�n dependiente de las econom�as
perif�ricas, sea cual sea el eufemismo que se utilice para denominarlas
("subdesarrolladas" "en v�as de desarrollo""en desarrollo" o
"emergentes"). Dichos l�mites derivan de la manifiesta y onerosa
subordinaci�n de las econom�as perif�ricas a los centros metropolitanos en
�mbitos tan estrat�gicamente claves como los de las finanzas y la
tecnolog�a, lo cual se traduce en una menor productividad y competividad
en los sectores productivos m�s din�micos.
Las opciones de
desarrollo que esta situaci�n deja a las naciones perif�ricas no son
muchas. De all� que en el �mbito del comercio internacional no tengan m�s
alternativa que limitarse a identificar e intentar explotar ciertos
"nichos de mercado" en los que sus actividades productivas pueden contar
con "ventajas comparativas"(en rigor, absolutas) en el marco de la
existente divisi�n internacional del trabajo. E incluso en ese escenario,
en que los pa�ses pobres se ven normalmente afectados por un constante
deterioro de los t�rminos del intercambio, en el marco de una econom�a
capitalista se suele plantear como necesario al propio proceso de
valorizaci�n del capital el recurso a la precarizaci�n laboral y
ambiental, vale decir a la superexplotaci�n del trabajo y la depredaci�n
del medio ambiente, como principales factores de competitividad.
En
�ltima instancia, los problemas examinados llevan a considerar por tanto
la l�gica que subyace no solo al modelo neoliberal, que solo constituye su
expresi�n m�s descarnada, sino al propio sistema econ�mico-social vigente
y que explica sus resultados, as� como los criterios que pueden servir de
base a una eventual alternativa para superarlo. La controversia de fondo
en torno a los criterios de racionalidad econ�mica, que tanto la
implantaci�n del modelo de "econom�a de mercado" como su cr�tica traen a
colaci�n, ha estado de hecho permanentemente planteada en el curso de los
�ltimos veinticinco a�os en Chile, aun cuando ella, por razones obvias, no
logre alcanzar mayor visibilidad.
La cuesti�n que se discute
entonces, concerniente a los m�s convenientes mecanismos de asignaci�n de
los recursos productivos, no es nueva. Ella recorre pr�cticamente toda la
historia de las ideas econ�micas, cobrando su expresi�n m�s decantada en
la disyuntiva polar entre mercado y planificaci�n. Si bien, en rigor,
ambos t�rminos no son excluyentes, lo esencial es la primac�a que adquiere
uno u otro en la realidad econ�mica como criterio orientador de las
decisiones de inversi�n. Pero se trata de un problema que exige ser
abordado no s�lo de acuerdo a los criterios de eficiencia y eficacia
contable y del repertorio de instrumentos de control ex-ante o ex-post
disponible para tales efectos. Tanto por sus impactos sociales como por
sus implicancias de largo plazo, este problema excede ampliamente el
�mbito del an�lisis puramente cuantitativo.
En consecuencia, lo que
toda consideraci�n cr�tica de la evoluci�n de la econom�a chilena en el
siglo XX pone en juego es la necesidad de un examen m�s amplio y profundo
de los criterios de racionalidad econ�mica que rigen o pueden regir las
decisiones claves en el campo del desarrollo econ�mico y social. Si se
considera que por definici�n las inversiones deben ser �rentables�,en una
primera aproximaci�n al problema cabe consignar al menos la existencia de
dos tipos de �rentabilidad� susceptibles de plasmarse en resultados muy
diferentes: a) la privada, cuya finalidad es la
valorizaci�n del capital y su indicador clave la tasa de beneficios; b) la social, cuya finalidad es la valorizaci�n de
las personas y sus indicadores claves los grados de equidad, seguridad y
bienestar material y espiritual de la poblaci�n.
En el primer caso
lo que interesa es la rentabilidad financiera de las inversiones
individualmente consideradas, lo que depender� a su vez de la rentabilidad
financiera de las operaciones (o transacciones) a que ellas dar�n origen.
