Resumen:
En este artículo se hace una descripción muy esquemática
de la evolución de la economía chilena a lo largo del siglo
XX, buscando destacar los factores estructurales que han impulsado y condicionado
sus más importantes transformaciones. Su objetivo es hacer una
somera evaluación global de los principales avances y retrocesos
que, desde la perspectiva del desarrollo económico, cabe observar
en estos acontecimientos e identificar sobre esa base los principales
desafíos que aún están pendientes y las eventuales
estrategias que ellos demandan.
INTRODUCCIÓN
"Chile, en este siglo XXI, ya no es ni
será un coso de desarrollo frustrado, como lo señalara Aníbal
Pinto, refiriéndose al paso del siglo XIX al XX. Chile está
siendo, y será, un caso de desarrollo logrado, exitoso, donde los
frutos de este crecimiento y desarrollo llegan a todos los rincones y
a todos sus hijos"
Presidente Ricardo Lagos, Mensaje al Congreso Pleno, 21 de mayo de 2005
Chile entró al siglo XX firmemente tomado de la mano del salitre
y salió de él apoyado en una canasta exportadora básicamente
constituida por productos de la minería, la silvicultura, la (1)
pesca y la fruticultura con escaso grado de elaboración. Es decir,
comenzó y terminó el siglo XX sustentado en una economía
primario-exportadora, preferentemente minera, altamente dependiente de
los requerimientos que le plantean las economías industriales que
en función de las necesidades que nacen de su propio desarrollo,
conforman los principales mercados de destino de sus productos.
En el ínter tanto sus élites intelectuales y sus círculos
gobernantes tomaron conciencia de la comparativa "inferioridad"
de su economía, levantaron diversas hipótesis para explicárselo
y diseñaron luego en base a ellas estrategias que se esforzaron
por implementar con el propósito de superar esa condición.
El desarrollo económico, concebido como sinónimo de industrialización,
se convirtió por largo tiempo en el objetivo central de las políticas
públicas desplegándose desde el Estado un gran esfuerzo,
plasmado en múltiples e importantes iniciativas, para avanzar en
esa dirección.
Pero, en las condiciones del capitalismo dependiente latinoamericano del
siglo XX y en un marco de compromiso con una estructura interna de privilegios
oligárquicos la postre esos esfuerzos se evidenciaron infructuosos.
Hoy día predomina en los círculos gobernantes de Chile un
clima de general escepticismo con respecto a las posibilidades de cualquier
proyecto de industrialización autónomo, dados los fuertes
y al parecer insuperables condicionamientos que en ese plano imponen las
crecientes brechas que abre el proceso de concentración y centralización
financiera y tecnológica que es inherente al funcionamiento de
la economía capitalista mundial.
Para no desentenderse completamente de
él se procede entonces a modificar el significado y alcance del
propio concepto de desarrollo. Se lo reduce ahora exclusivamente al logro
de un crecimiento económico lo más dinámico posible,
basado en la producción y exportación de aquellos productos
primarios en los que Chile exhibe claras ventajas competitivas. Se abandona
así toda preocupación especial por la naturaleza de la estructura
productiva capaz de sustentar en el largo plazo ese crecimiento, modificándose
también los modelos que le sirven de referencia: ya no los ejemplos
clásicos de industrialización exitosa sino los "nuevos
países industrializados" del sudeste asiático. Se mantiene,
empero, la expectativa de que éste vaya acompañado también
de crecientes grados de "equidad" según lo demanda la
conocida fórmula acuñada por la CEPAL.
Esto último, sin embargo, tiende a quedar solo en el discurso.
Su significado, grado de urgencia y modo de lograrlo dista de generar
consenso en los círculos gobernantes ya que tratándose de
un objetivo que el libre funcionamiento del mercado no garantiza, supondría
en principio una activa intervención del Estado tras el propósito
de distribuir al menos parte de los frutos del crecimiento y contrarrestar
así las inherentes tendencias del sistema a generar la exclusión
de amplios sectores de la población. Intervención que, como
se sabe, iría completamente a contrapelo del credo económico
dominante. De allí que se apele a la educación como mecanismo
de movilidad social.
Lo cierto sin embargo es que la idea misma de una posible vía de
desarrollo autónomo, capaz de permitir un crecimiento económico
autosostenido, se ve ahora descartada y su lugar es ocupado por políticas
de inserción en la economía mundial que, desde la actual
posición periférica de la economía chilena solo le
permiten operar como proveedora de materias primas y alimentos, y probablemente
de servicios para la región. En el marco de esta opción
estratégica, lo que se intenta identificar es el modo maximizar
los potenciales beneficios que ofrece y minimizar los costos que demanda
a cambio este escenario económico internacional cada vez más
globalizado.
En rigor, la marcha de los acontecimientos no avala, por tanto, la afirmación
del Presidente Lagos invocada como epígrafe de este documento.
Por el contrario, y sin que ello implique desconocer o subestimar la importancia
del continuo, pero a la vez desigual, proceso de modernización
experimentado en los diversos ámbitos de la vida nacional torna
mucho más plausible sostener que la evolución de la economía
chilena en el siglo XX volvió a arrojar como resultado una fundamental
frustración de los esfuerzos desplegados en pos de un desarrollo
efectivo, que le permitiese superar su secular condición de economía
periférica y dependiente.
¿Cómo explicarse esta situación? ¿Qué
significado reviste lo ocurrido durante el último siglo para que
llegásemos a este resultado? Para responder a tales interrogantes
es preciso hacer un examinen pormenorizado de las transformaciones más
relevantes experimentadas por la economía chilena a lo largo de
este siglo, buscando identificar las fuerzas tanto internas como externas
que las han impulsado y el modo como ellas finalmente se articulan para
arrojar los resultados que conocemos. Por su enorme alcance y complejidad,
una tarea de esa envergadura escapa ampliamente a las posibilidades de
este ensayo.
En consecuencia, sólo realizaremos aquí una descripción
muy esquemática de ellas. Primero haremos un breve cotejo del cuadro
que la realidad económica y social del país exhibe a comienzos
y a fines de esta centuria. Pasaremos luego revista a los principales
acontecimientos que caracterizan cada uno de los tres grandes periodos
que marcan la evolución de la economía chilena entre uno
y otro momento. Finalmente, intentaremos realizar una evaluación
de los avances y retrocesos que cabe imputar a estos acontecimientos desde
la anhelada perspectiva del desarrollo económico e identificar
los principales desafíos y eventuales vías de superación
de los problemas a que la situación actual nos confronta.
CHILE ENTRE DOS ÉPOCAS
No parecería aventurado sostener, valiéndose de aquella
dicotomía clásica acuñada en el ámbito de
la sociología decimonónica, que éste ha sido el siglo
que ha presenciado el tránsito del país desde la sociedad
tradicional a la moderna. Ello, considerando que a comienzos del siglo
XX Chile es aún una sociedad predominantemente rural, con una población
mayoritariamente sumida en la pobreza y la ignorancia, gobernada por una
oligarquía terrateniente y basada en una economía preferentemente
minero-agrícola, lo que ofrece un contraste suficientemente claro
con la fisonomía que exhibe el Chile actual en la mayor parte de
esos aspectos.
Aunque ello suscita de inmediato un sinnúmero de cuestiones, ampliamente
debatidas, sobre el carácter de aquellas actividades económicas
"tradicionales" la naturaleza de las motivaciones que las rigen
y orientan, el carácter y significación de sus vínculos
con la economía mundial y, en definitiva, sobre la naturaleza de
la propia formación social en su conjunto, no es nuestro propósito
pasar aquí revista a estos problemas. Nos limitaremos, por tanto,
a registrar en forma resumida los contrastes más significativos
que el proceso de modernización, que en consonancia con la época
que vivimos ha experimentado el país en todos los planos a lo largo
del siglo XX, hace posible constatar entre el Chile del 1900 y el Chile
del 2000.
A comienzos del siglo XX la población de Chile bordea los tres
millones de habitantes. Al término de la centuria ese volumen de
población se habrá quintuplicado llegando a contabilizar
casi quince millones de habitantes, A partir de los años treinta
las tasas de natalidad y de mortalidad comienzan a distanciarse por el
rápido descenso de la segunda, para volver a converger posteriormente,
durante los años sesenta, en un descenso conjunto que, situándolas
a ambas en niveles relativamente bajos, terminan por completar la transición
demográfica. Más recientemente la pirámide demográfica
ha comenzado a angostar su base y a ensanchar su vértice de modo
que el país comienza a experimentar un progresivo envejecimiento
relativo de su población, siguiendo las tendencias que en este
plano se observan en las economías desarrolladas.
A lo largo del siglo XX se experimenta también un continuo desplazamiento
de la población desde las áreas rurales a las localidades
urbanas. A comienzos de los años treinta el número de personas
que viven en estas últimas ha llegado ya a igualar el de quienes
habitan las zonas rurales. A partir de entonces la brecha entre el porcentaje
de personas que viven en zonas urbanas y rurales no cesará de incrementarse,
dando cuenta de un fuerte y sostenido proceso de urbanización.
Un fenómeno concomitante es el de la creciente concentración
de la población en un reducido número de ciudades y muy
particularmente en la capital. En efecto, a comienzos de siglo solo alrededor
del 15 % de la población total del país vive en Santiago
y sus alrededores. A fines de siglo ese porcentaje superará el
40 %.
Al igual que en otros países de América Latina, este proceso
de urbanización ha ido acompañado por el progresivo surgimiento,
en los márgenes de las grandes ciudades, de importantes cordones
de miseria. La falta de puestos de trabajo suficientes para satisfacer
las expectativas de quienes llegan desde las zonas rurales en busca de
mejores oportunidades de empleo, y la aguda escasez de viviendas para
cobijarlos, van haciendo surgir en forma inorgánica extensas barriadas
en que se aglomeraren condiciones muchas veces infrahumanas, miles de
familias, configurando con ello uno de los rasgos más característicos
y visibles del capitalismo periférico.
Junto con el crecimiento de su población, a lo largo del siglo
XX Chile ha conocido también un crecimiento muy significativo de
su economía. Aunque no existen datos precisos sobre el volumen
del producto a comienzos de siglo, se han efectuado numerosas estimaciones
que permiten calibrar la magnitud de este crecimiento. Según lo
manifestado recientemente por una alta autoridad del Banco Centrarse considera
que, estimado según paridad de poder adquisitivo en dólares
de 1995, el producto interno bruto por habitante era de aproximadamente
US$ 2.300, en el año 1900, empinándose a los US$ 11.200
en el año 2000 (0valle, 2001) (2).
En definitiva, esto significa que en términos reales, a lo largo
del siglo XX el producto por habitante se habría quintuplicado.
Ello se refleja en una apreciable mejora de las condiciones generales
de vida de la población, aun cuando, junto con ello, sea dable
constatar también la persistencia de abismales desigualdades sociales.
A este respecto, a lo largo del siglo XX es posible observar dos tendencias
claramente contrapuestas: hacia una creciente atenuación de las
desigualdades primero, tendencia que se extiende hasta 1973, y luego un
fuerte retroceso hacia grados de desigualdad muy elevados. La muy desigual
distribución de la riqueza y del ingreso, rasgo característico
del sistema económico-social imperante, se ve fuertemente acrecentado
en una economía periférica como la chilena por la comparativamente
baja productividad de la mayor parte de las actividades que la constituyen,
los bajos salarios, la precariedad de las condiciones laborales, el alto
nivel de desempleo abierto o encubierto de la fuerza de trabajo y la inexistencia
de efectivas políticas redistributivas.
Sin duda, un aspecto clave en la historia económica Chile en el
siglo XX ha sido la gran incidencia alcanzada por el capital extranjero
en sectores productivos de importancia estratégica para el desarrollo
del país. Al despuntar el siglo la potencia hegemónica del
capitalismo mundial es Inglaterra, cuyos intereses se hacen sentir ya
fuerte y directamente sobre la economía chilena. En efecto, capitales
británicos detentan el control prácticamente total del salitre,
su principal fuente de acumulación. Un cuarto de siglo más
tarde, EEUU desplazará definitivamente a Inglaterra de ese sitial
y pasará a desempeñar en la economía chilena un rol
cuya importancia, bajo diversas modalidades, no ha cesado de incrementarse
desde entonces. Hoy la economía chilena se halla en alto grado
controlada por el capital extranjero, aun cuando la presencia directa
de los inversionistas estadounidenses se ha tornado menos visible que
a mediados de siglo.
Como resultado de la acción publicaren el ámbito de la educación
y la salud se han registrado también grandes avances en el curso
del último siglo. Cabe constatar una apreciable mejora de la calidad
y una notable expansión de la cobertura del sistema educativo en
todos sus niveles, tornando crecientemente marginales las tasas de analfabetismo.
Estas últimas, que a comienzos de siglo se empinaban por encima
del 60% de la población no llegan en el año 2000 al 4%.
En el campo de la atención de salud a la población se ha
desplegado una acción sostenida logrando bajar significativamente
las tasas de mortalidad, erradicar numerosas enfermedades contagiosas
y otorgar una atención materno-infantil de amplia cobertura.
Por otra parte, el Estado ha comprometido su acción en el desarrollo
de vastos planes de construcción de viviendas y obras de infraestructura,
que han permitido incrementar el empleo, cobijara las familias, ordenar
los espacios territoriales, elevar la conectividad y dinamizar las actividades
productivas. No obstante, son muchas las familias que aún carecen
de vivienda o que viven hacinadas en construcciones extremadamente precarias,
normalmente localizadas en los márgenes de las grandes ciudades,
desprovistas de la infraestructura necesaria y constantemente afectadas
por graves problemas de inseguridad.
Finalmente, el siglo XX ha sido también testigo de una importante
modernización del sistema político-institucional, pero que,
en estrecha consonancia con lo acontecido en el terreno económico,
en su evolución dio lugar a dos tendencias de signo contrario:
abriendo paso primero a grados crecientes de democratización y
participación ciudadana en las decisiones y revirtiendo luego esa
tendencia con la imposición de un régimen político
totalitario, brutalmente represivo, seguido en la última década
de esta centuria de un sistema político-institucional revestido
de ropajes democráticos pero premunido de múltiples restricciones
a la participación popular.
En síntesis, puede afirmarse que, en términos globales,
Chile ha experimentado en el siglo XX un importante proceso de modernización
que ha abarcado prácticamente todos los ámbitos de la vida
social. Sin embargo, como ya se ha señalado, especialmente con
referencia a los actuales problemas de desigualdad social y falta de democratización
del sistema político, éste no ha sido un proceso de avance
unidireccional. Por el contrario, a lo largo del siglo XX Chile ha conocido
sucesivamente periodos que representaron primero importantes avances y
luego graves retrocesos en las condiciones de existencia de su población.
En términos gruesos, se podría afirmar que durante el primer
cuarto del siglo XX prima un esquema de economía abierta completamente
dependiente de los requerimientos que le plantean los centros industriales
del sistema capitalista mundial. Durante el segundo y tercer cuarto del
mismo se impone en cambio un esquema de economía "cerrada"
que se orienta a fomentar y proteger el desarrollo de una industria manufacturera
nacional, impulsado con el propósito de reducir primero y superar
después su condición de economía periférica
y dependiente. El último cuarto de siglo es testigo en cambio de
una reversión total de la dirección adoptada durante la
fase precedente, restableciéndose en forma decidida el esquema
de economía abierta prevaleciente hasta la crisis del periodo de
entreguerras.
Esto último permite explicar, al menos en parte, la gran vulnerabilidad
de los cimientos sobre los que actualmente se basan los logros antes reseñados
y el sinnúmero de problemas que este proceso modernizador ha dejado
sin resolver. Es conveniente, por tanto, observar con alguna proximidad
los grandes cambios que en materia de visión estratégica
y políticas económicas se impusieron en Chile a lo largo
del siglo XX. En este entendido, examinemos brevemente primero las principales
vicisitudes experimentadas por la economía chilena a lo largo de
este siglo y luego las principales enseñanzas y problemas que estos
acontecimientos ponen hoy ante nosotros.
LA ECONOMÍA ABIERTA DE INICIOS DEL SIGLO
XX
En su tipología de las economías latinoamericanas, Vania
Bambirra (1973) sitúa a Chile entre los países de la región
que conocen una industrialización más temprana (3).
Siendo ello efectivo, da cuenta de un proceso de incipiente diversificación
interna de la economía chilena, que teniendo su origen en el siglo
XIX, inevitablemente conlleva una lenta pero creciente diferenciación
de su estructura social. Sin embargo, en las primeras décadas del
siglo XX continúan imperando sin contrapeso en Chile las políticas
de libre comercio que rigieron a lo largo de todo el siglo XIX.
No hay, por tanto, una estrategia de desarrollo. El cambio más
significativo que es dable observar desde fines del siglo XIX en la estructura
productiva del país es que, como consecuencia del pronunciado declive
de la demanda y de los precios que a partir de la crisis mundial de 1873
afectó a los productos que fueron característicos del primer
auge exportador de la economía chilena en el curso de esa centuria
(4) y de la ulterior anexión de los
territorios salitreros como resultado de la guerra del Pacífico,
la vinculación de ésta con el mercado mundial se apoya a
partir de 1880 en la exportación de un solo producto, el salitre.
Esto lleva aparejado un cambio aun más significativo en el plano
de las relaciones de propiedad, y por lo tanto de poder, que se imponen
en la economía del país. En efecto, el salitre comienza
a ser controlado en su mayor parte por compañías que, en
el contexto del conflicto, pasaron a manos de capitales británicos
y que posteriormente logran desplazar a los capitales chilenos preexistentes
en ese rubro. De este modo, por vez primera en la historia de Chile como
país independiente, el sector más dinámico de su
economía y principal fuente de acumulación de capital queda
bajo control directo del capital extranjero, profundizando así
su situación de dependencia.
En 1906, con el inicio de la explotación del mineral de El Teniente
por la compañía estadounidense Braden Copper, se comenzará
a constituir lo que será conocido en Chile como la "gran minería
del cobre" sector que tras la crisis mundial de 1929 y el irreversible
declive del salitre se va a convertir en el principal pilar de la economía
chilena hasta nuestros días. A la entrada en explotación
de EI Teniente se sumará luego, a partir de 1915, la extracción
a gran escala de este mineral en Chuquicamata por parte de la ChileExploration
y la inauguración en 1927 de una planta de procesamiento en el
mineral de Potrerillos por la Ancles Copper, ambas compañías
también de capitales estadounidenses.
En estrecha correspondencia con la transformación de la estructura
productiva, puede advertirse también una creciente diversificación
en el plano social. Si bien el movimiento obrero se venía gestando
desde mediados del siglo XIX, poniendo sobre el tapete de la política
chilena la "cuestión social'; la explotación del salitre,
con las grandes concentraciones de trabajadores que genera en torno a
sus faenas, constituirá el escenario propicio para su consolidación
como sujeto protagónico de la historia social y política
del país a partir de fines del siglo XIX. Allí se formarán
sus primeras organizaciones de masas, surgirán sus líderes
más destacados, se entablarán sus primeras grandes luchas
y será también víctima de la más brutal represión
(5).
En el plano político, las dos primeras décadas del siglo
XX exhiben el predominio hegemónico de la oligarquía terrateniente
que administra directamente los asuntos del Estado a través de
un régimen de cuño parlamentario. Se trata de un régimen
político que le permite actuar como una clase rentista, usufructuando
de los excedentes del salitre que son captados por el Estado a través
de los tributos que éste le aplica. De una oligarquía que,
actuando en estrecha y alegre connivencia con los capitalistas británicos,
dilapidará desaprensivamente aquella parte de los frutos de la
bonanza salitrera que llega a sus manos.
Por otra parte, Chile continúa padeciendo fuertemente los embates
de las crisis económicas que se desencadenan periódicamente
en las economías centrales o de los cambios que allí, los
principales mercados de destino para sus productos exportables, sufre
la demanda de los mismos. Así ocurre a comienzos del siglo XX con
el salitre cuya demanda como fertilizante va siendo progresivamente desplazada
por su sustituto sintético, el sulfato de amonio. No obstante,
como materia prima para la fabricación de explosivos, su demanda
vuelve a crecer a consecuencia de la primera guerra mundial, para volver
a caer una vez que el conflicto llega a su fin.
En este cuadro de inestabilidad económica, provocada por los altibajos
que experimenta su principal actividad productiva de despiadada explotación
de los trabajadores, cunde el malestar en la población, dando origen
a un creciente fermento de protesta social. Esta situación va a
cobrar expresión en el plano político con ocasión
de la elección presidencial del año 1920. Venciendo la resistencia
de los sectores más conservadores de la oligarquía dominante,
esa elección llevará a La Moneda a Arturo Alessandri quien
durante su campaña enarbola un programa de reformas que logra despertar
un amplio eco en la población. Con ello comienza a modificarse
el escenario político prevaleciente hasta entonces, emergiendo
esta vez el pueblo llano como un elemento importante del mismo.
Se inicia entonces un proceso de cambios político-institucionales
que se plasman en la promulgación del Código del Trabajo,
la separación de la Iglesia y el Estado, la creación del
Banco Central, de la Contraloría General de la República
y la aprobación de una nueva Constitución, esta vez de carácter
claramente presidencialista, en 1925. Sin embargo, desde la perspectiva
de la evolución económica del país, el punto de inflexión
que abrirá paso a un viraje significativo en materia de política
económica, dando inicio a un proceso de transformación profunda
de la estructura productiva del país, se sitúa algunos años
después, en la álgida coyuntura creada por la crisis económica
mundial de 1929.
Según lo consigna un informe de la Sociedad de las Naciones, Chile
resultó a la postre ser el país más fuertemente afectado
por esta crisis. Los impactos sobre su economía fueron devastadores
puesto que el volumen y precio de sus productos de exportación
(salitre y cobre) caen en picada y con ello los ingresos en divisas en
que se basa su capacidad de importar. En consecuencia, los vínculos
comerciales entre Chile y la economía mundial, a través
de los que el país obtenía la mayor parte de los bienes
manufacturados que necesitaba se ven abruptamente rotos.
A la severidad con que la crisis golpea a la economía chilena de
entonces contribuye significativamente la actitud de expectativa gubernamental
que nace de la confianza en las supuestas virtudes autocorrectivas de
los mercados en el marco existente. Esa actitud, ampliamente arraigada
en los círculos gobernantes de entonces, la gráfica magníficamente
una célebre afirmación atribuida a Ramón Barros Luco,
uno de los presidentes de aquella época: Hay
dos tipos de problemas: los que se solucionan solos y los que no tienen
solución". En consecuencia, resulta completamente inútil
intentar hacer algo desde el gobierno.
Impacto
de la gran depresión sobre la economía chilena (Porcentajes) |
|
Situación
en 1932 con resp.a 1929 |
Situación
en 1938 con resp.a 1929 |
PGB |
-45,8 |
-7,3 |
Exportaciones |
-81,4 |
-38,4 |
Precios exportación salitre |
-59,0 |
-45,2 |
Volumen exportación salitre |
-78,5 |
-56,8 |
Precios exportación cobre |
-69,3 |
-44,8 |
Volumen exportación cobre |
-71,4 |
-10,1 |
Importaciones |
-86,8 |
-68,7 |
PGB/Cápita |
-48,2 |
-16,1 |
Fuente:
Sáez, citado por Meller (1996) |
De este modo, sin que nadie se lo proponga,
forzada por las circunstancias de esta crisis, surge en el país
la necesidad de abastecerse a sí mismo de los bienes elaborados
que hasta entonces se importaban. La economía chilena comienza
a transitar entonces por un camino que la irá apartando progresivamente
del esquema librecambista reconocido y aplicado hasta entonces. Así,
en forma cada vez más profunda y consistente, el país se
irá involucrando en un curso de acción que finalmente llegará
a constituirse en una estrategia, esta vez deliberadamente asumida, de
desarrollo "hacia adentro" centrada en la industrialización
por sustitución de importaciones. El llamado "modelo ISI".
DEL DESARROLLO HACIA AFUERA AL DESARROLLO HACIA
ADENTRO
El periodo que se abre con la crisis de 1929 y la creciente sustitución
de importaciones de bienes manufacturados se extenderá finalmente
por espacio de cuatro décadas; más exactamente, hasta el
golpe de Estado que en 1973 derroca al gobierno del Presidente Allende.
Los sectores que entonces, apoyados en la dictadura militar encabezada
por Pinochet, toman el control del país, darán inicio luego
a un nuevo y radical viraje en materia económica para llevarlo
de vuelta hacia el esquema de libre comercio y "crecimiento hacia
fuera" prevaleciente en los inicios del siglo XX.
En la experiencia chilena de crecimiento hacia adentro cabe distinguir
al menos tres fases principales: una primera de continua y gradual expansión
del impulso industrializador que se extiende hasta comienzos de los años
cincuenta; una segunda fase en que la economía comienza a evidenciar
crecientes dificultades para mantener vigente el empuje de los primeros
años, llevándose finalmente a cabo un intento por recuperar
el dinamismo de la primera fase a través de un ambicioso programa
de reformas; por último, la coyuntura de crisis terminal de la
estrategia articulada durante este periodo que plantea la disyuntiva de
superar el capitalismo para tornar medianamente viable un proyecto nacional
de desarrollo o apuntalar el sistema descartando definitivamente como
ilusoria toda pretensión desarrollista?