Es ello lo que permite juzgar el grado de pertinencia de las decisiones
que se adoptan. Sin embargo, la falta de equivalencia entre el inter�s
social e individual puede llegar a ser, como sabemos, muy pronunciada,
hasta el punto de significar la b�squeda de beneficios individuales
directamente a expensas de la salud y bienestar de la poblaci�n o de una
parte de ella. Incluso la sola consideraci�n del inter�s social nos
enfrenta constantemente a este tipo de problemas.
Por ejemplo, ante
la cr�tica situaci�n que suelen enfrentar los peque�os agricultores, �qu�
resultar�a m�s �rentable� desde un punto de vista social: importar
alimentos m�s baratos que los producidos internamente y cargar luego con
los innumerables problemas generados por el inevitable �xodo rural a las
ciudades o apoyar con recursos p�blicos a la agricultura campesina para
que ella pueda salir adelante? Este tipo de dilemas se nos plantea hoy con
suma frecuencia ante la realidad econ�mica y social que prevalece en
nuestro continente.
En la opci�n que se asuma habr�a que tener muy
seriamente presente el gran costo econ�mico y social que representa la
actual proliferaci�n de un sinn�mero de actividades informales, sumamente
precarias e improductivas (vendedores ambulantes de helados o confites,
cantantes callejeros, cortadores de boletos �sapos" de la locomoci�n,
cuidadores de autos, etc.) y de otras m�ltiples estrategias a�n m�s
extremas de sobrevivencia (delincuencia, prostituci�n, mendicidad, etc.),
como consecuencia social directa de las pol�ticas neoliberales puestas en
aplicaci�n.
La alternativa a esas pol�ticas es, obviamente,
desplazar el centro de gravedad de las decisiones de inversi�n desde el
�mbito del mercado al de la planificaci�n global de la econom�a, lo que
supone transitar en una direcci�n diametralmente opuesta a la que se sigue
actualmente. Pero el problema que subsiste es el de las perspectivas de
�xito que esta alternativa ofrece, dada la disociaci�n cada vez m�s
pronunciada que se constata entre los intereses del capital por una parte
y las aspiraciones de bienestar y progreso social por la otra, que
necesitan y buscan ser expresadas y sintetizadas como proyectos de
desarrollo.
El fracaso del modelo ISI ha puesto claramente de
relieve los l�mites del capitalismo perif�rico. Por tanto, la disyuntiva
que se abre ahora es la de preservar el capitalismo y aceptar la
inviabilidad del desarrollo para la periferia, o perseverar en ese
objetivo, asumiendo que para ello es preciso superar los estrechos l�mites
que a esas posibilidades de desarrollo le impone el funcionamiento del
modo de producci�n capitalista en la periferia.
El alto grado de
desarrollo ya alcanzado por el proceso de mundializaci�n de la econom�a,
plantea, sin embargo nuevos problemas. Evidencia lo ilusorio que resulta
el plantearse hoy como objetivo el desarrollo aut�nomo de un espacio
econ�mico nacional cualquiera. En ese sentido cobra plena vigencia la
sentencia de Celso Furtado: �el desarrollo es un mito! Pero de aqu� pueden
derivar conclusiones, y por lo tanto opciones, diametralmente opuestas.
Una de ellas ser�a considerar que, siendo ya inamovibles las fronteras que
traza la divisi�n internacional del trabajo la �nica chance es pugnar por
convertirse en una periferia altamente productiva y estrechamente
integrada a los mercados de las econom�as centrales, pagando para ello el
precio exigido de una apertura total. Esa es la opci�n que orienta las
pol�ticas econ�micas en el Chile actual.