EL IMPULSO INICIAL
El periodo que se inicia con la abrupta crisis de 1929 y sus graves y
prolongados efectos sobre la economía del país, conlleva
en sus primeros momentos un inevitable desconcierto de las clases dominantes
acompañado de un explosivo descontento de las clases dominadas.
El progresivo deterioro de la situación económica del país
provoca a mediados de 1931 la caída del gobierno de Ibáñez
y una sucesión de gobiernos de corta duración entre los
que se cuenta la llamada "república socialista” con
una efímera existencia de tan sólo 12 días. El clima
de convulsión social y política que se vive en aquellos
días cuenta entre sus episodios más relevantes la insurrección
de la Armada y algunos conatos insurreccionales menores en algunas ciudades
del país, situación de inestabilidad que se prolonga hasta
fines de 1932.
Como ya se ha dicho, el efecto inmediato de la crisis en el plano económico
es una aguda escasez de medios de pago internacionales lo que en julio
de 1931 llevará al gobierno chileno a decretar la suspensión
del pago de la deuda externa. Esta adversa situación extrema crea
condiciones propicias para el despliegue y desarrollo de iniciativas productivas
orientadas a sustituir importaciones. En tales circunstancias, dichas
iniciativas no podrán dejar de contar con el decidido apoyo del
Estado, aun cuando éste no disponga aún de una política
clara y consistentemente orientada en tal sentido.
El creciente protagonismo del Estado en la economía va a alcanzar
su apogeo durante el periodo de los gobiernos radicales, a partir de la
creación de la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO) en 1939. Desde entonces, el proceso de industrialización
por sustitución de importaciones que ya venía gestándose
durante los años precedentes, cobra un impulso inusitado. Se debe
tener presente que siendo éste también el periodo en que
los países industrializados se enfrentan unos a otros en los escenarios
de la Segunda Guerra Mundial, los vínculos comerciales entre el
norte y el sur se mantienen sumamente debilitados.
A través de la CORFO, el Estado se involucra de lleno entonces
en el fomento de la industria nacional, asegurando la provisión
de asistencia técnica y crediticia a las iniciativas empresariales
que se desarrollan en el ámbito productivo, levantando catastros
y realizando estudios sobre las potencialidades y requerimientos de los
diversos sectores de la economía, trazando ambiciosos planes de
desarrollo para cada uno de ellos y comprometiéndose en el diseño
y ejecución de las grandes obras de infraestructura que todo ese
esfuerzo requería. Paralelamente, el Estado pondrá en aplicación
medidas proteccionistas para asegurar la viabilidad de este esfuerzo de
desarrollo industrial y, además de brindar su apoyo a la iniciativa
privada, asumirá directamente, a través de la CORFO, un
sinnúmero de iniciativas empresariales de diversa magnitud.
En este sentido, los primeros diez años de la CORFO serán
también los de sus más grandes realizaciones. Como se ha
resaltado con frecuencia, los pilares de una economía industrial
moderna son, ante todo, el acero y la electricidad. Buscando avanzaren
esta dirección, la CORFO se da a la tarea de electrificar al país,
creando la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), la que comenzará
a construir una importante red de centrales generadoras, tanto termoeléctricas
como hidroeléctricas, y el tendido de transmisión correspondiente,
que permiten dar al país la cobertura necesaria. En cuanto al acero,
por iniciativa de CORFO se crea la Compañía de Acero del
Pacífico (CAP) y se da inicio en 1947 a la construcción
de un alto horno en Huachipato, en las inmediaciones de Concepción,
el cual entrará en funciones tres años después.
Dados los crecientes requerimientos de hidrocarburos que todo el esfuerzo
de industrialización lleva aparejado, la CORFO dará inicio
también a una intensa labor de prospección en busca de yacimientos
petrolíferos. Esta búsqueda resultará finalmente
exitosa en la zona del estrecho de Magallanes. Se adopta entonces la decisión
de crear la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la que dará
inicio a las tareas de extracción y refinación, todo lo
cual va a permitir satisfacer con recursos propios al menos una parte
de la creciente demanda interna de combustibles.
Conjuntamente con ello el Estado adopta un conjunto de iniciativas tendientes
a mejorar significativamente la red de transportes y comunicaciones. Se
da un renovado impulso a la marina mercante nacional, a los ferrocarriles
y al transporte aéreo, sectores todos en los que el esfuerzo del
Estado se hace presente a través de sus propias empresas, y se
despliega una intensa y sostenida labor dirigida a ampliar y modernizar
la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeronáutica del
país.
Aun cuando en este primer periodo no se adoptan medidas para modificar
la anacrónica estructura de propiedad de la tierra, dominada aún
por el latifundio, el sector agrícola no permanecerá al
margen del gran esfuerzo modernizador impulsado por el Estado. Este último
adopta iniciativas tendientes a mejorar y diversificar los cultivos, robustecer
la infraestructura de regadío, acopio, tratamiento y transporte,
fomentar la maquinización de las labores agrícolas, mejorar
la calidad de las semillas y extender el uso de fertilizantes, mejorar
y diversificar la ganadería y las labores industriales conexas
a ella, incentivar la plantación de especies forestales, etc. Especial
atención merece la actividad de fomento de ciertos cultivos industriales
como los de oleaginosas y remolacha azucarera. En 1953 la CORFO crea la
Industria Azucarera Nacional (IANSA) que levantará plantas de elaboración
en distintos puntos de la zona central del país.
Por otra parte, el surgimiento y crecimiento de un sector industrial manufacturero
en la economía chilena llevará aparejada una mayor diversificación
de la estructura social del país, fortaleciendo la presencia de
aquellos sectores que, sea en calidad de empresarios o de trabajadores
asalariados, se hallan más directamente involucrados en este tipo
de actividades. A su vez, la progresiva participación del Estado
en el fomento y protección de este desarrollo industrial como en
la organización de los servicios productivos y administrativos
requeridos por él, y también por la creciente urbanización
que acompaña a todo proceso de industrialización, dará
origen a una dinámica expansión de las capas medias.
El impacto en Chile de la profunda y prolongada crisis económica
que afecta a la economía capitalista mundial en el periodo de entreguerras,
así como los cambios que ella desencadena en la esfera productiva
y en la estructura social del país, se expresarán también
en una importante modificación del escenario político con
la aparición y/o creciente influencia que adquieren las corrientes
más claramente representativas de los sectores antes aludidos:
los partidos obreros por una parte, basados en una ideología socialista,
y los partidos radical primero y demócrata cristiano posteriormente,
premunidos de programas de corte más bien modernizante, pasan a
desempeñar un rol protagónico en la vida política
del país.
INESTABILIDAD Y TENDENCIA AL ESTANCAMIENTO
Tras una primera década de importantes avances, el dinamismo del
desarrollo industrial comenzó a decaer, evidenciándose incapaz
de llevar al conjunto de la economía a alcanzar altas tasas de
crecimiento. Junto con ello persisten y tienden a agravarse problemas
que se arrastran de lejos como la inestabilidad monetaria, expresada en
persistentes tendencias inflacionarias, y las grandes y ominosas desigualdades
sociales. Los reiterados fracasos de los intentos de estabilización
puestos en aplicación en esta segunda fase del periodo ISI dan
cuenta de la profundidad y multicausalidad de los problemas que se acumulan.
La necesidad de hacerles frente y superarlos exige, por tanto, identificar
satisfactoriamente sus causas y estar en condiciones de llevar a la práctica
una estrategia que esté a la altura del desafío planteado.
Los principales problemas parecen tener su origen en la creciente complejidad
de los desafíos inherentes al propio proceso de industrialización,
la estrechez y segmentación de los mercados internos con la correspondiente
insuficiencia de la demanda, la elevada y onerosa dependencia de la economía
nacional con respecto a los principales centros industriales, financieros
y tecnológicos del capitalismo mundial, el creciente deterioro
de los términos del intercambio, el insuficiente nivel alcanzado
por el valor de las exportaciones, el ostensible retraso de la agricultura,
que se evidencia crecientemente incapaz de acompañar el ritmo de
crecimiento de la población y el desplazamiento de la misma hacia
los centros urbanos, y el consecuente acrecentamiento de los conflictos
de interés entre los diversos grupos sociales.
Todo ello va planteando la imperativa y cada vez más urgente necesidad
de cambios institucionales y rectificaciones profundas en el diseño
global de las políticas económicas puestas en aplicación.
La creciente explosividad del descontento social que se acumula y que
se torna cada vez más preocupante para los intereses dominantes,
sobre todo tras la radicalización política detonada por
el triunfo de la revolución cubana, llevará a elaborar programas
de reforma orientados a operar una mayor y más consistente modernización
de las estructuras productivas, en particular, de las prevalecientes en
la agricultura. Es así que, en el marco de la "Alianza para
el Progreso la nueva política impulsada por EEUU para la región,
se contempla como muy necesaria una reforma agraria.
En Chile, la fuerza política que tomará a su cargo el desafío
de llevar a cabo un programa de modernización capitalista de mayor
envergadura será la Democracia Cristiana que, encabezada por Eduardo
Frei, tendrá a su cargo la conducción del país durante
la segunda mitad de la década de los años sesenta. Bajo
el gobierno de Frei cobra efectivo impulso la reforma agraria, orientada
simultáneamente a modificar la estructura de propiedad de la tierra,
incorporando a ella a una parte de los campesinos, y a modernizar los
métodos de cultivo. Los organismos encargados de impulsar este
proceso serán la Corporación de la Reforma Agraria (CORA)
y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
Paralelamente, buscando superar el cuello de botella que representa la
débil capacidad de generación de divisas de las exportaciones,
e impulsa una nueva política para la gran minería del cobre.
En el sector cuprífero, calificado por Frei como "la viga
maestra" de la economía chilena, se aspira a lograr una expansión
significativa de su capacidad productiva y una mayor participación
del Estado en sus cuantiosas utilidades. Tras esos objetivos, y bautizándola
con el nombre de "chilenización" del cobre, el gobierno
impulsa la asociación entre el Estado chileno y las empresas norteamericanas
que explotan el mineral, la que se llevaría a efecto en base a
un aporte de capitales del primero que permitiría financiar la
expansión y modernización de sus instalaciones requerida
para lograr la meta de duplicar su capacidad productiva.
Otro aspecto clave de las políticas impulsadas bajo este gobierno
apunta a poner en marcha un proceso de integración regional a escala
continental que, en conjunto con la creciente incorporación de
los campesinos a la demanda, permitiese proveer al proceso de industrialización
de una base más amplia que la ofrecida exclusivamente hasta entonces
por el mercado interno, incapaz de permitir economías de escala
acorde con las posibilidades tecnológicas de la época y,
por tanto, de las necesidades planteadas en el plano de la competitividad.
De allí que en el terreno internacional el gobierno de Chile impulse
decididamente la creación del Pacto Andino el cual se constituirá
en 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena.
En ciertas áreas del sector industrial consideradas de importancia
estratégica para el desarrollo del país, como por ejemplo
la petroquímica, el gobierno de Frei impulsará también
la creación de empresas mixtas entre el Estado chileno y el capital
extranjero. Se acomete asimismo la construcción de grandes plantas
de celulosa y se fomenta la instalación de plantas de fabricación
o armado de bienes de consumo durable como la producción de vehículos
motorizados y de artículos electrónicos. Paralelo a ello
se promueven iniciativas destinadas a mejorar el sistema tributario, fortalecer
la investigación asociada a distintos sectores de la producción,
elevar la capacitación de la fuerza de trabajo, modernizar la infraestructura
de obras públicas, transportes y comunicaciones, etc.
Sin embargo, tras un comienzo auspicioso, la política de modernización
y reformas impulsadas por el gobierno de Frei no logrará superar
los cuellos de botella que entrampan severamente el crecimiento de la
economía chilena, tras los cuales es posible descubrir la sorda
pugna de intereses que enfrenta a los distintos actores en el escenario
social y político del país, reduciendo significativamente
los márgenes de acción gubernamental. En definitiva, como
se muestra en el cuadro, las políticas aplicadas terminarán
reeditando un desempeño en general mediocre, completamente incapaz
de satisfacer las expectativas de la mayoría de la población.
Ello vuelve a poner de relieve la profundidad de la crisis que afecta
al modelo económico prevaleciente y la necesidad de un cambio también
profundo en la estrategia de desarrollo económico del país.
Principales resultados económicos del
gobierno de Frei (Porcentajes)
|
Año |
Tasa de crecimiento
del gasto del PGB |
Tasa de inflación
(doce meses) |
Tasa de
desocupación |
Tasa de inversión
(dic. cada año) |
1965 |
5,0 |
25,9 |
4,7 |
18,1 |
1966 |
7,0 |
17,0 |
5,4 |
17,4 |
1967 |
2,3 |
21,9 |
6,4 |
15,7 |
1968 |
2,9 |
27,9 |
5,4 |
16,3 |
1969 |
3,1 |
29,3 |
5,4 |
17,1 |
1970 |
4,5 |
34,9 |
8,3 |
16,4 |
Fuentes:
0deplán,1NE, Instituto de Economía de la U. de Chile,
en Bitar (1995:47) |
Se plantea así, de manera cada
vez más nítida, una disyuntiva polar; llevar decididamente
a cabo las transformaciones estructurales requeridas para sacar al proceso
de industrialización del empantanamiento en que se encuentra o
darlo por definitivamente cancelado, asumiendo como ilusorios los propósitos
que lo han guiado. El desencanto generado por los sucesivos fracasos anteriores
llevan a que tal disyuntiva deje de plantearse en términos exclusivamente
teóricos para pasar a asumir ya un carácter cada vez más
clara y directamente político, expresado en los esfuerzos de los
sectores sociales en pugna por tornar efectivamente viables esas opciones.
Si bien lo que en última instancia orienta y justifica la primera
de ellas es la aspiración de alcanzar como nación un desarrollo
económico autónomo, capaz de romper los lazos de dependencia
que han mantenido subordinada su economía a los requerimientos
e intereses de las potencias hegemónicas del capitalismo mundial,
en las condiciones de un país como Chile en el siglo XX esta aspiración
se halla en sintonía y se entrelaza muy directamente con el anhelo
de los sectores populares de terminar con el sistema de explotación
y opresión de que son víctimas.
LA CRISIS TERMINAL DEL MODELO ISI
La disyuntiva planteada por la crisis del modelo ISI se proyectó
claramente sobre el plano político con motivo de la elección
presidencial de 1970. Como lo atestiguan los programas y las propuestas
difundidas durante la campaña por las candidaturas de la Unidad
Popular y de la Democracia Cristiana, al menos dos tercios del electorado
se pronunció a favor de la prosecución y profundización
del proyecto nacional de desarrollo impulsado y liderado por la acción
del Estado. En consecuencia, el gobierno que se constituyó bajo
la presidencia de Salvador Allende fue una expresión del inmenso
anhelo de cambios en una dirección progresiva que se había
instalado en la sociedad chilena.
En ese entonces, a comienzo de los años setenta, la población
del país bordea ya los nueve millones de habitantes, de los cuales
las tres cuartas partes residen en centros o localidades urbanas. El alto
grado de urbanización alcanzado se refleja en la importancia que
han llegado a adquirir entonces como componentes del PGB el sector servicios,
cuyas actividades (comercio, administración pública, bancos,
rentas inmobiliarias y otras) generan el 44,1% del mismo, y la producción
industrial que registra una participación del 24,9%, comparado
todo ello con el valor de la producción agrícola que solo
representa el 9,3% del PGB.
En el diagnóstico de los economistas de izquierda, los principales
males que entonces afectaban a la economía chilena obedecían
a factores claramente identificables: los fuertes y onerosos lazos de
dependencia financiera, tecnológica y comercial que aprisionan
y subordinan al país, en particular ante la potencia hegemónica
del sistema capitalista mundial, el altísimo grado de monopolización
prevaleciente en prácticamente todos los sectores de actividad
económica, las anacrónicas relaciones sociales y el ostensible
atraso tecnológico que exhibe la mayor parte de la agricultura
y la pronunciada desigualdad en la distribución de la riqueza y
de los ingresos.
El costo que representaba para el país la actuación del
capital extranjero puede ilustrarse claramente con uno de los ejemplos
invocados por el propio Presidente Allende para justificar las deducciones
por "utilidades excesivas" aplicadas por su gobierno a las indemnizaciones
a que daba lugar la nacionalización de la gran minería del
cobre. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU (diciembre de
1972) sostuvo que, con una inversión inicial que no superó
los 30 millones de dólares, las compañías norteamericanas
se llevaron de Chile sólo en las cuatro décadas anteriores
a la nacionalización más de 4 mil millones de dólares.
Más aún, entre 1955 y 1970 la filial en Chile de la Kennecott
Copper Corporation obtuvo una utilidad anual promedio de 52,8% sobre la
inversión/llegando en algunos años a utilidades tan increíbles
como el 106% en 1967, el 113 % en 1968 y más del 205% en 1969"conllevando
ello un drenaje permanente de recursos desde Chile hacia EEUU.
Por otra parte, la alta concentración que se observa en todos los
sectores de la economía, dejando en muy pocas manos y en función
de sus propios intereses las decisiones claves, se ve claramente reflejada
en datos como los siguientes: en 1953 solo el 3% de los establecimientos
industriales controlaba el 51 % del valor agregado, el 44% de la ocupación
y el 58% del capital de todo el sector; en 1965 solo el 2% de los predios
(4.876 de un total de 232.955) tenía una superficie mayor a 80
hectáreas de riego básico, abarcando en conjunto el 55,4%
de la superficie agrícola; en 1970 el 60% de todas las exportaciones
chilenas (que en un 75% correspondían a las ventas del cobre) se
hallaba de hecho controlado por 3 compañías estadounidenses
(Bitar, 1995:29-30).
A su vez, es posible apreciar la muy desigual distribución del
ingreso imperante en base a los siguientes datos: en 1967 el 10% más
pobre de la población recibió el 1,5% del ingreso total,
mientrasel10% más rico obtuvo el 40,2%;en 1970 cerca de un 25%
de la población se encontraba en condiciones de pobreza extrema
y dos tercios de ellos vivían en áreas urbanas; en 1970
cerca del 7% de la población obtenía el equivalente a 4.290
dólares per cápita mientras que un 54% de la población
percibía solo el equivalente a 212 dólares per cápita
(Bitar, 1995:30-32).
En cada uno de estos aspectos lo que se tiene a la vista son solo los
síntomas de las contradicciones inherentes al desarrollo del capitalismo
periférico, fuertemente condicionado por las relaciones de poder
que articulan el sistema y los criterios de racionalidad que rigen su
funcionamiento. Para tornar medianamente viable un proyecto nacional de
desarrolló le hacía necesario entonces situarlo sobre un
horizonte que trascendiese tales condicionamientos que, a lo largo del
siglo XX, han terminado por estrangular prácticamente todos los
esfuerzos de desarrollo llevados a cabo en las regiones periféricas
del sistema (6).
De allí que el programa económico de la Unidad Popular contemplara
la nacionalización de todas las riquezas básicas (cobre,
hierro, carbón, salitre, etc.), de la banca y los seguros, de las
empresas monopólicas del sector manufacturero, de las grandes cadenas
de distribución mayorista, del comercio exterior, la profundización
de la reforma agraria y, en forma simultánea, el impulso decidido
de iniciativas dirigidas a lograr una redistribución progresiva
del ingreso. En el ámbito internacional, se proponía además
llevar a cabo una política de plena independencia, desligando al
país del claro alineamiento pronorteamericano mantenido hasta entonces
en el marco de la guerra fría y estableciendo relaciones diplomáticas
y comerciales con todos los países del mundo.
El objetivo central, explícitamente señalado, de estas medidas
es reemplazar la actual estructura económica, terminando con el
poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio,
para iniciar la construcción del socialismo"(Programa de la
UP) Las dos grandes líneas de acción definidas para ello,
es decir la nacionalización de los sectores claves de la economía
y las políticas de redistribución del ingreso, debían
conciliarse con objetivos de corto plazo como la reducción del
ritmo inflacionario, el aumento del empleo y la aceleración del
crecimiento. La posibilidad de lograrlo se basaba en el aprovechamiento
de una importante capacidad instalada ociosa, particularmente en el sector
industrial (alrededor de un 25%).
Una segunda consideración relevante en el marco de la política
económica que se intentaba aplicar era que la redistribución
y la socialización constituían dos aspectos llamados a reforzarse
mutuamente: las políticas de redistribución y expansión
del gasto público permitirían ampliar la base de apoyo político
al gobierno, algo muy necesario para vencer la resistencia de las clases
dominantes y llevar a cabo los cambios propuestos en la estructura de
propiedad; a su turno, la creación de un área de propiedad
social contribuiría a viabilizar y consolidar esa redistribución
del ingreso, permitiendo conjurar a tiempo los efectos potencialmente
desestabilizadores de las políticas expansivas asociadas a una
redistribución progresiva del ingreso.
Durante el primer año del gobierno de Allende, contando con un
mayoritario respaldo ciudadano, el proceso de reformas adquirió
un ritmo acelerado. Se dio inmediata prioridad a la nacionalización
de la gran minería del cobre la que, a través de una reforma
constitucional, fue finalmente aprobada en forma unánime por el
Parlamento en julio de 1971.Esta medida afectó muy sensiblemente
los intereses norteamericanos, no solo por implicar para ellos el fin
de un lucrativo negocio, sino también porque, como se ha dicho,
de los montos de indemnización calculados al valor libro de las
instalaciones, el gobierno decidió deducir lo que estimó
"utilidades excesivas" obtenidas por las compañías
extranjeras durante los años en que operaron en el sector, lo que
en definitiva significó que el Estado no tuviese que incurrir en
ninguna obligación por este concepto.
En el sector agrícola el proceso de reforma agraria adquiere un
renovado impulso, apoyado en una extensa ola de movilizaciones campesinas.
En el año 1971 se incorpora a este proceso una cantidad de predios
similar a la que había sido expropiada durante los seis años
del gobierno anterior, (7) con lo que esta
fase de la reforma agraria quedó prácticamente concluida.
Sólo restaba ahora regularizar desde un punto de vista jurídico
la tenencia de la tierra por parte de los campesinos y normalizar las
faenas agrícolas, severamente dislocadas por el ambiente de conflicto
prevaleciente en las zonas rurales.
En los demás sectores de la economía el proceso de cambios
al régimen de propiedad avanzó con igual rapidez, de modo
que al término del primer año de gobierno los objetivos
planteados se hallaban en su mayor parte ya consumados, siendo también
satisfactorios los resultados alcanzados en el desempeño de la
economía. En efecto, en 1971 el PIB registra un crecimiento de
9%,siendo este incremento de un 13,6% en el sector industrial. En el Gran
Santiago, la tasa de desocupación descendió de 8,3% en diciembre
de 1970 a 3,8% en diciembre de 1971. La inflación descendió
desde un 34,9% en 1970 a un 22% en 1971. La participación de los
asalariados en el ingreso geográfico pasó de 52,8% en 1970
a 61,7% en 1971.
Sin embargo, las medidas adoptadas se orientaban a democratizar muy profundamente
el sistema económico y suponían por tanto un desplazamiento
de las antiguas, ricas y poderosas clases dominantes. En consecuencia,
se trataba de algo que éstas no podían aceptar, dejando
planteado un conflicto irreductible sobre el terreno político.
Lo que se entabla entonces es una lucha abierta por la hegemonía,
es decir por el carácter de clase del poder político y sus
instituciones, que desplaza cualquier otra consideración y que
será preciso resolver primero para poder estar en condiciones reales
de encarar los problemas que se plantean en las demás esferas de
la vida social, incluida la economía.
En consecuencia, una vez que un proceso de cambios revolucionarios como
el anunciado ha sido puesto en marcha, sus posibilidades de éxito
dependen de la aplicación de una estrategia política que
se evidencie capaz de generar una correlación de fuerzas favorable,
vencer la resistencia de las viejas clases dominantes y desalojarlas de
las posiciones de poder que secularmente han detentado. El nexo existente
entre el ámbito de la economía y la política, usualmente
disimulado por múltiples mediaciones, se torna particularmente
claro y directo en las condiciones de una crisis profunda como esta, en
que lo que se juega es nada menos que la preservación o superación
del orden social existente.
Resulta por ello de escaso interés examinar exclusivamente desde
el punto de vista de la historia económica del país lo acontecido
en los dos últimos anos del gobierno de la UP, cuando una crisis
de esa envergadura se encuentra ya en pleno desarrollo. El desenlace de
la misma es de todos conocido.
EL RETORNO HACIA UN ESQUEMA DE ECONOMÍA
ABIERTA
El cruento golpe militar de 1973 terminó no solo con el Estado
de derecho y el sistema político existente hasta entonces en Chile,
sino también con la estrategia de desarrollo que se había
mantenido vigente en el país por más de cuarenta años.
Aun cuando las considere, una apreciación crítica, sintética
y comprensiva de la experiencia que se inicia a partir de entonces no
puede estar centrada en el examen de las políticas e instrumentos
aplicados, sino en aquello que a la postre resulta más trascendente
en una perspectiva de largo plazo: los cambios estructurales que ella
ha logrado operar en la economía chilena.