Pero esa opci�n pasa por
alto el car�cter de clase, din�micas de desarrollo y consecuencias
previsibles del actual proceso de mundializaci�n. La contradicci�n
hist�rica, consustancial a toda sociedad de clase pero exacerbada hasta su
grado m�ximo por el dominio alcanzado por el gran capital transnacional,
entre el car�cter inherentemente social de la producci�n y el car�cter
individual de la apropiaci�n, est� llegando hoy a su fase culmine a escala
planetaria. El resultado de esto comienza a dibujarse ya de un modo cada
vez m�s n�tido ante nuestros ojos: a) por una
parte un foso cada vez m�s profundo se abre hoy entre s�lo dos mundos: el
de quienes a�n pueden cobijarse bajo el alero de los �ganadores� y el
ampliamente mayoritario de los �perdedores�; b)
por otra, una competencia exacerbada entre los �ganadores� por mantenerse
en calidad de tales y que por ello lleva en su seno los g�rmenes de
conflictos de magnitud y consecuencias insospechadas; c) por �ltimo, y como parte indisoluble de esa loca
carrera hacia el ��xito�, la creciente transformaci�n de las fuerzas
productivas en fuerzas destructivas guiadas por un incontrolable impulso
depredador.
En ese cuadro no resulta en modo alguno indiferente el
que al interior de los espacios econ�micos nacionales los m�rgenes de
autonom�a disponibles puedan ser mayores o menores. M�s a�n, esa
diferencia puede resultar vital no s�lo para las condiciones de vida
presente de las grandes mayor�as sino tambi�n para las perspectivas de
sobrevivencia de la humanidad, las cuales se juegan en la posibilidad de
revertir las tendencias autodestructivas actualmente en curso y superar la
crisis civilizatoria que vivimos. En eso consiste, precisamente, el gran
desaf�o que encaramos: ser capaces de abrir camino a una "econom�a de la
solidaridad "fundada en el respeto al ser humano y a la naturaleza, a�n en
el dif�cil escenario que la mudializaci�n capitalista plantea al logro de
este objetivo. Ello exige combinar el prop�sito de avanzar en esta
direcci�n con una disposici�n a encarar con pragmatismo los
problemas.
En consecuencia, el desaf�o consiste en revertir el
curso individualista y socialmente desintegrador que el capitalismo tard�o
le ha impreso hoy a la actividad econ�mica, trazando un nuevo rayado de
cancha que cautele efectivamente el inter�s de la sociedad, expresado en
un conjunto de valores y objetivos fundamentales. Ello supone modificar
sustancialmente el curso de la pol�tica econ�mica:
a) regulando los v�nculos con el exterior para
conjugar el desarrollo de las capacidades exportadoras del pa�s con el
pleno empleo y desarrollo de su capacidad de trabajo.
b) regulando los mercados de modo que a trav�s de
ellos se puedan satisfacer las necesidades sociales b�sicas haciendo a la
vez un uso eficiente de los recursos productivos.
c) haciendo que el Estado vuelva a asumir su
responsabilidad social tanto como proveedor de servicios b�sicos
(educaci�n, salud, previsi�n y vivienda) como en la planificaci�n
democr�tica de nuestro desarrollo econ�mico.
No se trata por tanto
de sofocar sino m�s bien de encauzar el interese iniciativa individual de
modo que pueda desarrollarse en clara armon�a con el inter�s de la
comunidad. Pero ese es tambi�n el l�mite de su legitimidad. Ello supone
avanzar hacia un sistema econ�mico sustentado en un r�gimen de propiedad
mixto, que combine la propiedad y gesti�n social sobre los recursos y
actividades productivas estrat�gicas con la propiedad y gesti�n privada,
individual y colectiva, sobre el resto de las actividades
econ�micas.
Tampoco se trata de confinar la actividad econ�mica del
pa�s aun a situaci�n de virtual enclaustramiento, sino de desarrollar las
vinculaciones externas en clara correspondencia con el inter�s de la
naci�n. Implica avanzar, por tanto, hacia una econom�a que al mismo tiempo
que cautela la dignidad del trabajador, recompensando equitativamente su
esfuerzo, y desarrolla una relaci�n amigable con el medioambiente,
necesita esforzarse tambi�n por ser competitiva en sus v�nculos con el
exterior, al menos mientras persista un orden econ�mico mundial como el
actualmente imperante.