La transformación económica que se inicia en 1973, instalando
un esquema de funcionamiento cuyos lineamientos claves se prolongan hasta
hoy, ha sido llevada a cabo en nombre de la más completa libertad
de mercado, buscando exorcizar de manera perdurable la intervención
del Estado en la economía. Cabe advertir sin embargo que, a contrapelo
de ese discurso ideológico, el Estado no ha sido ni podía
ser en esta transformación un ente pasivo, distante o neutral,
sino precisamente el medio a través del cual el nuevo rumbo impreso
a la economía pudo ser implacablemente impuesto sobre la población.
Las políticas implementadas a partir de 1973 han buscado consumar
básicamente tres objetivos centrales, íntimamente relacionados,
que se configuran finalmente como los pilares fundamentales del nuevo
modelo de acumulación capitalista y sus resultados: a)
una radical liberalización de los mercados, sustentada en la eliminación
casi total de los controles y restricciones previamente existentes;
b) una también radical apertura al exterior, apoyada en
una rápida y sustantiva disminución de los aranceles y de
los controles cambiarios; c) una extensión
muy amplia de los ámbitos de actividad privada y el encogimiento
equivalente de la acción del Estado que traspasa a particulares
muchas de sus anteriores funciones. Examinaremos brevemente a continuación
cada uno de estos aspectos.
LA LIBERALIZACIÓN DE LOS MERCADOS
La liberalización de los mercados se impone como principio rector
de la nueva orientación en materia económica invocando como
justificación las distorsiones que la regulación de los
mismos por el Estado introduce en el sistema de precios, información
clave para que productores y consumidores puedan adoptar las decisiones
que les resulten más convenientes. Se arguye que el funcionamiento
libre de los mercados provee el mecanismo más adecuado para lograr
una eficiente asignación de los recursos productivos y, de ese
modo, alcanzar altas tasas de crecimiento.
En este plano, una de las primeras y principales medidas adoptadas fue
la eliminación de los subsidios y el establecimiento de una amplia
libertad de precios, incluyendo los de los bienes de primera necesidad.
Como era de prever, los alimentos se vieron especialmente afectados por
las alzas de precios que esta medida trajo inmediatamente consigo, por
lo que sus efectos redistributivos no pudieron resultar más claramente
regresivos. El alcance de estas medidas fue tan vasto que a comienzos
de 1980 sólo quedaban alrededor de 15 productos con precios controlados.
Sin embargo, y a pesar del altísimo costo social que esta medida
supuso, la situación a la que ella efectivamente condujo dista
mucho de ser la proclamada conformación de mercados efectivamente
libres, regulados tan sólo por los estándares que impone
la competencia. Por el contrario, la libertad de precios se conjuga con
el amplio proceso privatizador que le acompaña para abrir camino
a una rápida constitución de nuevos y más poderosos
conglomerados de carácter oligopólico.
A esto último contribuyeron también en forma clara y directa
numerosas otras iniciativas adoptadas por el equipo económico del
régimen militar, de modo que resulta completamente inverosímil
que no fuese precisamente ese el objetivo perseguido. (8)
La política de shock que se decide poner en aplicación en
1975 es un buen ejemplo de ello. Esa determinación arrastró
a la quiebra a numerosas empresas medianas y pequeñas que eran
potencial-mente viables, aún en un esquema de economía abierta,
a condición de que se les diese un plazo razonable para readecuarse.
El proceso liberalizador abarcó también al mercado de capitales,
lo que implicó la eliminación de la mayoría de las
regulaciones que afectaban al sistema financiero interno. Entre las medidas
destacadas que se adoptan en este plano cabe mencionar la liberalización
de la tasa de interés bancada (mediados de 1974), la reprivatización
de los bancos comerciales estatizados por el gobierno de la UP, la autorización
para el establecimiento de nuevos tipos de entidades financieras y para
la fusión de bancos comerciales.
Con estas medidas, a las que se añade la apertura del mercado financiero
al flujo de capitales externos lo que se busca es lograr una mayor movilidad
de los recursos financieros y una elevación de las tasas de ahorro
interno. No obstante, nuevamente lejos de redundar en un funcionamiento
más «libre» del mercado de capitales, ellas permiten
y favorecen su conformación y regulación oligopólica.
A ese mismo resultado apuntan los bajísimos precios a que fueron
reprivatizados los bancos comerciales que, por la situación recesiva
de ese momento, sólo resultaban accesibles a los grupos empresariales
más poderosos y con mejores conexiones externas.
Con respecto al mercado de trabajo la liberalización supone, una
«flexibilización» de la relación laboral que
pasa ahora a ser discrecionalmente definida por los empresarios: fuertes
rebajas de los salarios reales, amplias facilidades para concretar despidos,
ausencia de negociación colectiva, etc. Cabe destacar que en este
caso se mantiene vigente una fuerte intervención del Estado, pero
no con vistas a cautelar los derechos básicos de la parte más
débil, que son los trabajadores, sino exactamente con el propósito
contrario: impedirle a ésta que los haga valer.
LA APERTURA EXTERNA DEL ESPACIO ECONÓMICO NACIONAL
Si bien el nuevo régimen procede en primer término a la
liberalización de los mercados internos con el propósito
de sacar rápidamente a la economía de la situación
caótica que la afecta al momento del golpe, ella no quedará
restringida a este ámbito sino que se extenderá en forma
también acelerada al de las relaciones comerciales y financieras
con el exterior. Esto se expresará en una rápida y sustancial
rebaja de los aranceles y en una disminución y simplificación
también significativa de los controles cambiarios a objeto de tornar
más fluidos los movimientos de capitales.
Sin duda es aquí donde se manifiesta más claramente la voluntad
de los sectores hegemónicos de la clase dominante de transitar
hacia un reordenamiento radical de la estructura económica del
país puesto que la política de apertura al exterior priva
súbita y definitivamente al proceso de industrialización
anterior que aún no ha logrado consolidarse de su principal e indispensable
soporte. En otras palabras, le quita - para usar la conocida expresión
de Friedrich List - la "escalera" que necesita para alcanzar
sus objetivos.
De este modo, sobre la base de la extendida privatización de las
actividades productivas que, invocando el principio de "subsidiariedad
del Estado" pone aceleradamente en marcha el régimen militar,
la desregulación de los mercados internos y la apertura externa
van a colocar al conjunto de las actividades económicas del país
en un nuevo molde al que les resultará imperativo adaptarse con
suma rapidez para poder sobrevivir.
Esta política de apertura unilateral de la economía chilena
al exterior no se circunscribe al ámbito comercial y financiero,
sino que se extiende también al campo de las inversiones productivas.
EI régimen militar diseña y pone en aplicación para
ello una normativa legal, el Estatuto de la Inversión Extranjera
(Decreto Ley 600), otorgando a los inversionistas foráneos garantías
de trato preferencial, en ciertos aspectos más favorable aún
que el que reciben los propios inversionistas nacionales.
Todo ello patentiza la incompatibilidad del nuevo esquema económico
con las políticas de integración económica regional
puestas anteriormente en aplicación lo que va a implicar la pronta
salida de Chile del Pacto Andino. Los esfuerzos de integración
regional son dejados de lado, retomándose sólo casi dos
décadas más tarde en el marco de un nuevo esquema de acuerdos
que se articulan sobre la base de una ya extendida liberalizaron del comercio
internacional: el llamado «regionalismo abierto».
LA APERTURA DE NUEVOS CAMPOS DE ACCIÓN
AL CAPITAL
Junto con abrir y liberalizar los mercados, la acción del régimen
militar se empeñará también en extenderlos, llevando
y haciendo primar la lógica de la valorización del capital
sobre cualquier otro criterio de racionalidad económica a todos
los ámbitos de la sociedad, incluso aquellos que difícilmente
pueden conciliarse con el objetivo de maximizar las ganancias.
Como es sabido, el proceso privatizador que se pone entonces en marcha
no se limitará a aquellas empresas, particularmente del sector
financiero e industrial, que habían sido estatizadas o intervenidas
bajo el gobierno de Allende, sino que abarcará también a
la mayor parte de las empresas cuya existencia se debía a la iniciativa
y esfuerzo desplegado por el propio sector público, particularmente
en el ámbito de la energía, los transportes y las comunicaciones.
Desde luego, este decisivo traspaso de empresas públicas a manos
privadas se llevará a cabo en las condiciones de discrecionalidad
que impone la propia existencia del régimen militar (9).
La extensión de las relaciones capitalistas de producción
adquiere también un gran dinamismo en las zonas rurales, en las
que el régimen militar reorienta y pone fin al ciclo de transformaciones
estructurales iniciado allí con el proceso de la reforma agraria
y cuyo principal resultado es la definitiva superación del latifundio.
Las iniciativas de carácter asociativo surgidas de ese proceso
van a ser rápidamente eliminadas, procediéndose a devolver
una parte de las tierras expropiadas a sus antiguos propietarios y a reasignar
otra mediante un sistema de reparto individual o licitaciones. El posterior
funcionamiento de un mercado libre de tierras va a completar este proceso.
Lo novedoso, sin embargo, será el paso que el régimen militar
se decide a dar en 1979, cuando anuncia su propósito de impulsar
un vasto programa de reformas bautizado por él como las «siete
modernizaciones», orientado básicamente a extender la lógica
de las relaciones y motivaciones mercantiles a ámbitos aún
mayores. Dicho anuncio se orienta a sancionar una paulatina disolución
del principio de responsabilidad social antes prevaleciente y un creciente
desentendimiento del Estado de su obligación de cautelar la vigencia
de ciertos derechos sociales básicos de la población, llevando
el afán privatizador a aspectos tales como la previsión,
la salud, la educación y la vivienda.
A partir de entonces se actúa con decisión en el desincentivo
y progresivo desmantelamiento de las más diversas iniciativas de
carácter asociativo desarrolladas en el período histórico
precedente, abriendo paso a una creciente privatización de los
servicios y costos de la atención médica y la educación;
se impone la capitalización individual de los fondos provisionales,
cuya administración queda ahora en manos de entidades privadas
con fines de lucro; se reorganiza el sistema de educación superior,
atomizando su basamento institucional, obligando a las instituciones a
autofinanciar sus actividades y abriendo este campo a una descontrolada
irrupción de universidades privadas, etc.
Este proceso que, junto con abrir paso a una fuerte concentración
del poder económico, incide en una creciente dispersión
y atomización de la sociedad civil y que comporta además
ostensibles inequidades, conlleva también un fuerte desquiciamiento
de la moralidad pública: sinnúmero de privatizaciones fraudulentas,
tráfico de influencias, robo y corrupción generalizada,
despotismo e impunidad del régimen político y sus agentes,
trato privilegiado a las FFAA en materia salarial y previsional, enriquecimiento
ilícito a expensas del patrimonio público, exacerbada proliferación
del individualismo, la competencia y el consumismo, etc.
CAMBIOS EN EL PERFIL PRODUCTIVO DE LA ECONOMÍA
En términos globales, la implementación de tales políticas
ha operado una importante relocalización sectorial de los recursos
productivos. Ella se refleja particularmente en el significativo incremento
experimentado por la participación del comercio exterior en el
PIB, acompañada de la disminución no menos importante de
la producción orientada hacia el mercado interno. Este es, sin
duda, el aspecto más relevante de la transformación operada
en la estructura económica del país.
(10)
Como se esperaba, la participación porcentual del comercio exterior
en el PIB ha experimentado un fuerte incremento, pasando desde alrededor
de un 30% en 1970 a poco más de un 60% a fines de los años
noventa. El valor anual de las exportaciones es algo superior al de las
importaciones, permitiendo que la diferencia pueda ser destinada al servicio
de la deuda. Es importante observar, sin embargo, la composición
que exhiben las primeras. Estas corresponden en casi un 90% a productos
procedentes de sólo cuatro sectores básicos: minería,
pesca, silvicultura y fruticultura. Solo una parte menor de ellos es sometida
a algún grado significativo de procesamiento antes de ser exportada.
No obstante, en virtud de ello esta última es presentada en las
cifras oficiales como exportación de «productos industriales»,
lo que configura una imagen distorsionada del estado real de nuestra economía.
Lo cierto es que, aunque se ha ido incrementando en el curso de los últimos
años, la participación de las ramas más propiamente
manufactureras (metalmecánica, química, cuero y calzado,
textil, etc.) en el total de las exportaciones apenas se empina por encima
del 10% del total.
Por otra parte el crecimiento de las exportaciones es balanceado por una
expansión equivalente de las importaciones, las que en un elevado
porcentaje corresponden a bienes de consumo susceptibles de ser producidos
en el país o a artículos suntuarios perfectamente prescindibles.
Se genera así no sólo un alto costo de oportunidad en el
empleo de las divisas disponibles, sino también un significativo
proceso de sustitución de producción interna con el consecuente
incremento del desempleo estructural y de las actividades de subsistencia
que nutren la «economía informal».
La participación de la producción industrial en el PIB,
que en 1970 representó un 24,7% y que se elevó por encima
del 26% en 1972, experimentó una persistente caída durante
los años posteriores a 1973 hasta llegar a situarse en tomo al
17% a fines de los años 90. Sin embargo, por elocuentes que sean,
estas cifras no alcanzan a dar cabal cuenta de la magnitud de los cambios
operados en el sector puesto que los más importantes son de carácter
cualitativo. Como ya se indicó, las cifras oficiales computan como
«producción industrial» no sólo a las actividades
de transformación propiamente tales, sino también a las
de procesamiento de materias primas, las cuales han seguido de cerca a
la expansión de las actividades primarias orientadas a la exportación.
El desmantelamiento de los rubros más típicamente manufactureros
desarrollados bajo el amparo del anterior modelo económico ha sido
muy pronunciado. Muchas empresas antes dedicadas a la fabricación
de productos industriales destinados al mercado interno se han visto forzadas
a cerrar sus plantas para dedicarse exclusivamente a la importación
y distribución de los mismos artículos que antes producían
le desperdicia así no sólo un importante acervo de experiencia
y conocimientos, sino también una porción elevada de la
capacidad de trabajo, que se ve súbitamente desplazada por aquella
que viene cristalizada en los productos importados.
Si bien es efectivo que ciertas empresas han logrado sobrevivir a la fuerte
presión competitiva a que fueron sometidas, habiendo debido operar
para ello importantes procesos de reconversión y/o modernización
de sus sistemas productivos, es indudable que en términos globales
el precio pagado por el sector ha sido demasiado elevado en comparación
con los magros resultados alcanzados.
Durante el último cuarto del siglo XX también tuvo lugar
un significativo proceso de reestructuración y modernización
capitalista del agro no sólo chileno, sino latinoamericano, proceso
que ha sido impulsado por factores tales como: el rápido incremento
de la demanda mundial de productos agropecuarios; la considerable expansión
de la urbanización y por lo tanto de los mercados internos; las
políticas de fomento agrícola puestas en aplicación
por el Estado; el creciente accionar en este campo de las empresas transnacionales.
En el caso de Chile, la unilateral apertura de su economía y la
consiguiente competencia de productos importados han impuesto al sector
una reconversión productiva dictada por los cambios que se operan
en la rentabilidad relativa de sus diversos rubros. En este contexto,
los cultivos tradicionales orientados hacia el mercado interno van siendo
gradualmente desplazados por el gran dinamismo que exhiben los rubros
orientados preferentemente hacía los mercados externos: la fruticultura
y la silvicultura.
La expansión del primero ha sido muy significativa, llegando a
aumentar el valor de sus ventas al exterior en alrededor de dieciséis
veces entre mediados de los años setenta y mediados de los noventa,
siendo los principales productos que participan de este proceso la uva,
las manzanas, las peras y los kiwis. Sin embargo, la competitividad de
este rubro se ha sustentado en una amplia medida en el aprovechamiento
intensivo que hace de las principales «ventajas» que le proporciona
el actual modelo económico: el bajo costo de la fuerza de trabajo
y la externaIización de los costos ambientales.
En cuanto al segundo no hay que olvidar el importante rol desempeñado
por el Estado en el desarrollo de sus actividades, no sólo al privatizar
empresas a precios irrisorios, sino también al subsidiar el 75%
de los costos de plantación (DL 701) en los terrenos calificados
de aptitud preferentemente forestal. La superficie de las plantaciones,
que a mediados de los años setenta era de alrededor de 450 mil
ha, alcanza veinte años más tarde a cerca de 1.750 mil ha,
de las cuales casi un 80% corresponde a pino radiata y cerca de un 15%
a eucalipto. El crecimiento de las exportaciones forestales también
ha sido espectacular: de poco más de USD 130 millones en 1974 pasan
a alrededor de los USD 2.000 millones en 1995, año en que los embarques
de celulosa superan los USD 1.300 millones.(11)
En el ámbito empresarial la modernización capitalista del
sector se ha expresado en la emergencia de importantes complejos agroindustriales
(CAÍ) que se imponen a las actividades propiamente agrícolas
mediante la larga serie de «eslabonamientos» a que se halla
sometido el proceso productivo en ambas direcciones (Chonchol, 1994):a)
«hacia atrás» por el suministro de maquinaria e implementos,
fertilizantes químicos, pesticidas, biotecnologías y semillas,
además del necesario apoyo crediticio al sector; b) «hacia
adelante» por las industrias de transformación, los centros
de almacenamiento y depósito, los frigoríficos, los sistemas
de transporte, distribución y comercialización.
Por lo tanto, el sector agrícola no tiende a estructurarse ya en
función de relaciones de dominio territorial (el antiguo eje latifundio-minifundio)
sino de centros de poder que se hallan localizados fuera del ámbito
rural (el polo financiero-industrial-comercial). Sin involucrarse directamente
en las disímiles y complejas actividades productivas del agro,
el gran capital logra así un efectivo control de las mismas. Además,
junto a la empresa agrícola capitalista, en que laboran más
de 500 mil trabajadores (unos 100 mil permanentes y 400 mil temporales),
se halla la agricultura campesina, constituida por más de 200 mil
explotaciones familiares, en gran parte localizadas en áreas marginales
de baja productividad y dotadas de un equipamiento escaso y rudimentario.
La pesca ha conocido también una considerable expansión
en el curso de los últimos años, transformando a Chile uno
de los principales productores mundiales (junto a China, Perú y
Japón).La participación de esta actividad en las exportaciones
pasa desde poco más de un 2% en 1974 a más de un 12% a mediados
de los maños noventa. Aunque mantiene una posición de liderazgo
en la producción de harina de pescado (junto con Perú),
la producción del sector se ha diversificado crecientemente hacia
otros rubros de mayor valor. La industria reductora ha modernizado sus
plantas para incrementar la producción de harinas especiales que
permiten alcanzar rentabilidades más elevadas.
Sin embargo, al igual que los demás rubros exportadores del país,
el sector pesquero se evidencia muy vulnerable debido tanto a la tendencia
cíclica al derrumbe de los precios como a la alteración
periódica de los stocks a consecuencia de la sobreexplotación
de las especies marinas o a fenómenos de carácter natural.
En líneas gruesas, hoy es posible distinguir en él tres
subsectores: el industrial, el artesanal y el de la acuicultura que es
el que ha conocido últimamente un mayor dinamismo. El sector industrial,
que registra una captura de alrededor de 600 mil toneladas en 1973, llegó
a desembarcar alrededor de, 7 millones de toneladas en 1995.EI sector
artesanal produce alrededor del 10% de la captura total, del que sólo
una décima parte se destina al consumo humano, dirigiéndose
el resto hacia la industria reductora. La acuicultura es una actividad
relativamente reciente pero que ha conocido un crecimiento notable en
el curso de los años 90. En el año 2000 registra exportaciones
de salmón y trucha por más de USD 950 millones.
En el sector minero los cambios más significativos se han producido
a partir de 1986 y conciernen a la nueva presencia y expansión
de las ETN en la explotación de yacimientos de la gran minería
del cobre, la que durante los años noventa ha logrado quintuplicar
su producción. Antes de 1986 los esfuerzos encaminados abrir la
gran minería del cobre a la iniciativa del gran capital chocaron
con la tenaz resistencia opuesta por algunos sectores castrense la que
finalmente logra dejar su huella en el texto de la propia Constitución
de 1980.(12) Sin embargo, haciéndose
eco de las presiones ejercidas por el gran capital transnacional, el régimen
militar dispondrá posteriormente la elaboración de una nueva
legislación minera que acoge y da plena satisfacción a las
expectativas de los inversionistas privados.(13)
Despejados esos obstáculos y dadas sus elevadas perspectivas de
rentabilidad, la exuberante riqueza mineral chilena se tornará
irresistible, para el gran capital transnacional que comienza a concretar
importantes proyectos de inversión, principalmente en el sector
cuprero. Así, la producción de las empresas privadas, que
en 1990 era de sólo 251 mil TM de cobre fino, alcanzará
ya en el año 2000 una cifra superior a las 3 millones de TM (COCHILCO).
Las exportaciones chilenas de cobre representaban en 1985 un 26,5% de
las exportaciones mundiales, elevándose esta participación
a más del 42% en el año 2000.Sin embargo, en el mismo período
la participación de CODELCO cae desde un 21% a alrededor de un
14%, mientras que la de la producción chilena privada se elevará
de menos del 5% a un 28%. Hay que considerar además que la participación
de algunas empresas privadas en el mercado mundial del cobre no se limita
a su producción en Chile ya que también poseen yacimientos
en otros países, lo que refuerza su posición competitiva
frente a CODELCO.
Otro aspecto importante en este ámbito es que se incrementa la
participación de concentrados de cobre en las exportaciones lo
que revierte la anterior tendencia a incorporarles mayor valor agregado:
en 1990 Chile exportó bajo la forma de concentrados 241 mil TM
de cobre fino, equivalentes a un 15% del total; en 1995 esa cifra se eleva
ya a 800 mil TM, lo que representa ya un tercio del total, y a un millón
780 mil TM en el año 2000 representando esa cifra un 40% del total.
Un interés preferente fue asignado al sector financiero con el
objetivo de crear un mercado de capitales capaz de acompañar los
procesos de privatización, concentración y centralización
en curso. Con tal finalidad se dictaron nuevas normas legales para regular
la actividad de los bancos, se autorizó la creación de instituciones
financieras y las fusiones bancarias, se decretó la apertura de
la cuenta de capitales, se creó un instrumento financiero indexado
(la UF), se estimuló el desarrollo del mercado de valores, se crearon
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y se establecieron numerosos
incentivos tribuíanos para fomentar el ahorro y la inversión.
En el actual esquema económico este sector se proyecta, ciertamente,
como un decisivo instrumento de poder: dado que las posibilidades de una
expansión productiva son inciertas y limitadas, sobre todo en una
economía pequeña como la chilena, más que la posesión
de los activos físicos lo que cobra particular importancia es el
posicionamiento que se logra alcanzar en aquellas actividades que permiten
ejercer un control estratégico de los procesos de generación
de riqueza. En este sentido el sector financiero aparece como el eslabón
clave de la cadena que vincula al conjunto de las actividades que se despliegan
en el espacio económico nacional.
Hay que decir que el desarrollo de este sector, que es expresión
del modo como se avanza hacia un alto grado de concentración y
centralización de capitales, ha representado un altísimo
costo para el país, siendo el terremoto financiero de comienzos
de los años ochenta el episodio más oneroso de todos. La
realidad del sector bancario y financiero es que, más allá
de la variada gama de instituciones e instrumentos que lo conforman y
de los cuantiosos fondos con que opera, en la actualidad se halla altamente
monopolizado por un reducido número de grandes grupos económicos,
tanto nacionales como extranjeros.
Por último, los servicios básicos han sido también
fuertemente afectados por la política de privatizaciones y por
los efectos de la transnacionalización en curso. Las compañías
generadoras y distribuidoras de energía eléctrica así
como las compañías de teléfonos y comunicaciones
se encuentran hoy en manos privadas. Otro tanto ocurre con los medios
de transporte aéreo, marítimo y terrestre, excepción
hecha de los ferrocarriles, cuyo grado de abandono no hace más
que preparar el terreno de una próxima privatización, y
del tren metropolitano, que a despecho de las profecías neoliberales
opera eficientemente.
CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Y LA RIQUEZA
Conjuntamente con los cambios en el perfil productivo de la economía,
las políticas aplicadas a partir de 1973 han conducido a una concentración
muy significativa de la riqueza, expresada claramente en las pronunciadas
y asentadas desigualdades que se observan hoy en la distribución
del ingreso. Ello se refleja en las polarizadas condiciones de vida prevalecientes
en el país. Chile es hoy uno de los países del planeta en
que impera una mayor desigualdad en la distribución del ingreso.
Según datos oficiales, en el año 2000 el decil más
pobre de la población percibe solo el 1,1% del ingreso total, en
tanto que el decil más rico obtiene un 42,3%. (CASEN 2000).
Desde luego, esto no es algo casual. El resultado inmediato de las medidas
de estabilización aplicadas desde su inicio por el régimen
militar (las rebajas arancelarias y la libertad de precios, junto con
el total desconocimiento de los derechos laborales) fue un notable encarecimiento
del «costo de la vida». Los precios de gran parte de los bienes
y servicios alcanzaron rápidamente niveles similares a los prevalecientes
en el mercado mundial, al tiempo que los salarios conocían un profundo
deterioro en términos reales.