El principal desaf�o consiste entonces en
lograr que los criterios de racionalidad econ�mica existentes puedan ser
efectivamente conjugados de un modo distinto, encuadrando las
consideraciones costo-beneficio formuladas a nivel microecon�mico en un
marco de opciones que sea plenamente compatible con las consideraciones
costo-efectividad que se estimen pertinentes a nivel macrosocial. Como
tantas veces se ha dicho, no es el ser humano el que debe estar al
servicio de la econom�a sino �sta la que debe servir al ser humano para
dignificar su vida y ayudarle a alcanzar su m�s plena
realizaci�n.
CONCLUSIONES
Cabr�a, a modo de resumen,
exponer en forma de tesis las principales conclusiones:
1. La econom�a de Chile entr� y sali� del siglo XX
como parte de la periferia del sistema capitalista mundial y, a pesar de
los importantes logros que el proceso de modernizaci�n experimentado ha
llevado aparejado en todos los planos, es altamente improbable que pueda
alguna vez lograr modificar su estatus en el marco de ese sistema cuyas
tendencias de desarrollo no hacen m�s que reforzar constantemente las
l�neas de la divisi�n internacional del trabajo existente entre sus �reas
centrales y perif�ricas.
2. Esa
convicci�n, fuertemente arraigada en las clases dominantes, sirve de base
al rumbo tomado por la econom�a chilena a partir del �ltimo cuarto del
siglo XX. El objetivo estrat�gico que orienta ahora las pol�ticas
econ�micas no es el del desarrollo aut�nomo sino el de lograr y
consolidar, en el marco de la econom�a capitalista mundial, el estatus de
periferia desarrollada principalmente sobre la base de actividades
primarias y de servicios altamente productivos y demandados por los
centros industriales y financieros.
3.
Sin embargo, m�s all� de la vulnerabilidad inherente a dicha estrategia,
el nuevo siglo que se inicia nos enfrenta al problema mayor de que las
contradicciones del propio escenario en el que se intenta tal inserci�n,
lejos de sustentar una perspectiva promisoria para las condiciones de vida
a que leg�timamente aspiran todos los habitantes del planeta, est�n
arrastrando a la humanidad en su conjunto a una muy profunda crisis
civilizatoria, que incluso pone cada vez m�s en cuesti�n la propia
supervivencia del g�nero humano.
4. Se
requiere, entonces, de un nuevo proyecto de sociedad, de un Nuevo Orden
Econ�mico y Pol�tico Internacional que, apoyado en formas de organizaci�n
y acci�n fundadas en criterios de racionalidad claramente diferentes a los
actuales, sustituyendo al af�n de lucro y la competencia despiadada en
torno a ese objetivo por un esfuerzo mancomunado, dirigido a brindar
efectiva satisfacci�n a las necesidades humanas en base a relaciones de
solidaridad y justicia, permita asegurar una vida digna, confortable y
segura para todos.
5. La posibilidad de
ofrecer una resistencia efectiva a las tendencias autodestructivas
actualmente en curso pasa por recomponer las diversas formas de conciencia
y voluntad colectiva, susceptibles de plasmarse en organizaci�n y
movilizaci�n social y pol�tica, buscando trascender los particularismos
hasta remontarse por sobre las fronteras para tender a la constituci�n de
acciones concertadas entre naciones que viven y sufren hoy similares
problemas de exclusi�n, explotaci�n y pobreza.