En esa misma dirección, claramente regresiva, se alinea el uso
que se hace de otros instrumentos de efectos potencialmente redistributivos
como por el ejemplo el sistema tributario. Este fue completamente reorganizado
a comienzos del régimen militar para satisfacer las expectativas
de los sectores empresariales, contribuyendo muy significativamente al
objetivo trazado por los apologistas del modelo de convertir a Chile en
un verdadero «paraíso de los inversionistas».(14)
Visto desde un punto de vista exclusivamente económico, la concentración
de la riqueza ha dado como resultado la aparición de un reducido
número de grandes «grupos» o conglomerados empresariales
que incursionan en sectores muy diversos de la economía del país
y van alcanzando progresivamente un control monopólico u oligopólico
de sus actividades más importantes.
Al mismo tiempo, la injerencia del capital transnacional en la economía
chilena alcanza niveles muy elevados. En efecto, la presencia directa
del capital extranjero ha conocido una notable expansión durante
este período, especialmente a partir de la segunda mitad de los
años 80, en que pasa a ocupar una parte del espacio dejado por
la quiebra de los primeros «grupos» durante la crisis de 1982,llegando
a asumir posiciones claves en las estructuras productivas y financieras
del país.
Esta crisis le imprimirá un fuerte impulso al proceso de centralización
del capital, el cual se materializa por diversas vías: a)
la reorganización del sistema financiero desencadenada con la intervención
de la banca en enero de 1983; b) el traspaso
de la propiedad de las grandes empresas, bancos y AFP que pertenecían
a los grupos económicos quebrados; c) la
privatización de empresas públicas en base a un programa
aprobado por el BM y el FMI; d) la conversión
de la deuda externa en base a los capítulos XVIII y XIX del Compendio
de Normas de Cambios Internacionales. Lo último contribuirá
a acelerar la extranjerización de la economía chilena ya
que las operaciones de conversión de deuda externa superan en 1990
los USD 9 mil millones (Marín, 1991). (1S)
Por otra parte, este proceso de centralización da impulso a una
importante reestructuración del capitalismo chileno caracterizada
por: a) la adopción de nuevas formas
de organización y estrategias de desarrollo por parte de los grandes
grupos económicos que suponen una redefinición tanto de
los vínculos existentes entre las esferas financiera y productiva
como de la interrelación entre los mercados internos y externos;
b) el aumento de la tasa de explotación
e intensificación del trabajo, expresado en parte en el desarrollo
de una nueva forma de interrelación entre las grandes empresas
por una parte y las medianas y pequeñas por otra, anudada principalmente
a través del sistema de subcontratación.
PROBLEMAS y DESAFÍOS QUE SE DERIVAN DE
ESTAS EXPERIENCIAS
Como hemos visto, a lo largo del siglo XX Chile ha conocido dos estrategias
de desarrollo capitalista claramente diferenciadas: durante el primer
y último cuarto de esta centuria las perspectivas de expansión
de su economía han estado basadas en una dinámica productiva
y comercial primario-exportadora; durante el segundo y tercer cuarto se
esforzó en cambio por levantar una economía industrial inicialmente
centrada en la sustitución de las manufacturas importadas. En el
marco de la primera, la actividad económica responde enteramente
a la dinámica que le imprime la demanda externa. En el de la segunda,
se intenta vincularla a la expansión y diversificación de
la demanda interna, aun cuando los condicionamientos externos, y por tanto
su vulnerabilidad ante ellos, continúan siendo extremadamente altos.
Si bien ambas orientaciones constituyen solo variantes de un capitalismo
periférico, sometidos por tanto a similares criterios de racionalidad
económica, en uno y otro caso los efectos sociales y políticos
son también distintos. Desde un punto de vista estrictamente económico,
la primera es compatible con un alto grado de exclusión social
puesto que los trabajadores solo cuentan como productores, no como consumidores.
De allí que se busque restringir severamente la participación
popular en la toma de decisiones. La segunda en cambio, por su propia
naturaleza, junto con crear las condiciones materiales que lo hacen posible,
necesita apuntar hacia crecientes niveles de participación de los
trabajadores en la demanda.16 Por ello, representa un molde en que éstos
pueden tener, en principio, mayores posibilidades de acceder a los procesos
de toma de decisión.
Sin embargo, el problema principal es que, en uno y otro caso, todo esfuerzo
de desarrollo se ve enfrentado a límites que en el marco del capitalismo
no parecen ser superables y que consolidan la posición dependiente
de las economías periféricas, sea cual sea el eufemismo
que se utilice para denominarlas ("subdesarrolladas" "en
vías de desarrollo""en desarrollo" o "emergentes").
Dichos límites derivan de la manifiesta y onerosa subordinación
de las economías periféricas a los centros metropolitanos
en ámbitos tan estratégicamente claves como los de las finanzas
y la tecnología, lo cual se traduce en una menor productividad
y competividad en los sectores productivos más dinámicos.
Las opciones de desarrollo que esta situación deja a las naciones
periféricas no son muchas. De allí que en el ámbito
del comercio internacional no tengan más alternativa que limitarse
a identificar e intentar explotar ciertos "nichos de mercado"
en los que sus actividades productivas pueden contar con "ventajas
comparativas"(en rigor, absolutas) en el marco de la existente división
internacional del trabajo. E incluso en ese escenario, en que los países
pobres se ven normalmente afectados por un constante deterioro de los
términos del intercambio, en el marco de una economía capitalista
se suele plantear como necesario al propio proceso de valorización
del capital el recurso a la precarización laboral y ambiental,
vale decir a la superexplotación del trabajo y la depredación
del medio ambiente, como principales factores de competitividad.
En última instancia, los problemas examinados llevan a considerar
por tanto la lógica que subyace no solo al modelo neoliberal, que
solo constituye su expresión más descarnada, sino al propio
sistema económico-social vigente y que explica sus resultados,
así como los criterios que pueden servir de base a una eventual
alternativa para superarlo. La controversia de fondo en torno a los criterios
de racionalidad económica, que tanto la implantación del
modelo de "economía de mercado" como su crítica
traen a colación, ha estado de hecho permanentemente planteada
en el curso de los últimos veinticinco años en Chile, aun
cuando ella, por razones obvias, no logre alcanzar mayor visibilidad.
La cuestión que se discute entonces, concerniente a los más
convenientes mecanismos de asignación de los recursos productivos,
no es nueva. Ella recorre prácticamente toda la historia de las
ideas económicas, cobrando su expresión más decantada
en la disyuntiva polar entre mercado y planificación. Si bien,
en rigor, ambos términos no son excluyentes, lo esencial es la
primacía que adquiere uno u otro en la realidad económica
como criterio orientador de las decisiones de inversión. Pero se
trata de un problema que exige ser abordado no sólo de acuerdo
a los criterios de eficiencia y eficacia contable y del repertorio de
instrumentos de control ex-ante o ex-post disponible para tales efectos.
Tanto por sus impactos sociales como por sus implicancias de largo plazo,
este problema excede ampliamente el ámbito del análisis
puramente cuantitativo.
En consecuencia, lo que toda consideración crítica de la
evolución de la economía chilena en el siglo XX pone en
juego es la necesidad de un examen más amplio y profundo de los
criterios de racionalidad económica que rigen o pueden regir las
decisiones claves en el campo del desarrollo económico y social.
Si se considera que por definición las inversiones deben ser «rentables»,en
una primera aproximación al problema cabe consignar al menos la
existencia de dos tipos de «rentabilidad» susceptibles de
plasmarse en resultados muy diferentes: a)
la privada, cuya finalidad es la valorización del capital y su
indicador clave la tasa de beneficios; b)
la social, cuya finalidad es la valorización de las personas y
sus indicadores claves los grados de equidad, seguridad y bienestar material
y espiritual de la población.
En el primer caso lo que interesa es la rentabilidad financiera de las
inversiones individualmente consideradas, lo que dependerá a su
vez de la rentabilidad financiera de las operaciones (o transacciones)
a que ellas darán origen. Es ello lo que permite juzgar el grado
de pertinencia de las decisiones que se adoptan. Sin embargo, la falta
de equivalencia entre el interés social e individual puede llegar
a ser, como sabemos, muy pronunciada, hasta el punto de significar la
búsqueda de beneficios individuales directamente a expensas de
la salud y bienestar de la población o de una parte de ella. Incluso
la sola consideración del interés social nos enfrenta constantemente
a este tipo de problemas.
Por ejemplo, ante la crítica situación que suelen enfrentar
los pequeños agricultores, ¿qué resultaría
más «rentable» desde un punto de vista social: importar
alimentos más baratos que los producidos internamente y cargar
luego con los innumerables problemas generados por el inevitable éxodo
rural a las ciudades o apoyar con recursos públicos a la agricultura
campesina para que ella pueda salir adelante? Este tipo de dilemas se
nos plantea hoy con suma frecuencia ante la realidad económica
y social que prevalece en nuestro continente.
En la opción que se asuma habría que tener muy seriamente
presente el gran costo económico y social que representa la actual
proliferación de un sinnúmero de actividades informales,
sumamente precarias e improductivas (vendedores ambulantes de helados
o confites, cantantes callejeros, cortadores de boletos “sapos"
de la locomoción, cuidadores de autos, etc.) y de otras múltiples
estrategias aún más extremas de sobrevivencia (delincuencia,
prostitución, mendicidad, etc.), como consecuencia social directa
de las políticas neoliberales puestas en aplicación.
La alternativa a esas políticas es, obviamente, desplazar el centro
de gravedad de las decisiones de inversión desde el ámbito
del mercado al de la planificación global de la economía,
lo que supone transitar en una dirección diametralmente opuesta
a la que se sigue actualmente. Pero el problema que subsiste es el de
las perspectivas de éxito que esta alternativa ofrece, dada la
disociación cada vez más pronunciada que se constata entre
los intereses del capital por una parte y las aspiraciones de bienestar
y progreso social por la otra, que necesitan y buscan ser expresadas y
sintetizadas como proyectos de desarrollo.
El fracaso del modelo ISI ha puesto claramente de relieve los límites
del capitalismo periférico. Por tanto, la disyuntiva que se abre
ahora es la de preservar el capitalismo y aceptar la inviabilidad del
desarrollo para la periferia, o perseverar en ese objetivo, asumiendo
que para ello es preciso superar los estrechos límites que a esas
posibilidades de desarrollo le impone el funcionamiento del modo de producción
capitalista en la periferia.
El alto grado de desarrollo ya alcanzado por el proceso de mundialización
de la economía, plantea, sin embargo nuevos problemas. Evidencia
lo ilusorio que resulta el plantearse hoy como objetivo el desarrollo
autónomo de un espacio económico nacional cualquiera. En
ese sentido cobra plena vigencia la sentencia de Celso Furtado: ¡el
desarrollo es un mito! Pero de aquí pueden derivar conclusiones,
y por lo tanto opciones, diametralmente opuestas. Una de ellas sería
considerar que, siendo ya inamovibles las fronteras que traza la división
internacional del trabajo la única chance es pugnar por convertirse
en una periferia altamente productiva y estrechamente integrada a los
mercados de las economías centrales, pagando para ello el precio
exigido de una apertura total. Esa es la opción que orienta las
políticas económicas en el Chile actual.
Pero esa opción pasa por alto el carácter de clase, dinámicas
de desarrollo y consecuencias previsibles del actual proceso de mundialización.
La contradicción histórica, consustancial a toda sociedad
de clase pero exacerbada hasta su grado máximo por el dominio alcanzado
por el gran capital transnacional, entre el carácter inherentemente
social de la producción y el carácter individual de la apropiación,
está llegando hoy a su fase culmine a escala planetaria. El resultado
de esto comienza a dibujarse ya de un modo cada vez más nítido
ante nuestros ojos: a) por una parte un foso
cada vez más profundo se abre hoy entre sólo dos mundos:
el de quienes aún pueden cobijarse bajo el alero de los «ganadores»
y el ampliamente mayoritario de los «perdedores»;
b) por otra, una competencia exacerbada entre los «ganadores»
por mantenerse en calidad de tales y que por ello lleva en su seno los
gérmenes de conflictos de magnitud y consecuencias insospechadas;
c) por último, y como parte indisoluble
de esa loca carrera hacia el «éxito», la creciente
transformación de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas
guiadas por un incontrolable impulso depredador.