6. El gran objetivo hacia el cual ha de apuntar la
acci�n pol�tica es el de hacer socialmente gobernable la econom�a, es
decir democratizarla, de modo tal que ella pueda ser clara y efectivamente
encauzada hacia el logro y realizaci�n del bien com�n. Ello significa que,
al contrario de lo que se suele reclamarse desde las actuales microesferas
del poder, es necesario politizar las decisiones econ�micas, poniendo las
consideraciones t�cnicas al servicio de fines y objetivos sociales
expl�citamente reconocidos.
(1) Para utilizar la expresi�n con que Encina se refiri� a ella
en su conocido ensayo de 1911.
(2) Otra estimaci�n realizada
recientemente en base a pesos de 1995 (Braun et.al., 2000) arroja
resultados bastante parecidos.
(3) Junto a M�xico, Brasil,
Argentina, Uruguay y Colombia. Utilizando como fuente el libro de Ricardo
Lagos La industria en Chile: antecedentes estructurales, Instituto de
Econom�a, Universidad de Chile, 1966, sostiene que la industrializaci�n
chilena se inicia en el �ltimo cuarto del siglo XlX. Sin embargo, en rigor
este proceso es m�s antiguo ya que comienza algunas d�cadas antes, a
mediados del siglo XIX.
(4) Principalmente el cobre, la
plata, el trigo y la harina.
(5)
De las numerosas masacres con que la
clase dominante responder� a las demandas de los trabajadores a lo largo y
ancho del pa�s, sobresale por su envergadura y la absoluta falta de
escr�pulos de sus autores la que en diciembre de 1907 tiene lugar en la
Escuela Santa Mar�a de Iquique donde fuerzas del ej�rcito y la marina
disparan sobre una multitud de hombres, mujeres y ni�os dejando un saldo
de m�s de dos mil personas muertas.
(6) Con
las reservas del caso, la �nica excepci�n de importancia que podr�a
invocarse es quiz�s la de Corea, Fue por ese solo hecho amerita un estudio
en profundidad.
(7) Seg�n datos de la CORA, ese
a�o se expropiaron un total de 1.379 predios, en tanto que durante todo el
gobierno de Frei esa cifra lleg� a 1.408 (Bitar, 1995:87).
(8) Hern�n
B�chi (1992:23), ex ministro de hacienda de Pinochet, lo reconoce por lo
dem�s en forma expl�cita:�... lo que hay que tener en cuenta es que se
est� en un proceso en el cual el Estado es tremendamente fuerte y
considerar que al privatizar se est� creando un sector privado ... En
nuestro pa�s exist�a la convicci�n de que hab�a un sector privado que
pod�a comprar, pero la verdad es que tambi�n se requer�a crearlo ...a
trav�s de pol�ticas tributarias, a trav�s de la reforma de pensiones,
capitalismo popular, capitalismo laboral, etc.... Para poder crear este
espacio al sector privado el fisco redujo su tama�o de gasto fiscal del
30% del producto al 20% entre los a�os 1984-89, lo que dio un acomodo a la
reforma previsional de dos puntos, dio acomodo a una reforma tributaria
tambi�n de dos puntos; en consecuencia, cuatro puntos de capitalizaci�n
para el sector privado. Las empresas que se privatizaron significaron m�s
o menos un 10% del producto�.
(9) Seg�n la informaci�n oficial
proporcionada por las autoridades de la CORFO de aquellos a�os, entre 1973
y 1978 se devolvieron a sus due�os 350 empresas requisadas o intervenidas
durante el gobierno de la �IP. A ello hay que a�adirla venta realizada por
parte de la CORFO entre 1975 y 1982 de derechos o acciones en 135
sociedades (en 91 de ellas, mayoritarios), la transferencia al sector
privado de su participaci�n en 16 Bancos Comerciales, la venta de m�s de
600 plantas agroindustriales, bienes y pertenencias mineras y m�s de 3.000
operaciones de venta de bienes muebles. Posteriormente, durante el per�odo
19S5-19S9 se privatizaron total o parcialmente 32 grandes empresas de
propiedad de la CORFO. Un estudio posterior confirm� la existencia de
numerosas irregularidades en estas operaciones las que implicaron para el
Estado una p�rdida patrimonial superior a los 200 millones de d�lares en
cifras actualizadas a diciembre de 1989, sin considerar las deudas
pendientes que ascienden a m�s de 1.700 millones de d�lares (Abeliuk,
1992:124-126).