En ese cuadro no resulta en modo alguno indiferente el que al interior
de los espacios económicos nacionales los márgenes de autonomía
disponibles puedan ser mayores o menores. Más aún, esa diferencia
puede resultar vital no sólo para las condiciones de vida presente
de las grandes mayorías sino también para las perspectivas
de sobrevivencia de la humanidad, las cuales se juegan en la posibilidad
de revertir las tendencias autodestructivas actualmente en curso y superar
la crisis civilizatoria que vivimos. En eso consiste, precisamente, el
gran desafío que encaramos: ser capaces de abrir camino a una "economía
de la solidaridad "fundada en el respeto al ser humano y a la naturaleza,
aún en el difícil escenario que la mudialización
capitalista plantea al logro de este objetivo. Ello exige combinar el
propósito de avanzar en esta dirección con una disposición
a encarar con pragmatismo los problemas.
En consecuencia, el desafío consiste en revertir el curso individualista
y socialmente desintegrador que el capitalismo tardío le ha impreso
hoy a la actividad económica, trazando un nuevo rayado de cancha
que cautele efectivamente el interés de la sociedad, expresado
en un conjunto de valores y objetivos fundamentales. Ello supone modificar
sustancialmente el curso de la política económica:
a) regulando los vínculos con el exterior
para conjugar el desarrollo de las capacidades exportadoras del país
con el pleno empleo y desarrollo de su capacidad de trabajo.
b) regulando los mercados de modo que a través
de ellos se puedan satisfacer las necesidades sociales básicas
haciendo a la vez un uso eficiente de los recursos productivos.
c) haciendo que el Estado vuelva a asumir
su responsabilidad social tanto como proveedor de servicios básicos
(educación, salud, previsión y vivienda) como en la planificación
democrática de nuestro desarrollo económico.
No se trata por tanto de sofocar sino más bien de encauzar el interese
iniciativa individual de modo que pueda desarrollarse en clara armonía
con el interés de la comunidad. Pero ese es también el límite
de su legitimidad. Ello supone avanzar hacia un sistema económico
sustentado en un régimen de propiedad mixto, que combine la propiedad
y gestión social sobre los recursos y actividades productivas estratégicas
con la propiedad y gestión privada, individual y colectiva, sobre
el resto de las actividades económicas.
Tampoco se trata de confinar la actividad económica del país
aun a situación de virtual enclaustramiento, sino de desarrollar
las vinculaciones externas en clara correspondencia con el interés
de la nación. Implica avanzar, por tanto, hacia una economía
que al mismo tiempo que cautela la dignidad del trabajador, recompensando
equitativamente su esfuerzo, y desarrolla una relación amigable
con el medioambiente, necesita esforzarse también por ser competitiva
en sus vínculos con el exterior, al menos mientras persista un
orden económico mundial como el actualmente imperante.
El principal desafío consiste entonces en lograr que los criterios
de racionalidad económica existentes puedan ser efectivamente conjugados
de un modo distinto, encuadrando las consideraciones costo-beneficio formuladas
a nivel microeconómico en un marco de opciones que sea plenamente
compatible con las consideraciones costo-efectividad que se estimen pertinentes
a nivel macrosocial. Como tantas veces se ha dicho, no es el ser humano
el que debe estar al servicio de la economía sino ésta la
que debe servir al ser humano para dignificar su vida y ayudarle a alcanzar
su más plena realización.
CONCLUSIONES
Cabría, a modo de resumen, exponer en forma de tesis las principales
conclusiones:
1. La economía de Chile entró
y salió del siglo XX como parte de la periferia del sistema capitalista
mundial y, a pesar de los importantes logros que el proceso de modernización
experimentado ha llevado aparejado en todos los planos, es altamente improbable
que pueda alguna vez lograr modificar su estatus en el marco de ese sistema
cuyas tendencias de desarrollo no hacen más que reforzar constantemente
las líneas de la división internacional del trabajo existente
entre sus áreas centrales y periféricas.
2. Esa convicción, fuertemente arraigada
en las clases dominantes, sirve de base al rumbo tomado por la economía
chilena a partir del último cuarto del siglo XX. El objetivo estratégico
que orienta ahora las políticas económicas no es el del
desarrollo autónomo sino el de lograr y consolidar, en el marco
de la economía capitalista mundial, el estatus de periferia desarrollada
principalmente sobre la base de actividades primarias y de servicios altamente
productivos y demandados por los centros industriales y financieros.
3. Sin embargo, más allá de
la vulnerabilidad inherente a dicha estrategia, el nuevo siglo que se
inicia nos enfrenta al problema mayor de que las contradicciones del propio
escenario en el que se intenta tal inserción, lejos de sustentar
una perspectiva promisoria para las condiciones de vida a que legítimamente
aspiran todos los habitantes del planeta, están arrastrando a la
humanidad en su conjunto a una muy profunda crisis civilizatoria, que
incluso pone cada vez más en cuestión la propia supervivencia
del género humano.
4. Se requiere, entonces, de un nuevo proyecto
de sociedad, de un Nuevo Orden Económico y Político Internacional
que, apoyado en formas de organización y acción fundadas
en criterios de racionalidad claramente diferentes a los actuales, sustituyendo
al afán de lucro y la competencia despiadada en torno a ese objetivo
por un esfuerzo mancomunado, dirigido a brindar efectiva satisfacción
a las necesidades humanas en base a relaciones de solidaridad y justicia,
permita asegurar una vida digna, confortable y segura para todos.
5. La posibilidad de ofrecer una resistencia
efectiva a las tendencias autodestructivas actualmente en curso pasa por
recomponer las diversas formas de conciencia y voluntad colectiva, susceptibles
de plasmarse en organización y movilización social y política,
buscando trascender los particularismos hasta remontarse por sobre las
fronteras para tender a la constitución de acciones concertadas
entre naciones que viven y sufren hoy similares problemas de exclusión,
explotación y pobreza.
6. El gran objetivo hacia el cual ha de apuntar
la acción política es el de hacer socialmente gobernable
la economía, es decir democratizarla, de modo tal que ella pueda
ser clara y efectivamente encauzada hacia el logro y realización
del bien común. Ello significa que, al contrario de lo que se suele
reclamarse desde las actuales microesferas del poder, es necesario politizar
las decisiones económicas, poniendo las consideraciones técnicas
al servicio de fines y objetivos sociales explícitamente reconocidos.
(1) Para
utilizar la expresión con que Encina se refirió a ella en
su conocido ensayo de 1911.
(2) Otra
estimación realizada recientemente en base a pesos de 1995 (Braun
et.al., 2000) arroja resultados bastante parecidos.
(3) Junto
a México, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Utilizando como
fuente el libro de Ricardo Lagos La industria en Chile: antecedentes estructurales,
Instituto de Economía, Universidad de Chile, 1966, sostiene que
la industrialización chilena se inicia en el último cuarto
del siglo XlX. Sin embargo, en rigor este proceso es más antiguo
ya que comienza algunas décadas antes, a mediados del siglo XIX.
(4) Principalmente
el cobre, la plata, el trigo y la harina.
(5)
De las numerosas masacres con que
la clase dominante responderá a las demandas de los trabajadores
a lo largo y ancho del país, sobresale por su envergadura y la
absoluta falta de escrúpulos de sus autores la que en diciembre
de 1907 tiene lugar en la Escuela Santa María de Iquique donde
fuerzas del ejército y la marina disparan sobre una multitud de
hombres, mujeres y niños dejando un saldo de más de dos
mil personas muertas.
(6)
Con las reservas del caso, la única
excepción de importancia que podría invocarse es quizás
la de Corea, Fue por ese solo hecho amerita un estudio en profundidad.
(7) Según
datos de la CORA, ese año se expropiaron un total de 1.379 predios,
en tanto que durante todo el gobierno de Frei esa cifra llegó a
1.408 (Bitar, 1995:87).
(8) Hernán
Büchi (1992:23), ex ministro de hacienda de Pinochet, lo reconoce
por lo demás en forma explícita:«... lo que hay que
tener en cuenta es que se está en un proceso en el cual el Estado
es tremendamente fuerte y considerar que al privatizar se está
creando un sector privado ... En nuestro país existía la
convicción de que había un sector privado que podía
comprar, pero la verdad es que también se requería crearlo
...a través de políticas tributarias, a través de
la reforma de pensiones, capitalismo popular, capitalismo laboral, etc....
Para poder crear este espacio al sector privado el fisco redujo su tamaño
de gasto fiscal del 30% del producto al 20% entre los años 1984-89,
lo que dio un acomodo a la reforma previsional de dos puntos, dio acomodo
a una reforma tributaria también de dos puntos; en consecuencia,
cuatro puntos de capitalización para el sector privado. Las empresas
que se privatizaron significaron más o menos un 10% del producto».
(9) Según
la información oficial proporcionada por las autoridades de la
CORFO de aquellos años, entre 1973 y 1978 se devolvieron a sus
dueños 350 empresas requisadas o intervenidas durante el gobierno
de la ÍIP. A ello hay que añadirla venta realizada por parte
de la CORFO entre 1975 y 1982 de derechos o acciones en 135 sociedades
(en 91 de ellas, mayoritarios), la transferencia al sector privado de
su participación en 16 Bancos Comerciales, la venta de más
de 600 plantas agroindustriales, bienes y pertenencias mineras y más
de 3.000 operaciones de venta de bienes muebles. Posteriormente, durante
el período 19S5-19S9 se privatizaron total o parcialmente 32 grandes
empresas de propiedad de la CORFO. Un estudio posterior confirmó
la existencia de numerosas irregularidades en estas operaciones las que
implicaron para el Estado una pérdida patrimonial superior a los
200 millones de dólares en cifras actualizadas a diciembre de 1989,
sin considerar las deudas pendientes que ascienden a más de 1.700
millones de dólares (Abeliuk, 1992:124-126).
(10) Hay que
señalar, sin embargo, que este cambio lleva asociado un fenómeno
muy significativo al que la información oficial apenas presta atención:
la explosiva expansión de las actividades informales, expresivas
de un masivo desempleo encubierto de la fuerza de trabajo. Es posible
adivinar la magnitud aproximada de este fenómeno considerando las
variaciones registradas en las cifras porcentuales del empleo sectorial
y teniendo presente al mismo tiempo la fuerte concentración experimentada
por las actividades más dinámicas que hacen parte de estos
mismos sectores. Lo más llamativo de tales cifras es que, junto
al notorio declive de la actividad industrial, permiten constatar también
el importante aumento experimentado por actividades como el comercio y
los servicios. Como es obvio, este fenómeno no guarda relación,
como en los países del centro, con un mejoramiento de la calidad
de vida de la población sino, por el contrario, con la proliferación
de estrategias de sobrevivencia por parte de aquellos que se ven excluidos
de los sectores más modernos y dinámicos de la economía.
(11) Hay que
destacar que gracias a sus bajos costos de producción, las empresas
de celulosa que operan en Chile se cuentan entre las más competitivas
del mundo. Existe además un alto grado de concentración
en el sector puesto que una sola empresa responde por más de la
cuarta parte de las exportaciones y las cuatro mayores suman el 50%: Celulosa
Arauco y Constitución (26,23), Celulosa del Pacífico (10,46),
Forestal e Industrial Santa Fe (7,12) y la Cía. Manufacturera de
Papeles y Cartones (5,51). Un examen más pormenorizado de la situación
del sector en Quiroga y VanHauwermeiren (1996:61-75).
(12) El ex
Director de «El Mercurio» Arturo Fontaine (1988:125-128) ofrece
un sugestivo relato de las disputas generadas al interior del régimen
militar en torno a este punto.
(13) Un examen
pormenorizado de este punto en el primer capítulo del estudio sobre
el desarrollo minero de Agatino, González y Rojas (1998:31-48).
(14) El argumento
esgrimido por Hernán Büchi (1992) en el sentido de que el
sistema tributario está concebido para desincentivar el consumo
e incentivar el ahorro (identificando ahorro con ahorro privado) es falaz
por dos razones:1) porque más allá de cierto
límite las familias de altos ingresos no pueden incrementar su
consumo y se hallan por tanto obligadas a ahorrar e invertir, sean los
«estímulos» tributarios grandes o pequeños;2)
porque un incremento de la recaudación tributaria del Fisco no
equivale necesariamente a un incremento del consumo ya que el Estado también
puede canalizar esos mayores recursos hacia la inversión.
(15) Cabe recordar
que a partir de 1985 el Banco Mundial se suma al FMI para poner en marcha
en toda América Latina las llamadas políticas de «ajuste
estructural» que implican un fuerte impulso a las privatizaciones
y a las operaciones de conversión de la deuda externa, todo lo
cual contribuye muy significativamente a acrecentar la presencia y poder
del capital extranjero en la región.
(16) Salvo
que el desarrollo de la industrialización haya ido ya lo suficientemente
lejos como para estar en condiciones de sustituir exportaciones y competir
en el mercado externo, situación en la que aquél podría
independizarse de su sujeción al mercado interno y revertirse en
contra de sus propios trabajadores.
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