(10) Hay que se�alar, sin embargo, que este cambio lleva
asociado un fen�meno muy significativo al que la informaci�n oficial
apenas presta atenci�n: la explosiva expansi�n de las actividades
informales, expresivas de un masivo desempleo encubierto de la fuerza de
trabajo. Es posible adivinar la magnitud aproximada de este fen�meno
considerando las variaciones registradas en las cifras porcentuales del
empleo sectorial y teniendo presente al mismo tiempo la fuerte
concentraci�n experimentada por las actividades m�s din�micas que hacen
parte de estos mismos sectores. Lo m�s llamativo de tales cifras es que,
junto al notorio declive de la actividad industrial, permiten constatar
tambi�n el importante aumento experimentado por actividades como el
comercio y los servicios. Como es obvio, este fen�meno no guarda relaci�n,
como en los pa�ses del centro, con un mejoramiento de la calidad de vida
de la poblaci�n sino, por el contrario, con la proliferaci�n de
estrategias de sobrevivencia por parte de aquellos que se ven excluidos de
los sectores m�s modernos y din�micos de la econom�a.
(11) Hay que destacar que
gracias a sus bajos costos de producci�n, las empresas de celulosa que
operan en Chile se cuentan entre las m�s competitivas del mundo. Existe
adem�s un alto grado de concentraci�n en el sector puesto que una sola
empresa responde por m�s de la cuarta parte de las exportaciones y las
cuatro mayores suman el 50%: Celulosa Arauco y Constituci�n (26,23),
Celulosa del Pac�fico (10,46), Forestal e Industrial Santa Fe (7,12) y la
C�a. Manufacturera de Papeles y Cartones (5,51). Un examen m�s
pormenorizado de la situaci�n del sector en Quiroga y VanHauwermeiren
(1996:61-75).
(12) El ex Director de �El Mercurio� Arturo Fontaine
(1988:125-128) ofrece un sugestivo relato de las disputas generadas al
interior del r�gimen militar en torno a este punto.
(13) Un examen pormenorizado de
este punto en el primer cap�tulo del estudio sobre el desarrollo minero de
Agatino, Gonz�lez y Rojas (1998:31-48).
(14) El argumento esgrimido por
Hern�n B�chi (1992) en el sentido de que el sistema tributario est�
concebido para desincentivar el consumo e incentivar el ahorro
(identificando ahorro con ahorro privado) es falaz por dos
razones:1) porque m�s all� de cierto l�mite las familias de altos
ingresos no pueden incrementar su consumo y se hallan por tanto obligadas
a ahorrar e invertir, sean los �est�mulos� tributarios grandes o
peque�os;2) porque un incremento de la recaudaci�n tributaria del Fisco no
equivale necesariamente a un incremento del consumo ya que el Estado
tambi�n puede canalizar esos mayores recursos hacia la inversi�n.
(15) Cabe
recordar que a partir de 1985 el Banco Mundial se suma al FMI para poner
en marcha en toda Am�rica Latina las llamadas pol�ticas de �ajuste
estructural� que implican un fuerte impulso a las privatizaciones y a las
operaciones de conversi�n de la deuda externa, todo lo cual contribuye muy
significativamente a acrecentar la presencia y poder del capital
extranjero en la regi�n.
(16) Salvo que el desarrollo de
la industrializaci�n haya ido ya lo suficientemente lejos como para estar
en condiciones de sustituir exportaciones y competir en el mercado
externo, situaci�n en la que aqu�l podr�a independizarse de su sujeci�n al
mercado interno y revertirse en contra de sus propios
trabajadores.
[ Arriba
] |